WASHINGTON.— Cuando al inmigrante mexicano Luis Ramírez lo asesinaron en medio de insultos racistas y una brutal paliza en julio de 2008, en Shenandoah, Pennsylvania, de poco sirvieron las súplicas y reclamos de justicia de su viuda y madre de sus hijos, Crystal Dillman.
A menos de un año de este crimen de odio a sangre fría, los principales inculpados, los adolescentes, Derrick Donchak y Brandon Piekarsky, fueron exonerados de los cargos más graves por una corte estatal, lo que causó indignación en la comunidad hispana, harta de los abusos y de los actos obstruccionistas de la policía de Shenandoah en unas labores de investigación que, este año, tendrán que agotarse y sustanciarse ante una corte federal tras la intervención y apertura de una nueva investigación ordenada por el FBI, y que estará bajo la supervisión de Thomas E. Pérez, subsecretario de Justicia para los Derechos Civiles.
En medio de una escalada de ataques racistas, que según estadísticas del FBI, se han disparado entre 40% y 50% en el curso de los últimos años contra la comunidad latina, el caso de Luis Ramírez se ha convertido en el símbolo de la impunidad con la que siguen actuando grupos supremacistas y xenófobos que han dado rienda suelta a su cacería contra inmigrantes.
Según la Conferencia del Liderazgo en Derechos Civiles (LCCREF por sus siglas en inglés), una de las coaliciones más antiguas y diversas en EU, en los casi 20 años desde que fue aprobada la Ley de Estadísticas de Crímenes de Odio contra Inmigrantes o Minorías, se han documentado un promedio de 7 mil 500 anualmente, es decir, casi uno cada hora de cada día.
En algunos casos, con la complicidad de autoridades policiales como ha ocurrido en la localidad de Shenandoah, donde al menos tres oficiales de la policía han sido acusados de obstrucción a la justicia y de haberle mentido a los agentes del FBI en el caso del inmigrante asesinado, que era originario de Irámuco, Guanajuato.
Precisamente, siete semanas después de la muerte del inmigrante mexicano, una multitud de manifestantes que incluían a varios miembros del grupo supremacista blanco Keystone State Skinheads, se arracimó en torno a un orador que dijo que Luis Ramírez seguiría vivo “si se hubiera quedado en su propio país”.
“La división de derechos civiles está lista para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de odio” ha dicho Thomas E. Pérez, el hombre designado por el presidente Barack Obama para tratar de contrarrestar la escalada de violencia y odio racista contra las minorías y la comunidad inmigrante, que se ha acentuado en medio de un ambiente de recesión económica y la atmósfera de paranoia y rechazo generados, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La preocupante escalada de violencia contra la comunidad inmigrante ha sido denunciada por una nutrida lista de organizaciones defensoras de los derechos civiles, líderes religiosos, activistas comunitarios y dirigentes políticos como el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien, en un reciente acto de repudio contra crímenes de odio racista como el que acabó con la vida del mexicano Luis Ramírez, aseguró:
“Cuando alguien es brutalmente asesinado simplemente por su raza u origen étnico, se comete un crimen contra nuestras comunidades y los valores de nuestra nación”.
A menos de un año de este crimen de odio a sangre fría, los principales inculpados, los adolescentes, Derrick Donchak y Brandon Piekarsky, fueron exonerados de los cargos más graves por una corte estatal, lo que causó indignación en la comunidad hispana, harta de los abusos y de los actos obstruccionistas de la policía de Shenandoah en unas labores de investigación que, este año, tendrán que agotarse y sustanciarse ante una corte federal tras la intervención y apertura de una nueva investigación ordenada por el FBI, y que estará bajo la supervisión de Thomas E. Pérez, subsecretario de Justicia para los Derechos Civiles.
En medio de una escalada de ataques racistas, que según estadísticas del FBI, se han disparado entre 40% y 50% en el curso de los últimos años contra la comunidad latina, el caso de Luis Ramírez se ha convertido en el símbolo de la impunidad con la que siguen actuando grupos supremacistas y xenófobos que han dado rienda suelta a su cacería contra inmigrantes.
Según la Conferencia del Liderazgo en Derechos Civiles (LCCREF por sus siglas en inglés), una de las coaliciones más antiguas y diversas en EU, en los casi 20 años desde que fue aprobada la Ley de Estadísticas de Crímenes de Odio contra Inmigrantes o Minorías, se han documentado un promedio de 7 mil 500 anualmente, es decir, casi uno cada hora de cada día.
En algunos casos, con la complicidad de autoridades policiales como ha ocurrido en la localidad de Shenandoah, donde al menos tres oficiales de la policía han sido acusados de obstrucción a la justicia y de haberle mentido a los agentes del FBI en el caso del inmigrante asesinado, que era originario de Irámuco, Guanajuato.
Precisamente, siete semanas después de la muerte del inmigrante mexicano, una multitud de manifestantes que incluían a varios miembros del grupo supremacista blanco Keystone State Skinheads, se arracimó en torno a un orador que dijo que Luis Ramírez seguiría vivo “si se hubiera quedado en su propio país”.
“La división de derechos civiles está lista para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de odio” ha dicho Thomas E. Pérez, el hombre designado por el presidente Barack Obama para tratar de contrarrestar la escalada de violencia y odio racista contra las minorías y la comunidad inmigrante, que se ha acentuado en medio de un ambiente de recesión económica y la atmósfera de paranoia y rechazo generados, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La preocupante escalada de violencia contra la comunidad inmigrante ha sido denunciada por una nutrida lista de organizaciones defensoras de los derechos civiles, líderes religiosos, activistas comunitarios y dirigentes políticos como el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien, en un reciente acto de repudio contra crímenes de odio racista como el que acabó con la vida del mexicano Luis Ramírez, aseguró:
“Cuando alguien es brutalmente asesinado simplemente por su raza u origen étnico, se comete un crimen contra nuestras comunidades y los valores de nuestra nación”.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 9 de enero.
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