Senadores de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que deje de proteger a los grandes empresarios y les cobre los impuestos que les corresponden y ahora evaden mediante maniobras y regímenes especiales, ya que con ello se podría cubrir el “boquete fiscal” en 2010.
Pablo Gómez (PRD) advirtió que ya es hora de que todos, sin excepción, paguen impuestos; Graco Ramírez (PRD) dijo que se debe sanear el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que desde ahí se posibilita la exención fiscal y la evasión de los grandes contribuyentes, mientras que Ricardo Monreal (PT) advirtió que el problema es que Felipe Calderón no puede pelearse con los empresarios que lo llevaron a la Presidencia de la República y por ello les permite continuar con sus privilegios fiscales.
Igualmente, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, consideró que el gobierno panista debe pensar más en las mayorías empobrecidas del país y obligar a “los grandes intereses económicos a que contribuyan a resolver el grave problema financiero, con sólo cumplir con la obligación de pagar al fisco los impuestos que les corresponden”.
Sin embargo, dijo, el gobierno federal prefiere crear más gravámenes al consumo, que repercuten en las clases medias y en los mexicanos pobres.
Pablo Gómez comentó que ayer mismo Calderón justificó el impuesto generalizado de 2 por ciento, con el argumento de que se requiere para comprar vacunas y un día antes argumentó que servirá para dar mayor apoyo a los pobres y “mañana quién sabe qué inventará”. Aconsejó al Ejecutivo que mejor opte por lo más sencillo y lógico: cobrar impuestos a los empresarios y sobre las ganancias de la bolsa.
Sobre este punto reveló que presentará una iniciativa en este periodo de sesiones, para acabar con el “paraíso fiscal” que representa el mercado de valores e impulsará la reforma que llevó al pleno senatorial en la sesión del martes pasado, a fin de que se grave con 4 por ciento a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, que ahora se llevan libremente las utilidades por la explotación de minas.
La otra medida, que sí permite tapar “el hoyo fiscal” del gobierno, es eliminar los regímenes especiales, creados por el PRI para los empresarios que les pagaban las campañas electorales, esquema que siguieron los panistas Fox y Calderón.
“En la Cámara de Diputados se hará un estudio sobre los regímenes especiales de tributación; espero que lleguen a la conclusión de que hay que eliminarlos. Algunos, como los de los pequeños contribuyentes, tienen cierta justificación, porque se garantiza cierto nivel de cobro, pero los demás deben desaparecer”.
También deben eliminarse, agregó, otros privilegios para los holdings, como la consolidación, que les permite demorar el pago de impuestos y con ello “jinetear recursos públicos”.
En entrevista aparte, el senador perredista Graco Ramírez, dijo que la solución a la falta de recursos fiscales pasa por “limpiar y sanear el SAT, donde existe un serio conflicto de intereses, ya que sus principales funcionarios colaboran o están ligados al despacho White and Case, desde el que se representa a los consorcios que buscan y logran la devolución de impuestos millonarios.
Más allá del interés del PRI y el PAN por proteger a los consorcios que financian sus campañas electorales, en el SAT hay un grupo que propicia la evasión, los regímenes especiales y la bursatilización de la deuda de estados y municipios, en detrimento de los recursos del fisco.
“El despacho White and Case ha captado a ex funcioanrios de Hacienda, del SAT, del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa), que tienen información privilegiada y así ayudan a ganar al gobierno federal los juicios de los grandes contribuyentes”, insistió Graco Ramírez.
A su juicio, todas la fuerzas políticas deben unirse y acabar con los regímenes especiales y con la corrupción en el SAT.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, resaltó que el propio auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció ya la gran evasión fiscal de los consorcios a partir del régimen de Fox, lo que ha continuado, “ya que debe pagar las facturas a los empresarios que pagaron la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador y el fraude electoral de 2006”.
Pablo Gómez (PRD) advirtió que ya es hora de que todos, sin excepción, paguen impuestos; Graco Ramírez (PRD) dijo que se debe sanear el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que desde ahí se posibilita la exención fiscal y la evasión de los grandes contribuyentes, mientras que Ricardo Monreal (PT) advirtió que el problema es que Felipe Calderón no puede pelearse con los empresarios que lo llevaron a la Presidencia de la República y por ello les permite continuar con sus privilegios fiscales.
Igualmente, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, consideró que el gobierno panista debe pensar más en las mayorías empobrecidas del país y obligar a “los grandes intereses económicos a que contribuyan a resolver el grave problema financiero, con sólo cumplir con la obligación de pagar al fisco los impuestos que les corresponden”.
Sin embargo, dijo, el gobierno federal prefiere crear más gravámenes al consumo, que repercuten en las clases medias y en los mexicanos pobres.
Pablo Gómez comentó que ayer mismo Calderón justificó el impuesto generalizado de 2 por ciento, con el argumento de que se requiere para comprar vacunas y un día antes argumentó que servirá para dar mayor apoyo a los pobres y “mañana quién sabe qué inventará”. Aconsejó al Ejecutivo que mejor opte por lo más sencillo y lógico: cobrar impuestos a los empresarios y sobre las ganancias de la bolsa.
Sobre este punto reveló que presentará una iniciativa en este periodo de sesiones, para acabar con el “paraíso fiscal” que representa el mercado de valores e impulsará la reforma que llevó al pleno senatorial en la sesión del martes pasado, a fin de que se grave con 4 por ciento a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, que ahora se llevan libremente las utilidades por la explotación de minas.
La otra medida, que sí permite tapar “el hoyo fiscal” del gobierno, es eliminar los regímenes especiales, creados por el PRI para los empresarios que les pagaban las campañas electorales, esquema que siguieron los panistas Fox y Calderón.
“En la Cámara de Diputados se hará un estudio sobre los regímenes especiales de tributación; espero que lleguen a la conclusión de que hay que eliminarlos. Algunos, como los de los pequeños contribuyentes, tienen cierta justificación, porque se garantiza cierto nivel de cobro, pero los demás deben desaparecer”.
También deben eliminarse, agregó, otros privilegios para los holdings, como la consolidación, que les permite demorar el pago de impuestos y con ello “jinetear recursos públicos”.
En entrevista aparte, el senador perredista Graco Ramírez, dijo que la solución a la falta de recursos fiscales pasa por “limpiar y sanear el SAT, donde existe un serio conflicto de intereses, ya que sus principales funcionarios colaboran o están ligados al despacho White and Case, desde el que se representa a los consorcios que buscan y logran la devolución de impuestos millonarios.
Más allá del interés del PRI y el PAN por proteger a los consorcios que financian sus campañas electorales, en el SAT hay un grupo que propicia la evasión, los regímenes especiales y la bursatilización de la deuda de estados y municipios, en detrimento de los recursos del fisco.
“El despacho White and Case ha captado a ex funcioanrios de Hacienda, del SAT, del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa), que tienen información privilegiada y así ayudan a ganar al gobierno federal los juicios de los grandes contribuyentes”, insistió Graco Ramírez.
A su juicio, todas la fuerzas políticas deben unirse y acabar con los regímenes especiales y con la corrupción en el SAT.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, resaltó que el propio auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció ya la gran evasión fiscal de los consorcios a partir del régimen de Fox, lo que ha continuado, “ya que debe pagar las facturas a los empresarios que pagaron la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador y el fraude electoral de 2006”.
Andrea Becerril, La Jornada, 19 de septiembre.
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