La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló ayer la reforma que exigía a los candidatos “no nativos” a la gubernatura de Quintana Roo una residencia “efectiva” mínima de 20 años.
Con esta decisión quedó abierta la puerta para que la coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia postule a la gubernatura al presidente municipal de Benito Juárez, (Cancún) Gregorio Greg Sánchez Martínez, quien vive en el estado desde hace 14 años.
Los ministros José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González votaron en contra, pero se impuso el aval de los otros ocho, y la reforma a la fracción primera del artículo 80 de la Constitución quintanarroense fue anulada por “discriminatoria”. También se indicó que la residencia mínima exigida carecía de fundamento legal.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos que apoyan a Sánchez Martínez, los ministros dieron “pervivencia” al artículo reformado en marzo de 2008. Así, los requisitos para postularse a la gubernatura consistirán en “ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad, o con residencia efectiva no menor de 10 años inmediatamente anteriores al día de la elección”.
Sin embargo, quedará vigente el requisito de que los aspirantes no nativos que sean hijos de padre o madre quintanarroense acrediten una residencia mínima de 10 años, pues el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se sumó a la minoría y no se consiguieron los ocho votos necesarios para revocarla.
El ministro Sergio Valls Hernández –uno de los siete que votaron por la anulación– cuestionó la distinción entre “no nativos” y “no nativos pero hijos de padre o madre quintanarroense”, por no estar prevista en la Constitución federal y violar el principio de igualdad.
La mayoría de ministros no consideró relevante precisar si el requerimiento de 20 años de residencia era excesivo y recordaron que varios estados piden residencias mínimas que van de 10 a 15 años para postularse a la gubernatura. Lo grave, dijeron, era la discriminación.
A su vez, la minoría sostuvo que los estados pueden fijar los requisitos que consideren necesarios para quienes pretendan gobernarlos, y no es contrario a derecho que impongan el tiempo de residencia que les parezca.
El pleno también aprobó por unanimidad un resolutivo donde, según el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagotia, “hacemos de cuenta que el tema (de la residencia) ha sido discutido y superado”, en el sentido de que ninguna reforma puede incrementar el requisito establecido en el último párrafo del artículo 116 fracción primera de la Constitución federal, que estipula una residencia “no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.
Según los partidos que impugnaron la reforma –aprobada por la mayoría priísta–, el objetivo era dejar a Sánchez Martínez fuera de la contienda de este año.
A su vez, el alcalde perredista dijo en Cancún que la SCJN dio un mensaje claro: “Ya es hora de que los caciques entiendan que la democracia es amplia, plural e incluyente; y que los mafiosos empecinados en tener al pueblo bajo sus pies entiendan que los tiempos son diferentes”.
El munícipe, destapado como precandidato a la gubernatura por PRD, PT y Convergencia, también dijo tener claro que el gobierno del priísta Félix González “tiene miedo” de perder el 4 de julio. Asimismo, dijo que hay “95 por ciento de posibilidades” de que el Partido Acción Nacional se sume a la alianza.
Mientras, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Enrique Osorio, consideró que la decisión de la Corte es un “duro golpe al gobernador y al PRI, pero es apenas el primero”.
Con esta decisión quedó abierta la puerta para que la coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia postule a la gubernatura al presidente municipal de Benito Juárez, (Cancún) Gregorio Greg Sánchez Martínez, quien vive en el estado desde hace 14 años.
Los ministros José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González votaron en contra, pero se impuso el aval de los otros ocho, y la reforma a la fracción primera del artículo 80 de la Constitución quintanarroense fue anulada por “discriminatoria”. También se indicó que la residencia mínima exigida carecía de fundamento legal.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos que apoyan a Sánchez Martínez, los ministros dieron “pervivencia” al artículo reformado en marzo de 2008. Así, los requisitos para postularse a la gubernatura consistirán en “ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad, o con residencia efectiva no menor de 10 años inmediatamente anteriores al día de la elección”.
Sin embargo, quedará vigente el requisito de que los aspirantes no nativos que sean hijos de padre o madre quintanarroense acrediten una residencia mínima de 10 años, pues el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se sumó a la minoría y no se consiguieron los ocho votos necesarios para revocarla.
El ministro Sergio Valls Hernández –uno de los siete que votaron por la anulación– cuestionó la distinción entre “no nativos” y “no nativos pero hijos de padre o madre quintanarroense”, por no estar prevista en la Constitución federal y violar el principio de igualdad.
La mayoría de ministros no consideró relevante precisar si el requerimiento de 20 años de residencia era excesivo y recordaron que varios estados piden residencias mínimas que van de 10 a 15 años para postularse a la gubernatura. Lo grave, dijeron, era la discriminación.
A su vez, la minoría sostuvo que los estados pueden fijar los requisitos que consideren necesarios para quienes pretendan gobernarlos, y no es contrario a derecho que impongan el tiempo de residencia que les parezca.
El pleno también aprobó por unanimidad un resolutivo donde, según el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagotia, “hacemos de cuenta que el tema (de la residencia) ha sido discutido y superado”, en el sentido de que ninguna reforma puede incrementar el requisito establecido en el último párrafo del artículo 116 fracción primera de la Constitución federal, que estipula una residencia “no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.
Según los partidos que impugnaron la reforma –aprobada por la mayoría priísta–, el objetivo era dejar a Sánchez Martínez fuera de la contienda de este año.
A su vez, el alcalde perredista dijo en Cancún que la SCJN dio un mensaje claro: “Ya es hora de que los caciques entiendan que la democracia es amplia, plural e incluyente; y que los mafiosos empecinados en tener al pueblo bajo sus pies entiendan que los tiempos son diferentes”.
El munícipe, destapado como precandidato a la gubernatura por PRD, PT y Convergencia, también dijo tener claro que el gobierno del priísta Félix González “tiene miedo” de perder el 4 de julio. Asimismo, dijo que hay “95 por ciento de posibilidades” de que el Partido Acción Nacional se sume a la alianza.
Mientras, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Enrique Osorio, consideró que la decisión de la Corte es un “duro golpe al gobernador y al PRI, pero es apenas el primero”.
Jesús Aranda y Hugo Martoccia, La Jornada, 13 de enero.
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