A casi dos años de que el Gobierno de Chihuahua solicitara la intervención de la Federación para detener la ola de violencia en la entidad, los resultados que ambas administraciones presentan están lejos del objetivo anunciado en su momento por el Presidente Felipe Calderón y por el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Y es que el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, sustentado en la presencia del Ejército y la colaboración de los gobiernos estatal y municipales para disuadir a grupos criminales, no ha evitado el impresionante incremento de ejecuciones y ha mostrado deficiencias en la coordinación de las fuerzas de seguridad.
Según estadísticas de REFORMA, la entidad gobernada por José Reyes Baeza registró 130 ejecuciones en 2006 y 148 al año siguiente, pero la cifra se disparó a mil 652 en 2008 y rebasó las 2 mil muertes violentas el año pasado a pesar de la presencia de 8 mil 500 efectivos militares en la entidad.
Y, en los primeros 13 días del presente año, ya suman 120 los ejecutados.
Hoy, autoridades de los tres órdenes de Gobierno se reunirán para evaluar la situación y tomar decisiones de reforzamiento de operativos.
En ese contexto, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció ayer el envío de 2 mil efectivos a Ciudad Juárez para apoyar las acciones del Ejército. Se informó que agentes castrenses serían desplazados a zonas rurales y dejarían en policías federales las acciones urbanas.
También ayer la Comisión Permanente pidió para la próxima semana la comparecencia de García Luna al advertir que sigue sin haber resultados positivos no sólo en Chihuahua, sino en otros estados.
En Chihuahua antes se registraba una batalla entre grupos antagónicos y ahora ésta se extendió a la sociedad civil: restaurantes, discotecas y hasta camiones de transporte urbano han sido incendiados.
Una de las principales activistas de derechos humanos, Josefina Reyes, fue asesinada el pasado 3 de enero, lo que ha catalizado las protestas por el fracaso del operativo conjunto.
El líder de la Canaco en Juárez, Daniel Murguía, sintetizó el problema: "Los juarenses no sólo están cerrando sus negocios para irse a la vecina Ciudad (de El Paso, Texas): están cerrando para irse a otros estados donde sí les brinden seguridad". En el Municipio han dejado de operar 6 mil negocios por la inseguridad.
Mientras que allí se reportaron 911 homicidios en 2009, a unos metros, en El Paso, se registraron sólo 4.
Y es que el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, sustentado en la presencia del Ejército y la colaboración de los gobiernos estatal y municipales para disuadir a grupos criminales, no ha evitado el impresionante incremento de ejecuciones y ha mostrado deficiencias en la coordinación de las fuerzas de seguridad.
Según estadísticas de REFORMA, la entidad gobernada por José Reyes Baeza registró 130 ejecuciones en 2006 y 148 al año siguiente, pero la cifra se disparó a mil 652 en 2008 y rebasó las 2 mil muertes violentas el año pasado a pesar de la presencia de 8 mil 500 efectivos militares en la entidad.
Y, en los primeros 13 días del presente año, ya suman 120 los ejecutados.
Hoy, autoridades de los tres órdenes de Gobierno se reunirán para evaluar la situación y tomar decisiones de reforzamiento de operativos.
En ese contexto, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció ayer el envío de 2 mil efectivos a Ciudad Juárez para apoyar las acciones del Ejército. Se informó que agentes castrenses serían desplazados a zonas rurales y dejarían en policías federales las acciones urbanas.
También ayer la Comisión Permanente pidió para la próxima semana la comparecencia de García Luna al advertir que sigue sin haber resultados positivos no sólo en Chihuahua, sino en otros estados.
En Chihuahua antes se registraba una batalla entre grupos antagónicos y ahora ésta se extendió a la sociedad civil: restaurantes, discotecas y hasta camiones de transporte urbano han sido incendiados.
Una de las principales activistas de derechos humanos, Josefina Reyes, fue asesinada el pasado 3 de enero, lo que ha catalizado las protestas por el fracaso del operativo conjunto.
El líder de la Canaco en Juárez, Daniel Murguía, sintetizó el problema: "Los juarenses no sólo están cerrando sus negocios para irse a la vecina Ciudad (de El Paso, Texas): están cerrando para irse a otros estados donde sí les brinden seguridad". En el Municipio han dejado de operar 6 mil negocios por la inseguridad.
Mientras que allí se reportaron 911 homicidios en 2009, a unos metros, en El Paso, se registraron sólo 4.
Reforma, 14 de enero.
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