En un debate donde sólo participaron dos legisladores en contra, el Senado de la República aprobó el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos mediante el cual, quien obtenga la licitación del espectro radioeléctrico para explotación de telefonía celular, no pague los derechos correspondientes por dos años.
El senador Pablo Gómez arremetió contra legisladores del PAN a quienes calificó de “rajones” por cambiar su voto emitido la semana pasada sobre el mismo tema.
Con 66 votos en favor, 38 en contra y tres abstenciones, se avaló la enmienda que la Cámara de Diputados había regresado al Senado. Así terminó el proceso legislativo en la Ley Federal de Derechos y fue turnada al Ejecutivo para su publicación.
El coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, dijo que, para evitar “insidias”, debe quedar claro que la licitación del espectro corre a cargo del gobierno federal, “todo lo demás es bordar sobre la especulación”.
Pablo Gómez, en la sesión, argumentó que la Corte ha determinado que el uso de bienes públicos sin el pago correspondiente de derechos es ilegal, pero aquí, “el poder oligárquico impuso sus intereses económicos más mezquinos, más antinacionales”.
Ricardo García Cervantes, de AN y que en privado amagó dejar su bancada si pasaba la exención, dijo en tribuna que la propuesta es inconstitucional y puede originar una controversia en la Corte o un amparo.
El senador Pablo Gómez arremetió contra legisladores del PAN a quienes calificó de “rajones” por cambiar su voto emitido la semana pasada sobre el mismo tema.
Con 66 votos en favor, 38 en contra y tres abstenciones, se avaló la enmienda que la Cámara de Diputados había regresado al Senado. Así terminó el proceso legislativo en la Ley Federal de Derechos y fue turnada al Ejecutivo para su publicación.
El coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, dijo que, para evitar “insidias”, debe quedar claro que la licitación del espectro corre a cargo del gobierno federal, “todo lo demás es bordar sobre la especulación”.
Pablo Gómez, en la sesión, argumentó que la Corte ha determinado que el uso de bienes públicos sin el pago correspondiente de derechos es ilegal, pero aquí, “el poder oligárquico impuso sus intereses económicos más mezquinos, más antinacionales”.
Ricardo García Cervantes, de AN y que en privado amagó dejar su bancada si pasaba la exención, dijo en tribuna que la propuesta es inconstitucional y puede originar una controversia en la Corte o un amparo.
Sergio Javier Jiménez y Ricardo Gómez, El Universal, 6 de noviembre.
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