La aplicación de un impuesto del 2 por ciento al consumo generalizado reducirá el poder de compra de todos los hogares del país, incluyendo a las familias más pobres, cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus niveles de consumo y tienen que complementar su gasto familiar con deuda, subsidios privados (remesas) o públicos provenientes de los programas sociales gubernamentales, señala el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados (Cedia).
Advierte que si el Congreso de la Unión aprobara el impuesto del 2 por ciento “tendría que reflexionar respecto al diseño de su base gravable, la cual no podría ser generalizada; por el contrario, tendría que ser focalizada, porque los ingresos de los hogares ubicados en los deciles I al IV (que tienen los más bajos ingresos del país) no alcanzan a cubrir el nivel de consumo.
Con la aplicación de esta contribución se reduciría el poder de compra de las familias con bajos ingresos, restringiendo aún más su demanda de bienes y servicios, refiere el Cedia en el análisis denominado “El presupuesto para el combate a la pobreza y el impacto en los hogares de México de la contribución del 2 por ciento”.
Tras señalar que la población en pobreza extrema o las personas que no tienen los medios para satisfacer sus necesidades de alimentación pasó de 14 a 20 millones de mexicanos durante el reciente periodo de recesión, el Cedia señala que la estrategia del gobierno federal para combatir el incremento de la pobreza es aplicar una contribución del 2 por ciento contra la pobreza, proyecto que, sin embargo, no especifica expresamente que la totalidad de la recaudación de la contribución se destinará para la población pobre.
Tampoco define los mecanismos de distribución de los recursos entre los más pobres, y “particularmente no existe una propuesta para impulsar la creación de un programa de empleo temporal o permanente que permita resarcir las fuentes de ingreso de la población en situación de pobreza en México”.
Remarca que “podemos concluir que la aplicación de una nueva contribución del 2 por ciento contra la pobreza incrementará el ingreso total de los hogares con los ingresos más bajos (localizados en los deciles del I al IV), porque una parte de esta recaudación se destinaría para mejorar su nivel de vida; sin embargo afectará el poder de compra de las familias con ingresos medios, porque su ingreso total se vería reducido debido a que este grupo de hogares soporta casi 50 por ciento de la carga tributaria del país.
Al hacer un balance de los problemas que afectan la recaudación de ingresos del gobierno federal, el Cedia menciona que el comercio informal y la estrecha base tributaria son dos de las principales afectaciones, y señala que “se estima que únicamente por concepto de contrabando y piratería se deja de recaudar alrededor de 80 mil millones de pesos, que equivalen al 0.80 por ciento del PIB”.
Menciona que para combatir la evasión del comercio informal se creó el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que entró en vigor en 2008, pero la recaudación del gravamen es baja comparada con el tamaño de la problemática.
“Si únicamente por contrabando y piratería el gobierno federal sufre una evasión fiscal por 80 mil millones de pesos y la recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se estimó en 10 mil 295.6 millones de pesos en el 2010, entonces su recaudación sólo está combatiendo el 12.87 por ciento del sector del contrabando y la piratería y el 4.65 por ciento de la economía informal”, destacó.
El Cedia refiere que la debilidad estructural del sistema fiscal también se explica por la reducida base de contribuyentes, derivada de la enorme proporción de transacciones económicas que se llevan a cabo en la economía informal (originada en gran medida por las dificultades administrativas y de regulación), la evasión fiscal y la complejidad de la legislación en la materia.
Destaca que “la baja recaudación de los ingresos presupuestarios en México trae consigo dos importantes distorsiones del sistema impositivo: impide erradicar estructuralmente la desigualdad, y la carga fiscal es soportada mayoritariamente por los hogares con los ingresos medios y altos del país”.
Advierte que si el Congreso de la Unión aprobara el impuesto del 2 por ciento “tendría que reflexionar respecto al diseño de su base gravable, la cual no podría ser generalizada; por el contrario, tendría que ser focalizada, porque los ingresos de los hogares ubicados en los deciles I al IV (que tienen los más bajos ingresos del país) no alcanzan a cubrir el nivel de consumo.
Con la aplicación de esta contribución se reduciría el poder de compra de las familias con bajos ingresos, restringiendo aún más su demanda de bienes y servicios, refiere el Cedia en el análisis denominado “El presupuesto para el combate a la pobreza y el impacto en los hogares de México de la contribución del 2 por ciento”.
Tras señalar que la población en pobreza extrema o las personas que no tienen los medios para satisfacer sus necesidades de alimentación pasó de 14 a 20 millones de mexicanos durante el reciente periodo de recesión, el Cedia señala que la estrategia del gobierno federal para combatir el incremento de la pobreza es aplicar una contribución del 2 por ciento contra la pobreza, proyecto que, sin embargo, no especifica expresamente que la totalidad de la recaudación de la contribución se destinará para la población pobre.
Tampoco define los mecanismos de distribución de los recursos entre los más pobres, y “particularmente no existe una propuesta para impulsar la creación de un programa de empleo temporal o permanente que permita resarcir las fuentes de ingreso de la población en situación de pobreza en México”.
Remarca que “podemos concluir que la aplicación de una nueva contribución del 2 por ciento contra la pobreza incrementará el ingreso total de los hogares con los ingresos más bajos (localizados en los deciles del I al IV), porque una parte de esta recaudación se destinaría para mejorar su nivel de vida; sin embargo afectará el poder de compra de las familias con ingresos medios, porque su ingreso total se vería reducido debido a que este grupo de hogares soporta casi 50 por ciento de la carga tributaria del país.
Al hacer un balance de los problemas que afectan la recaudación de ingresos del gobierno federal, el Cedia menciona que el comercio informal y la estrecha base tributaria son dos de las principales afectaciones, y señala que “se estima que únicamente por concepto de contrabando y piratería se deja de recaudar alrededor de 80 mil millones de pesos, que equivalen al 0.80 por ciento del PIB”.
Menciona que para combatir la evasión del comercio informal se creó el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que entró en vigor en 2008, pero la recaudación del gravamen es baja comparada con el tamaño de la problemática.
“Si únicamente por contrabando y piratería el gobierno federal sufre una evasión fiscal por 80 mil millones de pesos y la recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se estimó en 10 mil 295.6 millones de pesos en el 2010, entonces su recaudación sólo está combatiendo el 12.87 por ciento del sector del contrabando y la piratería y el 4.65 por ciento de la economía informal”, destacó.
El Cedia refiere que la debilidad estructural del sistema fiscal también se explica por la reducida base de contribuyentes, derivada de la enorme proporción de transacciones económicas que se llevan a cabo en la economía informal (originada en gran medida por las dificultades administrativas y de regulación), la evasión fiscal y la complejidad de la legislación en la materia.
Destaca que “la baja recaudación de los ingresos presupuestarios en México trae consigo dos importantes distorsiones del sistema impositivo: impide erradicar estructuralmente la desigualdad, y la carga fiscal es soportada mayoritariamente por los hogares con los ingresos medios y altos del país”.
Blanca Estela Botello, Crónica, 12 de octubre.
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