BOGOTÁ.- La organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó la efectividad de la desmovilización de los escuadrones paramilitares promovida en Colombia por el Gobierno de Álvaro Uribe y advirtió sobre un rebrote de estos grupos.
En respuesta, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseguró que el organismo defensor de los derechos humanos mantiene una posición ideológica sesgada y que no acepta rectificaciones.
El informe "Herederos de los Paramilitares: la Nueva Cara de la Violencia en Colombia", presentado ayer en Bogotá, es producto de dos años de investigaciones, visitas de campo, entrevistas y análisis de documentos.
HRW recuerda que entre 2003 y 2006 tuvo lugar un proceso de desmovilización de 37 bloques armados que integraban las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Según el Gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30 mil personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios", expone el informe.
"Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC", añade.
El organismo advierte que, en muchos casos, los paramilitares promovieron desarmes fraudulentos con civiles vestidos de camuflaje mientras otros permanecían activos.
Las autoridades han reconocido el surgimiento de nuevas bandas criminales, en su mayoría ligadas al narcotráfico, pero aclaran que no tienen una vocación contrainsurgente, y, por tanto, no se les puede llamar paramilitares.
"La amenaza que representan los grupos sucesores es grave y cada vez mayor. La Policía estima que tienen más de 4 mil miembros. Los cálculos de las ONG indican que podrían ascender a 10 mil 200", advierte HRW, que da cuenta de al menos nueve bandas armadas con presencia en 173 municipios de 24 de los 32 departamentos del país.
Una operación coordinada de estas bandas y la presunta tolerancia por parte de agentes del Estado, así como el reclutamiento forzado, preocupan a la ONG, que percibe una respuesta inadecuada para combatir el fenómeno.
"HRW tiene una posición ideológica y no acepta la revisión de información objetiva de parte nuestra. Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, con intenciones políticas, tanto que se mete en el proceso judicial y electoral de Colombia", reviró Silva.
"Entonces, lo consideramos un informe que refleja una actitud política", añadió el Ministro, quien canceló una reunión agendada previamente con José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, para abordar el tema.
"Tenemos las mejores relaciones con todas las organizaciones de derechos humanos, pero no nos hagamos muchas ilusiones porque, realmente, no aceptan razones", atajó.
La Policía informó ayer que, en los pasados dos años, la ofensiva contra las bandas emergentes ha dejado 5 mil 598 personas capturadas, incluidos 45 de los cabecillas.
Desarmados
Colombia afirma que el proceso de desmovilización tiene éxito.
· Tras la asunción del Presidente Álvaro Uribe, en 2002, algunos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron a negociar su desmovilización.
· El 1 de diciembre de 2002, las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades.
· El 22 de julio de 2005, el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz, el marco legal para el proceso de desmovilización.
· La norma otorga estatus político a los miembros de las AUC, lo que los protege de la extradición por narcotráfico. Además, incluye rebajas de penas de cárcel y los obliga a compensar a las víctimas.
· Según el Gobierno, el proceso de desmovilización, hasta 2006, logró el desmantelamiento de 37 bloques paramilitares, lo que significa que 30 mil colombianos han abandonado las armas.
Fuentes: OEA, Oficina del alto comisionado para la paz.
En respuesta, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseguró que el organismo defensor de los derechos humanos mantiene una posición ideológica sesgada y que no acepta rectificaciones.
El informe "Herederos de los Paramilitares: la Nueva Cara de la Violencia en Colombia", presentado ayer en Bogotá, es producto de dos años de investigaciones, visitas de campo, entrevistas y análisis de documentos.
HRW recuerda que entre 2003 y 2006 tuvo lugar un proceso de desmovilización de 37 bloques armados que integraban las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Según el Gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30 mil personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios", expone el informe.
"Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC", añade.
El organismo advierte que, en muchos casos, los paramilitares promovieron desarmes fraudulentos con civiles vestidos de camuflaje mientras otros permanecían activos.
Las autoridades han reconocido el surgimiento de nuevas bandas criminales, en su mayoría ligadas al narcotráfico, pero aclaran que no tienen una vocación contrainsurgente, y, por tanto, no se les puede llamar paramilitares.
"La amenaza que representan los grupos sucesores es grave y cada vez mayor. La Policía estima que tienen más de 4 mil miembros. Los cálculos de las ONG indican que podrían ascender a 10 mil 200", advierte HRW, que da cuenta de al menos nueve bandas armadas con presencia en 173 municipios de 24 de los 32 departamentos del país.
Una operación coordinada de estas bandas y la presunta tolerancia por parte de agentes del Estado, así como el reclutamiento forzado, preocupan a la ONG, que percibe una respuesta inadecuada para combatir el fenómeno.
"HRW tiene una posición ideológica y no acepta la revisión de información objetiva de parte nuestra. Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, con intenciones políticas, tanto que se mete en el proceso judicial y electoral de Colombia", reviró Silva.
"Entonces, lo consideramos un informe que refleja una actitud política", añadió el Ministro, quien canceló una reunión agendada previamente con José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, para abordar el tema.
"Tenemos las mejores relaciones con todas las organizaciones de derechos humanos, pero no nos hagamos muchas ilusiones porque, realmente, no aceptan razones", atajó.
La Policía informó ayer que, en los pasados dos años, la ofensiva contra las bandas emergentes ha dejado 5 mil 598 personas capturadas, incluidos 45 de los cabecillas.
Desarmados
Colombia afirma que el proceso de desmovilización tiene éxito.
· Tras la asunción del Presidente Álvaro Uribe, en 2002, algunos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron a negociar su desmovilización.
· El 1 de diciembre de 2002, las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades.
· El 22 de julio de 2005, el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz, el marco legal para el proceso de desmovilización.
· La norma otorga estatus político a los miembros de las AUC, lo que los protege de la extradición por narcotráfico. Además, incluye rebajas de penas de cárcel y los obliga a compensar a las víctimas.
· Según el Gobierno, el proceso de desmovilización, hasta 2006, logró el desmantelamiento de 37 bloques paramilitares, lo que significa que 30 mil colombianos han abandonado las armas.
Fuentes: OEA, Oficina del alto comisionado para la paz.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 4 de febrero.
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