El presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó ayer una propuesta de varios familiares de secuestrados para que la entrega de dos militares en poder de las FARC se haga sin condicionarla a una liberación simultánea de todos los rehenes, como había exigido el gobierno hace dos meses. El gobierno hizo el anuncio luego de que el gobernante colombiano sostuvo una reunión con allegados de los rehenes, algunos de los cuales llevan más de once años secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al término del encuentro, el comisionado gubernamental para la paz, Frank Pearl, leyó un comunicado en el que notificó las decisiones del gobierno, entre las que se encuentra la ratificación de la autorización dada para que la senadora de oposición Piedad Córdoba esté presente en la entrega del cabo del Ejército Pablo Moncayo y el soldado Josué Calvo.
Las FARC anunciaron su intención de liberar a los dos efectivos el pasado abril, pero el proceso de entrega se ha retrasado debido a que el Ejecutivo no ha concedido una cita a Córdoba para coordinar el proceso de liberación y había pedido que la guerrilla entregara de manera simultánea a 24 militares y policías que tiene secuestrados. Además de la entrega de los dos militares, la guerrilla aseguró que entregar el cadáver del mayor de la Policía Julián Guevara, muerto en cautiverio en 2006. Para la ejecución de ambas acciones las FARC exigen la presencia de Córdoba. En el comunicado se reiteró que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia Católica son las instituciones autorizadas para que coordinen el proceso de entrega de los rehenes. “El Gobierno pedirá al CICR y a la Iglesia Católica que se obtenga una garantía por parte de las FARC para la liberación de la totalidad del grupo, y la entrega de los cadáveres de las personas asesinadas o muertas en cautiverio. Todo esto en un tiempo corto, para que no siga la tortura”, señaló la comunicación.
Además de esta solicitud, el gobierno indicó que demandará a través del CICR y de la Iglesia Católica “pruebas de supervivencia o información fidedigna sobre los secuestrados de quienes no se ha tenido noticia”. Familiares de varios secuestrados celebraron la decisión gubernamental. Robertina Sánchez, madre del coronel de la Policía Enrique Murillo, secuestrado por las FARC desde hace más de diez años, celebró la determinación del mandatario e indicó que el gesto es un avance significativo para la liberación de los rehenes. “Lo vemos como una luz de esperanza, esperamos que la liberación de ellos se de pronto”, afirmó.
De otra parte, Uribe aseguró ayer que grupos delincuenciales crearon una “venganza criminal” contra su gobierno con la que quieren afectar su administración y las relaciones internacionales del país.
Claves
Extraditados
Las autoridades colombianas extraditaron ayer a Estados Unidos al narcotraficante Gildardo Rodríguez, alias de El señor de la camisa roja, y a la presunta integrante de las FARC Nancy Conde Rubio, alias Doris Adriana.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicó ayer que estudiará la conveniencia de reactivar las “franjas de seguridad” a lo largo de la frontera con Colombia para frenar la penetración de “narcotraficantes y paramilitares” desde el vecino país.
Al término del encuentro, el comisionado gubernamental para la paz, Frank Pearl, leyó un comunicado en el que notificó las decisiones del gobierno, entre las que se encuentra la ratificación de la autorización dada para que la senadora de oposición Piedad Córdoba esté presente en la entrega del cabo del Ejército Pablo Moncayo y el soldado Josué Calvo.
Las FARC anunciaron su intención de liberar a los dos efectivos el pasado abril, pero el proceso de entrega se ha retrasado debido a que el Ejecutivo no ha concedido una cita a Córdoba para coordinar el proceso de liberación y había pedido que la guerrilla entregara de manera simultánea a 24 militares y policías que tiene secuestrados. Además de la entrega de los dos militares, la guerrilla aseguró que entregar el cadáver del mayor de la Policía Julián Guevara, muerto en cautiverio en 2006. Para la ejecución de ambas acciones las FARC exigen la presencia de Córdoba. En el comunicado se reiteró que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia Católica son las instituciones autorizadas para que coordinen el proceso de entrega de los rehenes. “El Gobierno pedirá al CICR y a la Iglesia Católica que se obtenga una garantía por parte de las FARC para la liberación de la totalidad del grupo, y la entrega de los cadáveres de las personas asesinadas o muertas en cautiverio. Todo esto en un tiempo corto, para que no siga la tortura”, señaló la comunicación.
Además de esta solicitud, el gobierno indicó que demandará a través del CICR y de la Iglesia Católica “pruebas de supervivencia o información fidedigna sobre los secuestrados de quienes no se ha tenido noticia”. Familiares de varios secuestrados celebraron la decisión gubernamental. Robertina Sánchez, madre del coronel de la Policía Enrique Murillo, secuestrado por las FARC desde hace más de diez años, celebró la determinación del mandatario e indicó que el gesto es un avance significativo para la liberación de los rehenes. “Lo vemos como una luz de esperanza, esperamos que la liberación de ellos se de pronto”, afirmó.
De otra parte, Uribe aseguró ayer que grupos delincuenciales crearon una “venganza criminal” contra su gobierno con la que quieren afectar su administración y las relaciones internacionales del país.
Claves
Extraditados
Las autoridades colombianas extraditaron ayer a Estados Unidos al narcotraficante Gildardo Rodríguez, alias de El señor de la camisa roja, y a la presunta integrante de las FARC Nancy Conde Rubio, alias Doris Adriana.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicó ayer que estudiará la conveniencia de reactivar las “franjas de seguridad” a lo largo de la frontera con Colombia para frenar la penetración de “narcotraficantes y paramilitares” desde el vecino país.
Agencias en Bogotá, Milenio, 20 de septiembre.
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