Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes se presentarán en el Senado y en la Cámara de Diputados las iniciativas de ley de austeridad republicana y de privilegios fiscales, para “eliminar el gasto extravagante” en el gobierno federal y cobrar impuestos a 422 grandes empresas “que prácticamente no contribuyen a la hacienda pública”.
En la asamblea informativa del Movimiento por la defensa de la economía popular, realizada ayer frente a la Cámara de Diputados, el ex candidato presidencial convocó también a organizar un debate nacional sobre el daño que provoca al país mantener privilegios de las elites del poder económico y político.
“Ya es hora de acabar con fueros y privilegios que lesionan el interés nacional y debilitan las finanzas públicas. Si los políticos y traficantes de influencias quieren, como sostienen demagógicamente, solidarizarse con los más pobres, que actúen en consecuencia”, exigió.
Al argumentar las iniciativas, que redactaron legisladores del Partido del Trabajo (PT), la diputada Ifigenia Martínez explicó que se trata no sólo “de eliminar los abusos” de los regímenes especiales, sino de cambiar los mecanismos de financiamiento del gasto público.
No se sataniza al empresario
“Que quede claro: no queremos obstaculizar las actividades empresariales ni satanizar al empresario. Lo que queremos es que el sector empresarial más fuerte, el de los grandes capitalistas, asuma su responsabilidad social y comparta su riqueza”, expresó.
López Obrador detalló el alcance de las iniciativas, con cuya aplicación se pretende obtener ingresos adicionales por 500 mil millones de pesos.
En el caso de la iniciativa de austeridad, que permitiría liberar 200 mil millones de pesos, refirió que se considera reducir 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios, eliminar los bonos y las percepciones extraordinarias, la atención médica privada y las cajas de ahorro.
También suprimir las pensiones de los ex presidentes de la República, reducir 80 por ciento la publicidad, 30 por ciento los gastos de servicios telefónicos, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería y otros materiales y suministros.
Prohibir la compra de automóviles nuevos, reducir a la mitad el gasto en viajes nacionales e internacionales, eliminar la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y los del sector público, a excepción de los de emergencia.
Informó que el proyecto de supresión de privilegios fiscales contempla derogar el régimen de consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y la deducción inmediata de la adquisición de terrenos; cobrar impuestos a las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores y sobre dividendos y limitar la reducción de impuestos por donaciones y campañas de redondeo.
También considera modificar el secreto fiscal para que el Congreso de la Unión conozca cuánto pagan de impuestos los grandes contribuyentes, y suprimir la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda para condonar impuestos a grandes empresas y bancos.
En la asamblea informativa del Movimiento por la defensa de la economía popular, realizada ayer frente a la Cámara de Diputados, el ex candidato presidencial convocó también a organizar un debate nacional sobre el daño que provoca al país mantener privilegios de las elites del poder económico y político.
“Ya es hora de acabar con fueros y privilegios que lesionan el interés nacional y debilitan las finanzas públicas. Si los políticos y traficantes de influencias quieren, como sostienen demagógicamente, solidarizarse con los más pobres, que actúen en consecuencia”, exigió.
Al argumentar las iniciativas, que redactaron legisladores del Partido del Trabajo (PT), la diputada Ifigenia Martínez explicó que se trata no sólo “de eliminar los abusos” de los regímenes especiales, sino de cambiar los mecanismos de financiamiento del gasto público.
No se sataniza al empresario
“Que quede claro: no queremos obstaculizar las actividades empresariales ni satanizar al empresario. Lo que queremos es que el sector empresarial más fuerte, el de los grandes capitalistas, asuma su responsabilidad social y comparta su riqueza”, expresó.
López Obrador detalló el alcance de las iniciativas, con cuya aplicación se pretende obtener ingresos adicionales por 500 mil millones de pesos.
En el caso de la iniciativa de austeridad, que permitiría liberar 200 mil millones de pesos, refirió que se considera reducir 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios, eliminar los bonos y las percepciones extraordinarias, la atención médica privada y las cajas de ahorro.
También suprimir las pensiones de los ex presidentes de la República, reducir 80 por ciento la publicidad, 30 por ciento los gastos de servicios telefónicos, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería y otros materiales y suministros.
Prohibir la compra de automóviles nuevos, reducir a la mitad el gasto en viajes nacionales e internacionales, eliminar la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y los del sector público, a excepción de los de emergencia.
Informó que el proyecto de supresión de privilegios fiscales contempla derogar el régimen de consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y la deducción inmediata de la adquisición de terrenos; cobrar impuestos a las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores y sobre dividendos y limitar la reducción de impuestos por donaciones y campañas de redondeo.
También considera modificar el secreto fiscal para que el Congreso de la Unión conozca cuánto pagan de impuestos los grandes contribuyentes, y suprimir la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda para condonar impuestos a grandes empresas y bancos.
Rosa Elvira Vargas y Enrique Méndez, La Jornada, 13 de octubre.
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