Usan mensajes de texto para “salvar” a ilegales

Un defensor de los derechos civiles de los inmigrantes ha comenzado a utilizar mensajes de texto dirigidos a teléfonos celulares para advertir a los habitantes sobre operaciones coordinadas por un alguacil de Arizona, quien se ha hecho famoso por su dureza contra la migración ilegal.

Lydia Guzmán, directora de la organización defensora de los inmigrantes Respecto/Respeto, es la pieza principal en una estructura sofisticada para enviar mensajes de texto que advierten a miles de personas en cuestión de minutos sobre los detalles de ciertas operaciones policiales. Los críticos consideran que muchos operativos que supuestamente buscan combatir la delincuencia no son sino una excusa para detener a indocumentados.

Guzmán dijo que los mensajes son parte de un esfuerzo por proteger a latinoamericanos y a otros inmigrantes, a fin de que no se vuelvan víctimas de medidas de caracterización racial por parte de los agentes del alguacil.

Algunos de esos agentes han sido acusados de detener a hispanos, incluidos ciudadanos e inmigrantes legales, por infracciones menores de tránsito, sólo para verificar su condición migratoria.

“Todos son responsables por enviar esto a sus propias redes, y así es como esto se propaga, como un incendio”, dijo Guzmán acerca de los mensajes.

El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha insistido en que sus agentes no caen en prácticas de caracterización étnica, y suele divulgar por adelantado los detalles de sus operaciones contra la delincuencia. Ha manifestado sus sospechas de que el objetivo verdadero de los mensajes de texto es evitar que los inmigrantes ilegales eviten el arresto.

“Este grupito de personas está a favor de las fronteras abiertas, y no le gusta lo que yo hago, eso es todo”, dijo Arpaio, quien ha realizado 13 redadas desde marzo de 2008 y sus agentes han detenido a 669 personas, casi la mitad de las cuales fue retenida por infracciones de índole migratoria.

El alguacil dijo que sus opositores están a punto de exceder los límites de la libertad de expresión para violar la ley, al ayudar a que infractores migratorios eviten ser detectados.
Milenio, 4 de enero.

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