Si los estados y la Federación no aportan los recursos necesarios para implementar las recientes reformas constitucionales en materia penal, éstas se convertirán en el fracaso más grande de la justicia mexicana en el último siglo.
Esta fue la advertencia que le hizo ayer el comité directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), al Presidente de la República, Felipe Calderón, durante una reunión en Los Pinos en la que se expusieron los avances de los tribunales en el proceso de modernización de la impartición de justicia.
"Sobre ello (la asignación de recursos) abundó la plática, (también) en que es necesario que no se puede quedar en una reforma jurídica exclusivamente. No basta con que en la Constitución se establezcan los juicios orales, sino que derivado de ello se requieren serios y muy importantes recursos económicos.
"Si no se invierte en los juicios orales, la administración del Presidente, en donde estamos inmersos todos los que estamos al frente de órganos de impartición de justicia, quedaremos señalados como el fracaso más importante que ha tenido la justicia en los últimos 100 años, de ese tamaño es el problema", sostuvo Rodolfo Campos, miembro del comité y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.
Tras el encuentro, el también Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, afirmó que por la escasez de recursos, las entidades enfrentan serios problemas para implementar no sólo las nuevas disposiciones en materia de oralidad, sino también de narcomenudeo y justicia para adolescentes.
En conferencia, acusó a los gobiernos federal y estatales de no haber entregado hasta el momento "ni un solo peso" para contratar a más personal; capacitar a su plantilla de empleados; mejorar la infraestructura ya existente; y construir nuevos inmuebles.
Este año, la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para Implementar la Reforma Penal -que es un órgano desconcentrado de la Segob- cuenta con un presupuesto de casi 600 millones de pesos. Además, faltan todavía seis años y medio para que se cumpla el periodo de transición a la oralidad, que marca la Constitución.
Por el Gobierno federal estuvieron presentes el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, y el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. También acudió el Ministro Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Esta fue la advertencia que le hizo ayer el comité directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), al Presidente de la República, Felipe Calderón, durante una reunión en Los Pinos en la que se expusieron los avances de los tribunales en el proceso de modernización de la impartición de justicia.
"Sobre ello (la asignación de recursos) abundó la plática, (también) en que es necesario que no se puede quedar en una reforma jurídica exclusivamente. No basta con que en la Constitución se establezcan los juicios orales, sino que derivado de ello se requieren serios y muy importantes recursos económicos.
"Si no se invierte en los juicios orales, la administración del Presidente, en donde estamos inmersos todos los que estamos al frente de órganos de impartición de justicia, quedaremos señalados como el fracaso más importante que ha tenido la justicia en los últimos 100 años, de ese tamaño es el problema", sostuvo Rodolfo Campos, miembro del comité y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.
Tras el encuentro, el también Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, afirmó que por la escasez de recursos, las entidades enfrentan serios problemas para implementar no sólo las nuevas disposiciones en materia de oralidad, sino también de narcomenudeo y justicia para adolescentes.
En conferencia, acusó a los gobiernos federal y estatales de no haber entregado hasta el momento "ni un solo peso" para contratar a más personal; capacitar a su plantilla de empleados; mejorar la infraestructura ya existente; y construir nuevos inmuebles.
Este año, la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para Implementar la Reforma Penal -que es un órgano desconcentrado de la Segob- cuenta con un presupuesto de casi 600 millones de pesos. Además, faltan todavía seis años y medio para que se cumpla el periodo de transición a la oralidad, que marca la Constitución.
Por el Gobierno federal estuvieron presentes el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, y el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. También acudió el Ministro Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Antonio Baranda, Reforma, 21 de enero.
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