La Procuraduría General de la República (PGR) es de las dependencias con más recomendaciones y denuncias por irregularidades procesales y violaciones a garantías fundamentales cometidas por sus funcionarios públicos, pero omite sanciones.
De acuerdo con los propios datos de la PGR, desde 2003 a la fecha, y pese a las anomalías comprobadas por la Comisión, no se ha derivado ni una sola sanción en contra de servidores públicos.
Aunque en los últimos siete años la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –sólo superada por la Secretaría de la Defensa Nacional–, no ha iniciado ningún procedimiento administrativo ni de otra índole contra los servidores públicos involucrados.
El último de los expedientes abiertos fue el relacionado con el encarcelamiento de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas del secuestro de seis elementos de la AFI.
En este caso, la CNDH acreditó el pasado 17 de julio que las supuestas pruebas presentadas por la PGR se basaban en “testimonios de oídas y falsos testigos”, y le pidió iniciar procesos administrativos y de investigación en contra del personal que intervino en la averiguación y consignación.
Dos meses después, la institución no ha iniciado ninguna indagatoria.
En su tabla de responsabilidades aparecen vacíos o con el número cero los rubros de inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y amonestaciones.
Lo anterior es contrario a lo ocurrido, por ejemplo, en el 2002, cuando 46 de sus funcionarios fueron sancionados por actuaciones irregulares ventiladas por la CNDH.
Tan sólo en el 2009, la omisión de castigos se ha dado en casos –además del de Jacinta– como el del asesinato en Oaxaca de la perredista Beatriz López Leyva, la aprehensión de 22 policías ministeriales y de investigación en Ciudad Juárez, la tragedia en la Plataforma Usumacinta de Pemex y la detención arbitraria de dos civiles en Nuevo León.
En años pasados quedaron impunes las faltas cometidas en casos como el de la mina Pasta de Conchos y el homicidio del fotógrafo Brad Will.
Entre las principales denuncias presentadas contra la PGR en estos últimos siete años están: invención de pruebas, faltas a la integridad y seguridad jurídica de las personas, deficiencias en la apertura de averiguaciones previas, tortura, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y obstáculos a la labor de la CNDH.
A la par, la PGR ha optado, en estos años, por rechazar las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Con respecto a las quejas presentadas ante la Contraloría Interna sí se han registrado sanciones. En el mismo lapso –de 2003 a junio de 2009– se ha castigado a mil 842 servidores públicos, la mayoría amonestados y suspendidos.
De acuerdo con los propios datos de la PGR, desde 2003 a la fecha, y pese a las anomalías comprobadas por la Comisión, no se ha derivado ni una sola sanción en contra de servidores públicos.
Aunque en los últimos siete años la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –sólo superada por la Secretaría de la Defensa Nacional–, no ha iniciado ningún procedimiento administrativo ni de otra índole contra los servidores públicos involucrados.
El último de los expedientes abiertos fue el relacionado con el encarcelamiento de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas del secuestro de seis elementos de la AFI.
En este caso, la CNDH acreditó el pasado 17 de julio que las supuestas pruebas presentadas por la PGR se basaban en “testimonios de oídas y falsos testigos”, y le pidió iniciar procesos administrativos y de investigación en contra del personal que intervino en la averiguación y consignación.
Dos meses después, la institución no ha iniciado ninguna indagatoria.
En su tabla de responsabilidades aparecen vacíos o con el número cero los rubros de inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y amonestaciones.
Lo anterior es contrario a lo ocurrido, por ejemplo, en el 2002, cuando 46 de sus funcionarios fueron sancionados por actuaciones irregulares ventiladas por la CNDH.
Tan sólo en el 2009, la omisión de castigos se ha dado en casos –además del de Jacinta– como el del asesinato en Oaxaca de la perredista Beatriz López Leyva, la aprehensión de 22 policías ministeriales y de investigación en Ciudad Juárez, la tragedia en la Plataforma Usumacinta de Pemex y la detención arbitraria de dos civiles en Nuevo León.
En años pasados quedaron impunes las faltas cometidas en casos como el de la mina Pasta de Conchos y el homicidio del fotógrafo Brad Will.
Entre las principales denuncias presentadas contra la PGR en estos últimos siete años están: invención de pruebas, faltas a la integridad y seguridad jurídica de las personas, deficiencias en la apertura de averiguaciones previas, tortura, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y obstáculos a la labor de la CNDH.
A la par, la PGR ha optado, en estos años, por rechazar las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Con respecto a las quejas presentadas ante la Contraloría Interna sí se han registrado sanciones. En el mismo lapso –de 2003 a junio de 2009– se ha castigado a mil 842 servidores públicos, la mayoría amonestados y suspendidos.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 19 de septiembre.
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