Acusado de violar los derechos humanos de civiles a manos del Ejército, el Estado mexicano deberá presentarse en 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las audiencias públicas de tres casos.
Los procesos iniciaron por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mientras realizaban actividades relacionadas con la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico en Guerrero.
Dos son las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en Guerrero en 2002. El otro es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados para que confesaran portación ilegal de armas y droga.
La defensa de las víctimas está a cargo del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), con sede en San José de Costa Rica y organismos nacionales de derechos humanos.
Alejandra Nuño, directora de CEJIL Mesoamérica, informó que en la resolución de los casos la Corte Interamericana podría pronunciarse respecto al tema de la jurisdicción militar en México, que impide que las víctimas accedan a la justicia.
"La Corte podría pedir que México reformara tanto sus prácticas como su marco legal. Ha habido casos donde ha ordenado que los Estados modifiquen su Constitución, como fue el caso de Chile para el caso de la censura previa", dijo.
La abogada prevé que la Corte no dará relevancia a la defensa del Estado mexicano sobre la jurisdicción militar.
"Ése argumento no es nuevo. En su momento lo utilizaron Perú, Colombia, pero la Corte desechó los argumentos.
"Esperaríamos que la Corte sea consecuente. La Convención Americana es muy clara en el tema de imparcialidad, de independencia, del derecho natural, de una serie de garantías que a nuestro juicio no están siendo respetadas a través del mal uso de la jurisdicción militar", afirmó.
Los casos de abuso militar, señaló Nuño, no se reducen a estos tres asuntos de los que la Corte tiene conocimiento, sino por el contrario, se han incrementado a raíz de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Refirió que la "obstinada insistencia" de México en enviar a la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares tiene como consecuencia la impunidad.
"El acceso a la justicia sigue siendo una utopía para las víctimas de violaciones a derechos humanos", dijo.
Las organizaciones que representan y defienden a las víctimas de estos hechos ya presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos, y pruebas.
Antes de convocar a audiencia, el Estado mexicano deberá enviar sus observaciones por escrito a la Corte.
Actualmente, México espera sentencia de la Corte Interamericana para el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y por la desaparición del guerrerense Rosendo Radilla durante la Guerra Sucia.
Los procesos iniciaron por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mientras realizaban actividades relacionadas con la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico en Guerrero.
Dos son las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en Guerrero en 2002. El otro es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados para que confesaran portación ilegal de armas y droga.
La defensa de las víctimas está a cargo del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), con sede en San José de Costa Rica y organismos nacionales de derechos humanos.
Alejandra Nuño, directora de CEJIL Mesoamérica, informó que en la resolución de los casos la Corte Interamericana podría pronunciarse respecto al tema de la jurisdicción militar en México, que impide que las víctimas accedan a la justicia.
"La Corte podría pedir que México reformara tanto sus prácticas como su marco legal. Ha habido casos donde ha ordenado que los Estados modifiquen su Constitución, como fue el caso de Chile para el caso de la censura previa", dijo.
La abogada prevé que la Corte no dará relevancia a la defensa del Estado mexicano sobre la jurisdicción militar.
"Ése argumento no es nuevo. En su momento lo utilizaron Perú, Colombia, pero la Corte desechó los argumentos.
"Esperaríamos que la Corte sea consecuente. La Convención Americana es muy clara en el tema de imparcialidad, de independencia, del derecho natural, de una serie de garantías que a nuestro juicio no están siendo respetadas a través del mal uso de la jurisdicción militar", afirmó.
Los casos de abuso militar, señaló Nuño, no se reducen a estos tres asuntos de los que la Corte tiene conocimiento, sino por el contrario, se han incrementado a raíz de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Refirió que la "obstinada insistencia" de México en enviar a la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares tiene como consecuencia la impunidad.
"El acceso a la justicia sigue siendo una utopía para las víctimas de violaciones a derechos humanos", dijo.
Las organizaciones que representan y defienden a las víctimas de estos hechos ya presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos, y pruebas.
Antes de convocar a audiencia, el Estado mexicano deberá enviar sus observaciones por escrito a la Corte.
Actualmente, México espera sentencia de la Corte Interamericana para el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y por la desaparición del guerrerense Rosendo Radilla durante la Guerra Sucia.
Silvia Garduño, Reforma, 10 de diciembre.
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