Castigados, todos los abusos de militares

El Ejército mexicano ha dado seguimiento a cada una de las denuncias contra miembros de su personal desplegado en el país, acusados de cometer abusos durante la lucha que libra contra el narcotráfico; motivo por el cual los presuntos responsables de delitos se encuentran bajo proceso de la justicia militar o en el ámbito civil.

De acuerdo con una investigación realizada por MILENIO, la justicia castrense tomó las medidas correspondientes para sancionar las arbitrariedades de su personal, las cuales ha hecho públicas, además de que ha atendido las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre estos asuntos, destacan los recientemente señalados por Amnistía Internacional, como la desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la de dos civiles en Ciudad Juárez, Chihuahua; el de 25 policías arraigados en Tijuana; la desaparición de Saúl Becerra Reyes (en Ciudad Juárez) y cuatro detenciones arbitrarias en Rosarito, Baja California.

Los soldados que se han visto involucrado en delitos que han afectado a la población civil fueron procesados de conformidad con los delitos señalados en la legislación militar, observando las circunstancias de los hechos, considerándose las agravantes y atenuantes que existen, tal y como ocurre en el ámbito penal civil.

Las penas contra los presuntos responsables varían de un caso a otro, pero siempre dentro de los parámetros establecidos.

Un ejemplo es el caso Nuevo Laredo: el pasado 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional atendió la denuncia sobre la de-saparición de Miguel Ángel Gama Habid, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.

Con relación a esos sucesos, la Procuraduría General de Justicia Militar inició la averiguación previa número GN/LAREDO/02/2009, en la que se realizaron investigaciones, con el fin de determinar la participación de personal
militar en esa desaparición.

Posteriormente, con fecha 8 de mayo de 2009, se determinó ejercitar acción penal contra un jefe, tres oficiales y ocho elementos de tropa, asunto en que el juez segundo militar adscrito a la primera Región Miltar dictó auto de formal prisión contra el mismo personal dentro de la causa penal número 350/2009.

Otro asunto es la desaparición de dos civiles en Ciudad Juárez. En este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 44/2009, pidiendo a la Sedena que se repararan los daños a los agraviados.

Por ello, se dio vista a la Procuraduría General de Justicia Militar, la cual inició una indagatoria contra los soldados involucrados.

La CNDH recibió la contestación de la Sedena, donde dio aceptación a la recomendación, la cual se comprometió cumplir de conformidad con los resultados de la correspondiente averiguación previa que tiene abierta la procuraduría militar contra quien resulte responsable, con número CD. JUAREZ /09/2009, la cual se inició aproximadamente seis meses antes de que fuera emitida la recomendación de la CNDH, y que está en curso.

De igual manera, destaca el caso de 25 policías arraigados en Tijuana, Baja California. En este asunto el agente del Ministerio Público federal con residencia en ese municipio, dentro de la averiguación previa PGR/BC/TIJ/717/09/M-II, solicitó a un juez penal federal especializado el arraigo del citado personal policiaco en instalaciones militares, debido a las condiciones de la plaza, para evitar cualquier tipo de rescate por parte de miembros del cártel de Tijuana.

Es decir, el Ejército no se extralimitó en sus facultades, sino que sólo cumplió con lo ordenado por un impartidor de justicia para impedir un rescate de supuestos miembros del crimen organizado.

Algunos asuntos más están relacionados con el caso de la de-saparición de Saúl Becerra Reyes, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con cuatro detenciones arbitrarias en Rosarito, Baja California.

En ambos casos no existe registro donde se mencione que hay recomendaciones emitidas por la CNDH a la Sedena.

Otros casos a los que ha dado seguimiento la institución castrense tienen que ver con el denominado “Caso Castaños”, en el cual el Ejército mexicano abrió un Consejo de Guerra contra personal militar involucrado en los sucesos del 11 de julio de 2006, donde se determinó su culpabilidad por el delito de abandono de servicio; entre los acusados hay un oficial y cinco elementos de tropa, a quienes se sentenció a dos años de prisión y un año seis meses, respectivamente.

A estos militares se les castigó por delito de abuso sexual contra varias mujeres; tres elementos de tropa fueron puestos de disposición de las instancias del fuero común de Coahuila, donde actualmente cumplen sus penas en el Centro de Readaptación Social de Monclova, en virtud de que al cometer este delito ya no se encontraban en actos del servicio, sino que lo habían abandonado.

En cada uno de los casos antes mencionados se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes para determinar la responsabilidad y castigar legalmente a los responsables; es por ello que hay militares sujetos a proceso y enfrentan su castigo en prisiones castrenses.

Inversión
En lo que va del sexenio, la Unión Europea y México, por medio de un acuerdo bilateral, invirtieron mil millones 714 mil euros para le defensa de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico.

La embajadora Marie Anne Coninsx de la UE en México advirtió que hay un temor de que los cárteles lleguen a su región, por lo que apoyarán al país en la lucha contra el crimen organizado y el apoyo en materia de derechos humanos.

“Tenemos que reforzar el respeto y las libertades fundamentales en los países y las regiones donde se ven amenazados”, declaró la Unión Europea.

Asuntos relevantes
Otro de los asuntos relevantes que el Ejército ordenó investigar y castigar fue el suceso del 26 de marzo de 2008 en la comunidad de Santiago de Los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa, en el cual perdieron la vida dos militares y cuatro civiles y también resultaron lesionados dos soldados y un civil.

En este caso, los militares dispararon contra los ocupantes de un vehículo que no respetaron el alto en un filtro de revisión, civiles que no estaban armados.

El 4 de abril de ese mismo año, la procuraduría castrense consignó ante el juez militar de la tercera Región Militar, en Mazatlán, la averiguación previa número 9ZM/17/2008 contra el teniente de infantería, Víctor Ruiz Martínez; cabo de infantería, Antonio Rojas Reyes y los soldados de infantería Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Balam May. Se les responsabilizó de la muerte de los civiles, así como de los soldados.
Rubén Mosso, Reforma, 14 de diciembre.

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