El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) arremetió contra el paquete económico para 2010 propuesto por el presidente Felipe Calderón, al considerar que no es consistente ni congruente con las profundas reformas que el mandatario en su tercer Informe de gobierno ofreció realizar, por lo que pugnará para que los partidos políticos hagan un “replanteamiento” o “redireccionamiento” del documento, que incluya cambios en el sistema de pensiones.
“Realmente no responde a las necesidades que tiene el sector (empresarial) de crecimiento económico y de promoción de la inversión; por tanto, haremos un planteamiento sobre lo que consideramos que debe ser la propuesta de reforma hacendaria”, dijo Armando Paredes Arroyo, presidente del CCE, entrevistado tras presidir la reunión mensual de los dirigentes de las 12 cámaras y asociaciones integrantes del organismo cúpula del sector privado.
Uno de los puntos que ayer se abordaron en la reunión privada del CCE fue el pago de las pensiones a los servidores públicos, rubro que, según Paredes Arroyo, es el que más se ha incrementado dentro del presupuesto federal “como bola de nieve”, incluso a costa de la inversión pública.
La iniciativa presupuestal de Calderón aún es analizada por los dirigentes empresariales, pero Paredes previó que la siguiente semana estará listo el pronunciamiento del pleno del CCE contra el paquete económico.
Hay consenso en que el paquete “no cumple con la reducción del gasto y la eliminación de prebendas, principalmente en las pensiones”, expuso a su vez Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien también acudió al encuentro, realizado en el Club de Industriales.
Los ciudadanos, abundó, no pueden entender por qué deben entregar al erario más recursos, si éstos se destinan a gastos “no justificados”, por lo que sentenció que “hay mucha tela de donde cortar”, tanto del gobierno federal como de los estados, municipios, legislaturas (federal y locales) y partidos políticos, “antes de exprimir más los bolsillos de los ciudadanos”.
El CCE, aclaró Paredes Arroyo, ya no buscará entrevistarse con el Ejecutivo federal, sino que “definitivamente vamos a trabajar una propuesta que resuelva el problema de las finanzas públicas, dé competencia al país, inversiones y crecimiento económico”, y la presentarán a PRI, PRD “e inclusive el mismo PAN”.
“Tendremos que hacer nuestro cabildeo y nuestros replanteamientos, a efecto de que los partidos políticos puedan contribuir en redireccionar este paquete”, expresó.
Acusó que las propuestas del Presidente sólo buscan resolver el gasto del gobierno, sin profundizar en los problemas de fondo, y no incluyen medidas para ampliar la base tributaria, simplificar el sistema fiscal y lograr una reducción mayor del gasto público, como han demandado los empresarios.
Tampoco existe ninguna garantía, remarcó, para evitar que los recursos recaudados se conviertan en “prebenda de los sindicatos”, por medio de los fondos de pensiones.
Es una “bola de nieve” que, aseguró, no debe dejarse crecer más, por lo cual exigió que el gobierno federal lleve a cabo una negociación con todos los sindicatos de las dependencias públicas, porque “es uno de los problemas fundamentales, y no es justo que todo se cargue otra vez al sector productivo”.
“Realmente no responde a las necesidades que tiene el sector (empresarial) de crecimiento económico y de promoción de la inversión; por tanto, haremos un planteamiento sobre lo que consideramos que debe ser la propuesta de reforma hacendaria”, dijo Armando Paredes Arroyo, presidente del CCE, entrevistado tras presidir la reunión mensual de los dirigentes de las 12 cámaras y asociaciones integrantes del organismo cúpula del sector privado.
Uno de los puntos que ayer se abordaron en la reunión privada del CCE fue el pago de las pensiones a los servidores públicos, rubro que, según Paredes Arroyo, es el que más se ha incrementado dentro del presupuesto federal “como bola de nieve”, incluso a costa de la inversión pública.
La iniciativa presupuestal de Calderón aún es analizada por los dirigentes empresariales, pero Paredes previó que la siguiente semana estará listo el pronunciamiento del pleno del CCE contra el paquete económico.
Hay consenso en que el paquete “no cumple con la reducción del gasto y la eliminación de prebendas, principalmente en las pensiones”, expuso a su vez Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien también acudió al encuentro, realizado en el Club de Industriales.
Los ciudadanos, abundó, no pueden entender por qué deben entregar al erario más recursos, si éstos se destinan a gastos “no justificados”, por lo que sentenció que “hay mucha tela de donde cortar”, tanto del gobierno federal como de los estados, municipios, legislaturas (federal y locales) y partidos políticos, “antes de exprimir más los bolsillos de los ciudadanos”.
El CCE, aclaró Paredes Arroyo, ya no buscará entrevistarse con el Ejecutivo federal, sino que “definitivamente vamos a trabajar una propuesta que resuelva el problema de las finanzas públicas, dé competencia al país, inversiones y crecimiento económico”, y la presentarán a PRI, PRD “e inclusive el mismo PAN”.
“Tendremos que hacer nuestro cabildeo y nuestros replanteamientos, a efecto de que los partidos políticos puedan contribuir en redireccionar este paquete”, expresó.
Acusó que las propuestas del Presidente sólo buscan resolver el gasto del gobierno, sin profundizar en los problemas de fondo, y no incluyen medidas para ampliar la base tributaria, simplificar el sistema fiscal y lograr una reducción mayor del gasto público, como han demandado los empresarios.
Tampoco existe ninguna garantía, remarcó, para evitar que los recursos recaudados se conviertan en “prebenda de los sindicatos”, por medio de los fondos de pensiones.
Es una “bola de nieve” que, aseguró, no debe dejarse crecer más, por lo cual exigió que el gobierno federal lleve a cabo una negociación con todos los sindicatos de las dependencias públicas, porque “es uno de los problemas fundamentales, y no es justo que todo se cargue otra vez al sector productivo”.
Susana González, La Jornada, 12 de septiembre,
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