La postura respecto al derecho a la vida desde la concepción se ha convertido en un elemento clave en la elección de titulares de organismos públicos de derechos humanos, consideran activistas y especialistas.
A partir de que la Suprema Corte de Justicia determinó que la despenalización del aborto en el Distrito Federal no era contraria a la Constitución, en agosto de 2008, la mitad de las entidades federativas han aprobado reformas para incluir en sus constituciones locales el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción.
Para diversas organizaciones civiles esas reformas implican la vulneración y el desconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres.
"Las reformas son una especie de revancha (por la decisión de la Corte)", indica Fernanda Díaz de León, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
"Hay reformas que dicen que el concebido no nacido es persona, y por lo tanto tiene los mismos derechos que cualquier persona. Eso va mucho más allá del tema del aborto, trastoca todo el orden jurídico".
Las únicas instancias facultadas para interponer una acción de inconstitucionalidad son la Procuraduría General de la República (PGR), los congresos estatales -basta con un tercio de sus integrantes-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o las comisiones estatales.
"Conocemos la postura de la PGR y la CNDH, porque fueron ellas quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra el gobierno DF. Conseguir el 33 por ciento de diputados locales que se oponga es un poco complicado, porque de entrada si no estuvieran de acuerdo no hubiera pasado la reforma", comenta Díaz de León.
"Eso deja básicamente la responsabilidad en las comisiones estatales de derechos humanos. En este proceso ha sido muy lamentable darnos cuenta de que carecen de cualquier tipo de autonomía y muchas de las veces, incluso, de una preparación técnica".
GIRE, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y otros organismos civiles se acercaron a los titulares de las comisiones de los 16 estados que aprobaron reformas sobre el derecho a la vida para solicitarles que promovieran recursos de inconstitucionalidad.
Sólo lo hizo el Procurador de Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez.
Para Blanca Rico, coordinadora de Políticas Públicas de GIRE, la decisión le costó la reelección en su puesto.
"Hablamos con él antes de que interpusiera la acción y lo tenía muy claro. Nos dijo 'si yo interpongo la acción, no tengo ningún chance de volver a repetir como ombudsman'", relata.
La acción de inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución en la Corte.
Los titulares de las otras comisiones estatales rechazaron interponer el recurso de inconstitucionalidad con argumentos similares a los empleados por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, al impugnar la despenalización del aborto en el DF.
Según Noemí Ramírez, directora de la AMDH, la postura que tengan los aspirantes a la CNDH o a las comisiones estatales respecto al derecho a la vida será fundamental en el proceso de elección.
A partir de que la Suprema Corte de Justicia determinó que la despenalización del aborto en el Distrito Federal no era contraria a la Constitución, en agosto de 2008, la mitad de las entidades federativas han aprobado reformas para incluir en sus constituciones locales el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción.
Para diversas organizaciones civiles esas reformas implican la vulneración y el desconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres.
"Las reformas son una especie de revancha (por la decisión de la Corte)", indica Fernanda Díaz de León, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
"Hay reformas que dicen que el concebido no nacido es persona, y por lo tanto tiene los mismos derechos que cualquier persona. Eso va mucho más allá del tema del aborto, trastoca todo el orden jurídico".
Las únicas instancias facultadas para interponer una acción de inconstitucionalidad son la Procuraduría General de la República (PGR), los congresos estatales -basta con un tercio de sus integrantes-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o las comisiones estatales.
"Conocemos la postura de la PGR y la CNDH, porque fueron ellas quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra el gobierno DF. Conseguir el 33 por ciento de diputados locales que se oponga es un poco complicado, porque de entrada si no estuvieran de acuerdo no hubiera pasado la reforma", comenta Díaz de León.
"Eso deja básicamente la responsabilidad en las comisiones estatales de derechos humanos. En este proceso ha sido muy lamentable darnos cuenta de que carecen de cualquier tipo de autonomía y muchas de las veces, incluso, de una preparación técnica".
GIRE, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y otros organismos civiles se acercaron a los titulares de las comisiones de los 16 estados que aprobaron reformas sobre el derecho a la vida para solicitarles que promovieran recursos de inconstitucionalidad.
Sólo lo hizo el Procurador de Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez.
Para Blanca Rico, coordinadora de Políticas Públicas de GIRE, la decisión le costó la reelección en su puesto.
"Hablamos con él antes de que interpusiera la acción y lo tenía muy claro. Nos dijo 'si yo interpongo la acción, no tengo ningún chance de volver a repetir como ombudsman'", relata.
La acción de inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución en la Corte.
Los titulares de las otras comisiones estatales rechazaron interponer el recurso de inconstitucionalidad con argumentos similares a los empleados por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, al impugnar la despenalización del aborto en el DF.
Según Noemí Ramírez, directora de la AMDH, la postura que tengan los aspirantes a la CNDH o a las comisiones estatales respecto al derecho a la vida será fundamental en el proceso de elección.
Silvia Garduño Reforma 21 de septiembre.
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