La comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, sobre su gestión en el tercer año de gobierno del presidente Felipe Calderón fue plataforma para que priístas y perredistas protestaran contra la ejecución de Oportunidades, el uso de recursos sociales y el impuesto de 2% que se quiere aplicar al consumo en 2010.
En alianza momentánea, PRI y PRD unieron esfuerzos para desplegar mantas y banderitas en las que se repudió la intención del gobierno federal de establecer un impuesto de 2% al consumo etiquetado como “Contribución al Combate a la Pobreza”.
Los partidos de oposición condenaron que los nuevos recursos sean etiquetados a programas contra la pobreza “que no han dado resultados” y centralizarlo en una “burocracia obesa”.
Incluyendo al PVEM, que en pasadas comparecencias había avalado el proyecto presupuestal 2010, la oposición urgió a un viraje en las políticas sociales.
Los diputados coincidieron en que la planta burocrática de la dependencia es onerosa.
Por el PRI, el líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López, dijo que en los últimos años el presupuesto de desarrollo social creció 56%, lo que no se entiende cuando el número de pobres aumentó en 5 millones de personas, y en gastos de operación hay cuatro subsecretarios y un sinfín de subdirectores y jefes en delegaciones estatales.
“Creció la pobreza, y con humildad hay que reconocer que algo se está haciendo muy mal... No obstante la reciente invitación presidencial a diputados para apoyar el paquete económico, nos enviaron un presupuesto tasajeado en programas del campo”, lamentó el legislador.
El secretario pidió no medir el programa Oportunidades con sólo una evaluación —en referencia al Coneval— pues el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el CIDE, entre otros centros, han avalado el método, dijo.
Para el PRD, en voz de Mauricio Toledo, la política social está enfocada al clientelismo electoral, y acusó a Cordero de ser un operador de electores. Cordero le refutó y pidió pruebas, pues consideró graves sus acusaciones.
Ante los cuestionamientos en torno al ejercicio del presupuesto, Cordero aseguró que de cada peso asignado a programas sociales, 95 centavos llegan a beneficiarios, y sólo cinco centavos son para gastos de operación.
Gloria Luna (PAN) dijo que rechazar el presupuesto 2010 “es por querer quitarle maniobra al Presidente y eso es negarle a los pobres salir adelante”.
Su compañero Agustín Torres pidió no descalificar el proyecto, “y reflexionar sobre la conveniencia de aprobarlo, pensando en el beneficio que tendrán millones de familias”.
En alianza momentánea, PRI y PRD unieron esfuerzos para desplegar mantas y banderitas en las que se repudió la intención del gobierno federal de establecer un impuesto de 2% al consumo etiquetado como “Contribución al Combate a la Pobreza”.
Los partidos de oposición condenaron que los nuevos recursos sean etiquetados a programas contra la pobreza “que no han dado resultados” y centralizarlo en una “burocracia obesa”.
Incluyendo al PVEM, que en pasadas comparecencias había avalado el proyecto presupuestal 2010, la oposición urgió a un viraje en las políticas sociales.
Los diputados coincidieron en que la planta burocrática de la dependencia es onerosa.
Por el PRI, el líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López, dijo que en los últimos años el presupuesto de desarrollo social creció 56%, lo que no se entiende cuando el número de pobres aumentó en 5 millones de personas, y en gastos de operación hay cuatro subsecretarios y un sinfín de subdirectores y jefes en delegaciones estatales.
“Creció la pobreza, y con humildad hay que reconocer que algo se está haciendo muy mal... No obstante la reciente invitación presidencial a diputados para apoyar el paquete económico, nos enviaron un presupuesto tasajeado en programas del campo”, lamentó el legislador.
El secretario pidió no medir el programa Oportunidades con sólo una evaluación —en referencia al Coneval— pues el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el CIDE, entre otros centros, han avalado el método, dijo.
Para el PRD, en voz de Mauricio Toledo, la política social está enfocada al clientelismo electoral, y acusó a Cordero de ser un operador de electores. Cordero le refutó y pidió pruebas, pues consideró graves sus acusaciones.
Ante los cuestionamientos en torno al ejercicio del presupuesto, Cordero aseguró que de cada peso asignado a programas sociales, 95 centavos llegan a beneficiarios, y sólo cinco centavos son para gastos de operación.
Gloria Luna (PAN) dijo que rechazar el presupuesto 2010 “es por querer quitarle maniobra al Presidente y eso es negarle a los pobres salir adelante”.
Su compañero Agustín Torres pidió no descalificar el proyecto, “y reflexionar sobre la conveniencia de aprobarlo, pensando en el beneficio que tendrán millones de familias”.
Andrea merlos y Juan Arvizu, El Universal, 23 de septiembre.
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