Son unos 340 presos en huelga de hambre en el Altiplano, denuncian ante la CNDH

Más de 340 internos del penal de máxima seguridad de El Altiplano –de al menos cuatro dormitorios– se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 16 de octubre, en protesta por las revisiones tacto vaginales y anales que los vigilantes realizan a sus familiares y en demanda de que se les permita estar al menos 30 minutos diarios en los patios y realizar actividades lúdicas, de acuerdo con el contenido de tres quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y versiones obtenidas de abogados de presos.

El sábado 17 de octubre La Jornada solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal una versión oficial al respecto, y la respuesta fue que “todo estaba resuelto”; sin embargo, la petición se realizó de nuevo el pasado martes, ante las versiones de que cientos de internos estaban en huelga de hambre, pero la dependencia no ha informado nada al respecto.

De acuerdo con el contenido de los textos entregados a la CNDH –de los cuales este diario posee copia–, el pasado 17 de septiembre se hizo del conocimiento del organismo defensor de los derechos humanos que tanto internos como familiares y abogados son sujetos de “violaciones a las garantías individuales”, que van desde impedir el “libre ejercicio de la profesión” en el caso de los defensores, hasta la supresión de derechos como la visita familiar o íntima si visitantes o internos protestan o se quejan de las revisiones a que son sometidos.

Según los textos, abogados y familiares tienen que hacer fila durante más de nueve horas, por lo que para ingresar al centro de reclusión –que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez y que era conocido como La Palma–, hombres, mujeres, ancianos y niños tienen que permanecer a la intemperie desde cerca de la una de la mañana.

Los trámites para entrar comienzan hacia las nueve o 10 de la mañana, y luego de esperar más de una hora para que se elabore la papeleta de ingreso, son sometidos a revisiones físicas.

“Se realizan revisiones denigrantes y exageradas. Por ejemplo, a los niños y niñas se les obliga a desvestirse, sacudirse sus partes íntimas y mostrar su ropa interior. Esto ocurre a pesar de que el centro cuenta con tecnología de punta, como son máquinas de rayos X.

“A las personas de la tercera edad se les obliga a retirarse sus aparatos auditivos, no se les permite el ingreso de sus bastones.

“A las mujeres se nos obliga a quitarnos la ropa, comenzando por la blusa, luego el pantalón, y finalmente la ropa íntima y sacudirnos nuestras partes íntimas, todo eso delante de una custodia. Cuando se va en periodo menstrual se nos obliga a cambiarnos la toalla femenina de frente a la custodia que nos está revisando”, señalan los testimonios entregados a la CNDH.

En otro caso narrado a la comisión se menciona que varias mujeres que han tenido alguna diferencia con los custodios han sido sometidas a tacto anal y vaginal por médicos varones delante de los vigilantes penitenciarios.

Las revisiones médicas realizadas por varones también las padecen las mujeres que han sido sometidas a implantes en los senos, a pesar de que esos procedimientos quirúrgicos ya han sido notificados y hasta documentados con pruebas de laboratorio a las autoridades penitenciarias.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 22 de octubre.

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