El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, saldrá bien librado de la investigación que realizó una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la violaciones graves a las garantías individuales en el conflicto social registrado en 2006 y 2007, pues si bien es señalado como una autoridad “participante”, su intervención es considerada como “atenuada”, porque no contó con una policía eficaz para sofocar el problema.
Así lo señala el proyecto de resolución que elaboró el ministro Mariano Azuela y que fue repartido para ser discutido el 13 de octubre, en el que se deja claro “que ni el gobernador ni los servidores de la federación” resultan responsables directos de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta.
Aunque el proyecto señala la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, ya que se corroboraron tratos crueles e inhumanos —en las que presuntamente participaron 55 mandos policiacos—, la resolución justifica la intervención del gobierno federal y del estado de Oaxaca, pues lograron frenar el ambiente de zozobra y violencia en la capital oaxaqueña.
“… respecto de las características propias del movimiento social no debe olvidarse su beligerancia, incluso con matices de rebelión no únicamente contra el gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal…”, además de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca pretendía extender su movimiento por todo el territorio nacional y crear una nueva constitución, desconociendo los acuerdos tomados con las autoridades federales.
“Resulta notorio que algunos de sus simpatizantes y, aparentemente, también ciertos integrantes aprovecharon los disturbios y actuaron de manera violenta toda vez que durante marchas y enfrentamientos con corporaciones policiacas provocaron cuantiosos destrozos como incendios de bienes, pintas (algunas en inmuebles de gran valor histórico)… ocasionaron serias lesiones a elementos policiacos… dado el empleo de armas de fuego, bombas molotov, resorteras, hondas y bazucas, entre otros instrumentos”, agrega.
No obstante, se menciona que cuando se determinó hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto, en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policiacos, provocaron la violación de diversas garantías, incluyendo algunas que se consideran irreductibles y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional.
- Claves
Suspenden sesión
• El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia informó sobre la suspensión de sesiones hasta la próxima semana, debido a que se analizará el proyecto.
• Tras el anuncio, el proyecto fue publicado de manera inmediata en la página electrónica de la Corte para que la ciudadanía tenga acceso al documento de más de 900 páginas.
Así lo señala el proyecto de resolución que elaboró el ministro Mariano Azuela y que fue repartido para ser discutido el 13 de octubre, en el que se deja claro “que ni el gobernador ni los servidores de la federación” resultan responsables directos de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta.
Aunque el proyecto señala la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, ya que se corroboraron tratos crueles e inhumanos —en las que presuntamente participaron 55 mandos policiacos—, la resolución justifica la intervención del gobierno federal y del estado de Oaxaca, pues lograron frenar el ambiente de zozobra y violencia en la capital oaxaqueña.
“… respecto de las características propias del movimiento social no debe olvidarse su beligerancia, incluso con matices de rebelión no únicamente contra el gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal…”, además de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca pretendía extender su movimiento por todo el territorio nacional y crear una nueva constitución, desconociendo los acuerdos tomados con las autoridades federales.
“Resulta notorio que algunos de sus simpatizantes y, aparentemente, también ciertos integrantes aprovecharon los disturbios y actuaron de manera violenta toda vez que durante marchas y enfrentamientos con corporaciones policiacas provocaron cuantiosos destrozos como incendios de bienes, pintas (algunas en inmuebles de gran valor histórico)… ocasionaron serias lesiones a elementos policiacos… dado el empleo de armas de fuego, bombas molotov, resorteras, hondas y bazucas, entre otros instrumentos”, agrega.
No obstante, se menciona que cuando se determinó hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto, en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policiacos, provocaron la violación de diversas garantías, incluyendo algunas que se consideran irreductibles y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional.
- Claves
Suspenden sesión
• El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia informó sobre la suspensión de sesiones hasta la próxima semana, debido a que se analizará el proyecto.
• Tras el anuncio, el proyecto fue publicado de manera inmediata en la página electrónica de la Corte para que la ciudadanía tenga acceso al documento de más de 900 páginas.
Rubén Mosso, Milenio, 6 de octubre.
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