La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México informó que incorporó la perspectiva de género en sus requisitos de reparación de daños para aquellas personas a las cuales se les han violado sus derechos humanos.
En la presentación de los libros Feminicidios y Reparaciones con perspectiva de género, publicados por este organismo internacional y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), representantes de la ONU aseguraron que la reparación de daños debe tener en cuenta las especificidades sexogenéricas de las personas afectadas.
“Hemos incorporado la perspectiva de género en el momento de definir cualquier medida reparatoria porque entendemos que la violación en los derechos humanos en contra de una mujer produce una afectación diferenciada a la cual debe responder el Estado al momento de repararla” afirmó Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH.
En esta presentación, que se llevó a cabo mediante una videoconferencia transmitida desde la Dirección General Regional Noroeste del Colef, en Ciudad Juárez, el representante en México de la OACNUDH, Alberto Brunori, agregó que si bien el énfasis de toda actividad en favor de los derechos humanos debe ir encaminada a la prevención de la violación de los derechos fundamentales y a favorecer la garantía de los estados a los mismos “es preciso reconocer que cuando ocurre una violación a los derechos humanos, el Estado debe desatar una serie de respuestas institucionales encaminadas a resarcir a las víctimas de acuerdo a su condición sexogenérica”.
Recordó los llamados de atención que han realizado diversos organismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano sobre los asesinatos en contra de las mujeres, mismos que en su mayoría, subrayó, siguen en la impunidad.
En este sentido, evocó la sentencia dictada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las mujeres asesinadas en noviembre de 2001 en el campo algodonero en Ciudad Juárez. Y dijo que, tras esta resolución judicial, “una vez más el gobierno mexicano se encuentra ante el reto de implementar las medidas necesarias para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia de género. Además de reparar adecuadamente a las familias”.
El presidente del Colef, Tonatiuh Guillén López, subrayó que en la actualidad en Ciudad Juárez y en parte de Chihuahua se vive “una enorme paradoja” ya que los años 80 del siglo pasado se caracterizaban por contar con una ciudadanía activa y movilizada, que demandaba una sociedad democrática y en donde las mujeres podían transitar tranquilamente por las calles. Hoy, 30 años después, la conflictividad social y la violación a los derechos humanos se han agudizado y el imaginario social de un futuro democrático ha quedado muy lejos ante la violencia social y, en particular, de género.
En la presentación de los libros Feminicidios y Reparaciones con perspectiva de género, publicados por este organismo internacional y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), representantes de la ONU aseguraron que la reparación de daños debe tener en cuenta las especificidades sexogenéricas de las personas afectadas.
“Hemos incorporado la perspectiva de género en el momento de definir cualquier medida reparatoria porque entendemos que la violación en los derechos humanos en contra de una mujer produce una afectación diferenciada a la cual debe responder el Estado al momento de repararla” afirmó Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH.
En esta presentación, que se llevó a cabo mediante una videoconferencia transmitida desde la Dirección General Regional Noroeste del Colef, en Ciudad Juárez, el representante en México de la OACNUDH, Alberto Brunori, agregó que si bien el énfasis de toda actividad en favor de los derechos humanos debe ir encaminada a la prevención de la violación de los derechos fundamentales y a favorecer la garantía de los estados a los mismos “es preciso reconocer que cuando ocurre una violación a los derechos humanos, el Estado debe desatar una serie de respuestas institucionales encaminadas a resarcir a las víctimas de acuerdo a su condición sexogenérica”.
Recordó los llamados de atención que han realizado diversos organismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano sobre los asesinatos en contra de las mujeres, mismos que en su mayoría, subrayó, siguen en la impunidad.
En este sentido, evocó la sentencia dictada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las mujeres asesinadas en noviembre de 2001 en el campo algodonero en Ciudad Juárez. Y dijo que, tras esta resolución judicial, “una vez más el gobierno mexicano se encuentra ante el reto de implementar las medidas necesarias para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia de género. Además de reparar adecuadamente a las familias”.
El presidente del Colef, Tonatiuh Guillén López, subrayó que en la actualidad en Ciudad Juárez y en parte de Chihuahua se vive “una enorme paradoja” ya que los años 80 del siglo pasado se caracterizaban por contar con una ciudadanía activa y movilizada, que demandaba una sociedad democrática y en donde las mujeres podían transitar tranquilamente por las calles. Hoy, 30 años después, la conflictividad social y la violación a los derechos humanos se han agudizado y el imaginario social de un futuro democrático ha quedado muy lejos ante la violencia social y, en particular, de género.
Mariana Norandi, La Jornada, 15 de enero.
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