Amás de dos meses de haber sido liberada, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial aseguró que no puede dormir ante el miedo de que los AFIs que la acusaron de secuestro quieran hacerle daño, a ella o a su familia.
Al participar en un seminario sobre "Eliminación de la Violencia contra la Mujer" en la Universidad Iberoamericana, señaló también que no emprenderá ningún proceso legal contra la Procuraduría General de la República en busca de una indemnización, tras haber estado presa más de tres años por un delito que, al final, no se acreditó.
En torno a su estado de alarma permanente, expresó: "Me da miedo por lo que le pueda pasar a mis familiares; he escuchado todo lo que se dice sobre las amenazas de los agentes policiacos, sobre cómo se vengan de la gente que defiende sus derechos, no nos ven bien".
Dijo que la preocupación principal son sus seis hijos, "porque algunos salen todo el día a trabajar y llegan de noche a la casa…, temo que les puedan hacer algo".
Ante el hartazgo de procesos judiciales y ministeriales, adelantó que no presentará denuncia contra la PGR ni otros procedimientos en busca de compensaciones económicas.
Apeló a la "buena fe" de quienes dirigen a la dependencia federal o a la AFI, hoy Policía Ministerial.
"Ojalá, de buena voluntad, me quieran dar algo o apoyarme, porque no he trabajado y las cosas están difíciles; sí he hecho cosas en casa, pero por mis hijos necesito ganar un poco de dinero".
Antes de su aprehensión por el supuesto plagio de seis AFIs, Jacinta vendía agua fresca en los mercados.
Al preguntársele por qué no ha trabajado, afirmó que para una mujer pobre, indígena, sin estudios y con el antecedente de haber estado en la cárcel no es fácil conseguir empleo.
Comentó que su historia es un caso de la violencia que las mujeres mexicanas padecen. "Como yo hay muchas, ahí está el caso de las dos mujeres que siguen en el Cereso: Alberta y Teresa, quienes también fueron acusadas de secuestro y quién sabe cuántos años van a pasar en la cárcel por algo que no cometieron; ojalá también ellas queden libres".
El 3 de agosto de 2006 Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí se enteró de que la acusaban del secuestro de policías, el cual supuestamente se había derivado de un enfrentamiento con comerciantes en la plaza central de la comunidad queretana de Santiago de Mexquititlán, el 27 de marzo de ese mismo año.
Estuvo recluida en el Centro Femenil de San José El Alto hasta el 16 de septiembre de 2009, después de que la PGR desistió de las acusaciones por "duda razonable" de la causa penal.
Al participar en un seminario sobre "Eliminación de la Violencia contra la Mujer" en la Universidad Iberoamericana, señaló también que no emprenderá ningún proceso legal contra la Procuraduría General de la República en busca de una indemnización, tras haber estado presa más de tres años por un delito que, al final, no se acreditó.
En torno a su estado de alarma permanente, expresó: "Me da miedo por lo que le pueda pasar a mis familiares; he escuchado todo lo que se dice sobre las amenazas de los agentes policiacos, sobre cómo se vengan de la gente que defiende sus derechos, no nos ven bien".
Dijo que la preocupación principal son sus seis hijos, "porque algunos salen todo el día a trabajar y llegan de noche a la casa…, temo que les puedan hacer algo".
Ante el hartazgo de procesos judiciales y ministeriales, adelantó que no presentará denuncia contra la PGR ni otros procedimientos en busca de compensaciones económicas.
Apeló a la "buena fe" de quienes dirigen a la dependencia federal o a la AFI, hoy Policía Ministerial.
"Ojalá, de buena voluntad, me quieran dar algo o apoyarme, porque no he trabajado y las cosas están difíciles; sí he hecho cosas en casa, pero por mis hijos necesito ganar un poco de dinero".
Antes de su aprehensión por el supuesto plagio de seis AFIs, Jacinta vendía agua fresca en los mercados.
Al preguntársele por qué no ha trabajado, afirmó que para una mujer pobre, indígena, sin estudios y con el antecedente de haber estado en la cárcel no es fácil conseguir empleo.
Comentó que su historia es un caso de la violencia que las mujeres mexicanas padecen. "Como yo hay muchas, ahí está el caso de las dos mujeres que siguen en el Cereso: Alberta y Teresa, quienes también fueron acusadas de secuestro y quién sabe cuántos años van a pasar en la cárcel por algo que no cometieron; ojalá también ellas queden libres".
El 3 de agosto de 2006 Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí se enteró de que la acusaban del secuestro de policías, el cual supuestamente se había derivado de un enfrentamiento con comerciantes en la plaza central de la comunidad queretana de Santiago de Mexquititlán, el 27 de marzo de ese mismo año.
Estuvo recluida en el Centro Femenil de San José El Alto hasta el 16 de septiembre de 2009, después de que la PGR desistió de las acusaciones por "duda razonable" de la causa penal.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 20 de noviembre.
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