Ante la impunidad en torno al número de periodistas asesinados en México, Alberto Brunori, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), aseguró que es “urgente” que el gobierno federal cumpla con su obligación de cuidar a todos los ciudadanos y establecer un mecanismo de protección para los comunicadores.
Entrevistado al finalizar el foro para la “Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, aseguró que en dos días de trabajo los especialistas coincidieron en que es urgente tomar medidas para proteger las vidas de los defensores de derechos humanos y periodistas.
“El mecanismo no da soluciones” por sí solo, pero crea condiciones para protegerlos y aunque se requiere una serie de “políticas integrales, más allá de eso hay una responsabilidad del Estado de defender a sus ciudadanos, incluyendo periodistas”, dijo Brunori.
Aunque reconoció que la participación de José Guevara, titular de la Unidad para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, demuestra la preocupación del gobierno federal ante esta problemática, las soluciones son urgentes.
De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo, después de Irak.
Esto es consecuencia, dijo Brunori, de la impunidad. No esclarecer las muertes y consignar a los responsables “es lo que alienta la instalación del crimen y la violación a los derechos humanos”.
En entrevista por separado, Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que es un reto la federalización, toda vez que la responsabilidad recae en las gestiones federales, estatales y municipales y es más complicado tejer las estrategias.
Entrevistado al finalizar el foro para la “Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, aseguró que en dos días de trabajo los especialistas coincidieron en que es urgente tomar medidas para proteger las vidas de los defensores de derechos humanos y periodistas.
“El mecanismo no da soluciones” por sí solo, pero crea condiciones para protegerlos y aunque se requiere una serie de “políticas integrales, más allá de eso hay una responsabilidad del Estado de defender a sus ciudadanos, incluyendo periodistas”, dijo Brunori.
Aunque reconoció que la participación de José Guevara, titular de la Unidad para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, demuestra la preocupación del gobierno federal ante esta problemática, las soluciones son urgentes.
De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo, después de Irak.
Esto es consecuencia, dijo Brunori, de la impunidad. No esclarecer las muertes y consignar a los responsables “es lo que alienta la instalación del crimen y la violación a los derechos humanos”.
En entrevista por separado, Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que es un reto la federalización, toda vez que la responsabilidad recae en las gestiones federales, estatales y municipales y es más complicado tejer las estrategias.
Nayeli Roldán, Milenio, 13 de febrero.
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