En el documento, se afirma que el próximo año las secretarías de Estado reducirán 18 mil 595 plazas, al pasar de 500 mil 79 a 481 mil 484.
Ante las críticas del PRI y PRD sobre el incremento de posiciones de segundo nivel en la estructura gubernamental, el Gobierno afirma que desaparecerán 45 subsecretarías, oficialías mayores, jefes de unidad y directores generales.
Aunque en el análisis se reconoce que de 2000 a 2009 se crearon 958 de esos cargos, se argumenta que en la actual administración los sueldos se redujeron en 23 por ciento, lo que -aunado al "congelamiento" registrado desde 2000- representa 40 por ciento menos en términos reales.
Se asegura que durante esta administración se dio el mayor crecimiento de plazas, al pasar de 602 mil 555 a 643 mil 550.
Sin embargo, lo justifica con la incorporación de 42 mil 230 elementos en seguridad, de los cuales 26 mil 408 fueron registrados en la SSP, 8 mil 212 en la Defensa, mil 795 en la PGR y 821 en la Marina, entre otros. Además, indica, más de 9 mil fueron al sector salud, 5 mil 292 a agricultura y 5 mil 259 a educación.
"En gastos de la administración, operación y servicios en la Administración Pública Federal se proponen ahorros netos por 66 mil 430 millones de pesos, los cuales se integran por 27 mil 700 millones de pesos en servicios personales y 38 mil 730 millones de pesos en gasto administrativo y de operación.
"El incremento en los operativos de las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad repercuten en un mayor gasto de operación, además de que ahora se debe atender a un mayor número de familias, esto implica mayor operación de las nuevas clínicas y hospitales, así como compra de medicamentos y vacunas".
Para reducir el gasto, presume, las acciones más relevantes son la eliminación de tres secretarías, la reducción en 10 por ciento del gasto de delegaciones de secretarías y otro 10 por ciento en embajadas y representaciones de México en el exterior.
El Ejecutivo federal pone énfasis en la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, pues afirma que se disminuye en 22 por ciento el presupuesto de la administración, lo que equivale a 6 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras no fueron incorporadas al informe de impacto presupuestal enviado al Senado.
En el informe se asegura además que el Gobierno ha asumido un compromiso para lograr mayor eficiencia y transparencia, por lo que también se plantean medidas de fiscalización y seguimiento a los recursos transferidos a estados y municipios.
"No se ministrarán subsidios y gastos reasignados a las entidades federativas o municipios que presenten adeudos en el pago de contribuciones, con excepción de los casos en los que ya se hayan adherido al esquema de regularización de adeudos y estén al corriente. No aplica en el Ramo 33", añade el informe.
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