Durante 2009, la comunidad internacional presionó fuertemente al Estado mexicano para que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército fueran juzgadas por tribunales civiles, a grado tal que la Corte Interamericana (CIDH) obligó a México a modificar el Código de Justicia Militar.
En abril, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que cuestionó la efectividad del sistema de justicia castrense, pues no existen condenas penales, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México en junio por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que la justicia militar mexicana actualmente procesa seis casos, que en tres casos se consignó a 32 efectivos del Ejército y que se tienen registradas nueve sentencias contra 14 elementos de la institución.
Cuando HRW pidió ampliar esta información, el Gobierno mexicano no entregó suficiente evidencia, no entregó copia de órdenes de aprehensión, de los autos de formal prisión, de los expedientes judiciales ni de las sentencias, incluyendo información sobre las penas impuestas.
A través del EPU, Naciones Unidas hizo cinco recomendaciones al Estado mexicano para garantizar que la jurisdicción civil conozca los casos de abusos cometidos por soldados.
Estas recomendaciones fueron rechazadas por México, junto con las que tenían que ver con la abolición de la práctica del arraigo y la adecuación de la definición de delincuencia organizada.
A principios de diciembre, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que señala que los abusos de militares en contra de civiles -como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera- son habituales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
AI cuestionó que el sistema de justicia militar mexicano sea contrario a normas internacionales de derechos humanos, que exigen que las violaciones sean investigadas de forma imparcial.
El 15 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en manos de militares, ocurrida en el contexto de la Guerra Sucia y ordenó modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sean juzgadas por tribunales civiles.
En espera
En 2010, el Estado mexicano deberá presentarse ante la CIDH en las audiencias públicas por diferentes casos.
· Uno es el de las mujeres indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en Guerrero en 2002.
· Otro es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados para que confesaran portación ilegal de armas y droga.
· El 15 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en manos de militares.
En abril, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que cuestionó la efectividad del sistema de justicia castrense, pues no existen condenas penales, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México en junio por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que la justicia militar mexicana actualmente procesa seis casos, que en tres casos se consignó a 32 efectivos del Ejército y que se tienen registradas nueve sentencias contra 14 elementos de la institución.
Cuando HRW pidió ampliar esta información, el Gobierno mexicano no entregó suficiente evidencia, no entregó copia de órdenes de aprehensión, de los autos de formal prisión, de los expedientes judiciales ni de las sentencias, incluyendo información sobre las penas impuestas.
A través del EPU, Naciones Unidas hizo cinco recomendaciones al Estado mexicano para garantizar que la jurisdicción civil conozca los casos de abusos cometidos por soldados.
Estas recomendaciones fueron rechazadas por México, junto con las que tenían que ver con la abolición de la práctica del arraigo y la adecuación de la definición de delincuencia organizada.
A principios de diciembre, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que señala que los abusos de militares en contra de civiles -como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera- son habituales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
AI cuestionó que el sistema de justicia militar mexicano sea contrario a normas internacionales de derechos humanos, que exigen que las violaciones sean investigadas de forma imparcial.
El 15 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en manos de militares, ocurrida en el contexto de la Guerra Sucia y ordenó modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sean juzgadas por tribunales civiles.
En espera
En 2010, el Estado mexicano deberá presentarse ante la CIDH en las audiencias públicas por diferentes casos.
· Uno es el de las mujeres indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en Guerrero en 2002.
· Otro es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados para que confesaran portación ilegal de armas y droga.
· El 15 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en manos de militares.
Silvia Garduño, Reforma, 3 de enero.
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