“Esta iniciativa del gobierno es muy pobre, porque en el supuesto de que todo lo que se propone se apruebe, el incremento sería sólo de 1.5 puntos porcentuales más en los próximos cinco años, lo cual es insuficiente”, declaró.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al país le urge incrementar los niveles de recaudación entre 18 y 20 por ciento como proporción del PIB y así hacer frente a las obligaciones que le corresponde asumir al Estado.
El especialista de Capem dijo que no se trata de una reforma fiscal, sino de una medida urgente para tapar el boquete fiscal que el propio gobierno ocasionó al ejercer un gasto contracíclico.
“Estamos advertidos y sabemos que se debe diversificar la recaudación, pero debe ser gradualmente; primero se tiene que tratar de rescatar la base tributaria, pues es probable que quede hecha pedazos el próximo año”, sostuvo.
Recordó que en el último año un millón de personas quedaron desempleadas, muchas empresas desaparecieron y el resto resintió de manera negativa el impacto de la crisis económica en sus estados financieros.
“Por ello, esta es una medida más de tipo recaudatorio que no toma en cuenta que lo primero es rehacer la base tributaria. Sabemos que en el futuro se necesitará diversificar los ingresos presupuestales, es un paso que debemos dar, sólo que el gobierno lo da de manera rápida y no gradual”, detalló.
El investigador del Tecnológico de Monterrey, Carlos Canfield, señaló que otro problema aparte de la poca recaudación es que el gobierne hace devoluciones millonarias a las empresas que ganan los amparos sobre algún impuestos en particular.
“El gobierno tiene que compensar todas las devoluciones que hace, el IVA resulta un gravamen oneroso, por eso, la propuesta es incrementos en impuestos directos como el ISR o al aumento en los precios del sector público”, indicó.
Al respecto, Castro comentó que el incremento de las tarifas públicas como gasolina, gas doméstico y electricidad, entre otras, erosionará el poder adquisitivo de las personas.
El analista económico consideró que el tamaño del gobierno no corresponde al de la economía, por lo que tiene aún tela de dónde cortar.
“En el caso de que el paquete no se apruebe totalmente, el gobierno va tener usar un plan B en el que tendrá que aceptar un mayor déficit fiscal, así como un esfuerzo por recortar al gasto, principalmente el corriente”, detalló.
Castro comentó que si el gobierno opta por recortar el gasto de infraestructura se frenará la capacidad de crecimiento de la economía hacia el futuro, además de la competitividad.
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