FCH propone decálogo de reformas políticas

Al presentar su propuesta de reforma política, que modifica 20 artículos de la Constitución, el presidente Felipe Calderón Hinojosa planteó al Congreso que los comicios para presidente de la República se puedan resolver en una segunda vuelta, en caso de que en la primera ningún candidato obtenga más de la mitad de los sufragios emitidos.

Con este sistema de elección por mayoría absoluta “se asegura que gane quien tenga el mayor apoyo, contribuyendo a generar un mandato más claro”, se fortalece la legitimidad del funcionario electo y permite que el ciudadano perfile en la segunda vuelta sus preferencias de manera más clara, informó.

La primera vuelta sería el primer domingo de julio y la segunda en la misma fecha que las legislativas, en el segundo domingo de agosto, para que el votante considere el balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; además, esto permite las coaliciones y asociaciones, una vez calculadas las posibilidades reales de triunfo.

En el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos presentó un primer tramo de reformas a 20 artículos de la Constitución, además de adiciones y derogaciones a otros 13, “que buscan dos objetivos centrales: fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político, e instituir mecanismos para consolidar las instituciones”, dice la propuesta.

El titular del Ejecutivo federal abrió la posibilidad para la definición de candidaturas independientes a nivel constitucional para todo cargo de elección popular, cuyo financiamiento, fiscalización y acceso a medios se deberá fijar en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el paquete que entregó ayer al Senado en 42 páginas.

Calderón quiere que los partidos conserven el registro y accedan a financiamiento público sólo si obtienen 4% de los votos, contra el actual 2% de margen.

Planteó que se deje en libertad a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecer los alcances de la elección consecutiva hasta por 12 años de alcaldes, ayuntamientos y jefes delegacionales en la ciudad de México, que podrán repetir transcurrido un periodo para evitar “cacicazgos”.

Así, los ediles o jefes delegacionales podrán aplicar planes de largo aliento y el ciudadano tendrá la oportunidad de premiar a quien gobierne bien, pero “quien gobierne mal o mediocremente, que se vaya”.

Ajustes al Legislativo

Calderón ratificó la reducción de Diputados, de 500 a 400, de los cuales 240 serían de mayoría y 160 de representación proporcional, mientras que el Senado de la República pasaría de 128 a 96 integrantes. Para ello habría una redistritación, de 300 actuales a 240.

Reducir la integración del Congreso “facilitará la construcción de acuerdos, permitirá una toma de decisiones más rápida (…) y contribuirá a superar la parálisis legislativa, además de generar ahorros presupuestales”, asentó.

La reelección de senadores y diputados —que en el caso local definirá la Legislatura de cada estado y la ALDF— hasta por 12 años devuelve esa potestad al ciudadano perdida desde 1933, dota de mayor eficiencia al Poder Legislativo y reconoce la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos, aseguró.

Calderón pidió que el Poder Ejecutivo pueda, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, presentar dos iniciativas preferentes, las cuales deberán ser dictaminadas y votadas por el Legislativo, pero en caso contrario se darán por aprobadas; si es cambio a la Constitución se someterá a referéndum, cuya aprobación deberá ser de dos terceras partes de los ciudadanos participantes y más de la mitad en la mayoría de las entidades.

Veto parcial

Insistió en el plan de que exista la figura de iniciativa de ley ciudadana; que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas en el ámbito de su competencia, como el amparo, controversias y acciones de constitucionalidad.

Incorpora el “veto parcial”, al facultar al Ejecutivo a hacer observaciones parciales o totales a leyes y al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos “para evitar riesgos en la conducción de las finanzas públicas”, además de establecer la figura de la “reconstrucción presupuestal”.
Jorge Ramos, EL Universal, 16 de diciembre.

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