El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que son “dichos y percepciones” los señalamientos sobre abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, en el combate al crimen organizado, algunos vertidos por Amnistía Internacional (AI) y organismos sociales y empresariales en Tijuana y Ciudad Juárez.
“Ya hemos dicho: frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en las reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos.
“Que en donde se materialice evidencia se procederá en su contra, porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente.”
—¿A pesar de lo que digan representantes del sector empresarial?
—Pues depende quién y por qué. Puede ser un problema de percepciones, pero para actuar en contra de alguien se requiere el principio de evidencia, ese es un principio fundamentalmente democrático, no sólo de dichos sino de evidencia.
Empresarios piden apoyo
Aseguró en entrevista en Los Pinos, que son “muchísimos empresarios” los que están pidiendo que se fortalezca la presencia de la autoridad, porque no quieren dejar el espacio abierto al abuso de las organizaciones criminales, incluyendo en Ciudad Juárez y en Tijuana.
—¿Sobre el reporte de AI y la opacidad en la justicia militar?
—Ya hemos hablado sobre eso, ahí hay una discusión de lenguaje, pero evidentemente las instituciones están haciendo algo para superar algún problema de percepciones.
Analizarán reporte
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación se refirió al informe de Amnistía Internacional y al respecto se comprometió a analizarlo con detenimiento y dijo que en su momento formulará las consideraciones puntuales pertinentes.
Explicó que el gobierno federal reconoce las consecuencias que la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada, pudiera generar en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlas.
La dependencia señaló que el Estado mexicano tiene plena voluntad y capacidad para sancionar a las autoridades y servidores públicos que pudieran cometer cualquier violación de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
Aseguró que las Fuerzas Armadas han adoptado las medidas necesarias para sancionar a aquellos efectivos que atentan contra los derechos humanos, la disciplina militar, el honor de la institución y su función social.
La Secretaría de Gobernación comentó que en México los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho.
“Ya hemos dicho: frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en las reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos.
“Que en donde se materialice evidencia se procederá en su contra, porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente.”
—¿A pesar de lo que digan representantes del sector empresarial?
—Pues depende quién y por qué. Puede ser un problema de percepciones, pero para actuar en contra de alguien se requiere el principio de evidencia, ese es un principio fundamentalmente democrático, no sólo de dichos sino de evidencia.
Empresarios piden apoyo
Aseguró en entrevista en Los Pinos, que son “muchísimos empresarios” los que están pidiendo que se fortalezca la presencia de la autoridad, porque no quieren dejar el espacio abierto al abuso de las organizaciones criminales, incluyendo en Ciudad Juárez y en Tijuana.
—¿Sobre el reporte de AI y la opacidad en la justicia militar?
—Ya hemos hablado sobre eso, ahí hay una discusión de lenguaje, pero evidentemente las instituciones están haciendo algo para superar algún problema de percepciones.
Analizarán reporte
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación se refirió al informe de Amnistía Internacional y al respecto se comprometió a analizarlo con detenimiento y dijo que en su momento formulará las consideraciones puntuales pertinentes.
Explicó que el gobierno federal reconoce las consecuencias que la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada, pudiera generar en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlas.
La dependencia señaló que el Estado mexicano tiene plena voluntad y capacidad para sancionar a las autoridades y servidores públicos que pudieran cometer cualquier violación de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
Aseguró que las Fuerzas Armadas han adoptado las medidas necesarias para sancionar a aquellos efectivos que atentan contra los derechos humanos, la disciplina militar, el honor de la institución y su función social.
La Secretaría de Gobernación comentó que en México los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho.
Jorge ramos, El Universal, 9 de diciembre.
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