El Ejército mexicano sigue en el ojo del huracán de los organismos internacionales de derechos humanos.
En su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) condenó que en México persistan violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, en gran medida porque estos actos son turnados a la jurisdicción militar.
"México es un caso que se ha disparado el año pasado. A nivel hemisférico es un caso notable.
"El Presidente (Felipe) Calderón sigue basando la lucha contra las drogas y el crimen organizado en la labor de las Fuerzas Armadas. El Ejército sigue siendo denunciado como responsable de casos de asesinatos, de ejecuciones, de torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias que se han disparado en los últimos tres años", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
El organismo con sede en Washington indicó que en el marco de la lucha contra el crimen organizado, los elementos de las Fuerzas Armadas han cometido abusos graves de derechos humanos, lo que ha propiciado un incremento en las denuncias en su contra, según datos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El reporte alerta del modo de operar de los soldados para ejercer sus funciones.
"En febrero de 2009, por ejemplo, un grupo de soldados detuvo arbitrariamente a un indígena en Oaxaca durante seis horas y lo sometió a golpizas y técnicas de asfixia por inmersión.
"En marzo, varios soldados detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinaron reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico. En agosto, un grupo de soldados detuvo a dos hombres en Morelos, los amenazaron de muerte, les vendaron los ojos y los golpearon", indica.
En diciembre, Amnistía Internacional publicó un informe que da cuenta de casos actuales de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército. Ese mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para acotar el fuero castrense, luego de que emitiera sentencia por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla en la década de los 70.
Vivanco señaló que aunque México rechazó las recomendaciones realizadas en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas relativas al fuero militar, y que en general, no existe voluntad política para modernizarlo, tendrá que hacerlo para cumplir la sentencia de la CIDH.
"Una cosa son las posiciones políticas que mantiene el Gobierno actual ante los organismos internacionales pero otra cosa muy distinta es la actitud que un gobierno puede tener ante un fallo de la Corte.
"Los fallos son inapelables y están hechos para cumplirse. En América Latina, hasta ahora, los fallos de la Corte Interamericana, salvo Venezuela, han sido acatados", sostuvo.
En su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) condenó que en México persistan violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, en gran medida porque estos actos son turnados a la jurisdicción militar.
"México es un caso que se ha disparado el año pasado. A nivel hemisférico es un caso notable.
"El Presidente (Felipe) Calderón sigue basando la lucha contra las drogas y el crimen organizado en la labor de las Fuerzas Armadas. El Ejército sigue siendo denunciado como responsable de casos de asesinatos, de ejecuciones, de torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias que se han disparado en los últimos tres años", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
El organismo con sede en Washington indicó que en el marco de la lucha contra el crimen organizado, los elementos de las Fuerzas Armadas han cometido abusos graves de derechos humanos, lo que ha propiciado un incremento en las denuncias en su contra, según datos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El reporte alerta del modo de operar de los soldados para ejercer sus funciones.
"En febrero de 2009, por ejemplo, un grupo de soldados detuvo arbitrariamente a un indígena en Oaxaca durante seis horas y lo sometió a golpizas y técnicas de asfixia por inmersión.
"En marzo, varios soldados detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinaron reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico. En agosto, un grupo de soldados detuvo a dos hombres en Morelos, los amenazaron de muerte, les vendaron los ojos y los golpearon", indica.
En diciembre, Amnistía Internacional publicó un informe que da cuenta de casos actuales de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército. Ese mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para acotar el fuero castrense, luego de que emitiera sentencia por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla en la década de los 70.
Vivanco señaló que aunque México rechazó las recomendaciones realizadas en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas relativas al fuero militar, y que en general, no existe voluntad política para modernizarlo, tendrá que hacerlo para cumplir la sentencia de la CIDH.
"Una cosa son las posiciones políticas que mantiene el Gobierno actual ante los organismos internacionales pero otra cosa muy distinta es la actitud que un gobierno puede tener ante un fallo de la Corte.
"Los fallos son inapelables y están hechos para cumplirse. En América Latina, hasta ahora, los fallos de la Corte Interamericana, salvo Venezuela, han sido acatados", sostuvo.
Silvia Garduño, Reforma, 21 de enero.
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