La regla no escrita es que un ministro le toca designarlo a los senadores panistas y otro a los priístas, pero los nombramientos se han llegado a frenar por conflictos internos de algunas de estas fracciones.
Pocos pasan la prueba
De los últimos cuatro ministros que han llegado para renovar a la Corte que surgió de la reforma que modificó la estructura y poder del máximo tribunal del país en diciembre de 1994, sólo el ministro José Ramón Cossío llegó sin problemas.
La terna en la que se le incluyó para competir por el puesto en 2003 fue calificada como “a modo”, porque su trayectoria era superior a la de sus contrincantes y contaba con el apoyo de las fracciones parlamentarias.
Ese año, la designación de la ministra Margarita Luna Ramos tuvo otra suerte. Como consejera de la Judicatura Federal ganó la votación para ser designada como ministra, pero debido a una división interna en el grupo parlamentario del PAN, no logró obtener la mayoría de dos terceras partes que establece la Constitución.
El Senado rechazó la terna en la que estaba incluida y el presidente Vicente Fox tuvo que esperar a que iniciara el nuevo periodo de sesiones para enviar una segunda propuesta en la que volvió a incluir a Luna, quien en esa ocasión sí obtuvo los votos necesarios para llegar al máximo tribunal del país.
Designación complicada
En 2004 se registró una segunda designación complicada. En octubre el entonces consejero de la Judicatura, Sergio Valls, fue elegido para ocupar el lugar que quedó vacante tras la sorpresiva muerte del ministro Humberto Román Palacios.
En la terna en la que se incluyó a Valls se daba por seguro ganador a Bernardo Sepúlveda, hoy juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Una negociación de última hora entre PRI y PAN tiró la designación de Sepúlveda, y le abrió la puerta de la Suprema Corte a Valls.
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