Advierten obispos crisis de legalidad

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado ayer a políticos, funcionarios y gobernantes del País a dejar atrás las diferencias partidistas y buscar la salida a la ola de violencia e inseguridad.

Como parte de un diagnóstico sobre la seguridad, la jerarquía católica señaló que la crisis política se suma a la económica y social, como factores que contribuyen a la escalada de violencia.

"Hacemos un llamamiento a los políticos: la violencia no es sólo un problema de seguridad, es ante todo un problema de salud pública, y lo proponemos con mucha claridad los obispos.

"Es un problema de salud pública que si bien requiere la aplicación enérgica de la ley, al mismo tiempo exige medidas preventivas y políticas públicas que inhiban los factores que constituyen a la inseguridad y violencia en todos los ámbitos de la vida nacional", señaló Ramón Castro Castro, obispo de Campeche y presidente de Dimensión, Justicia, Paz y Reconciliación de la CEM.

El prelado presentó, junto con Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, y Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo, el informe "Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna", resultado de un año de consultas y análisis entre expertos en temas de justicia y derecho, incluidos militares, para determinar las causas de la violencia que aqueja al País.

En el documento urgen a avanzar hacia un modelo eficiente de Estado, depurar el sistema de procuración de justicia, abatir la corrupción y consolidar una educación de calidad.

"Es urgente superar definitivamente la anticultura del fraude, de los privilegios de unos cuantos, y consolidar procesos de instituciones que permitan la representación de toda la sociedad a través de métodos transparentes y autoridades legítimamente elegidas a las que los ciudadanos les puedan pedir cuentas de su actuar.

"Vivimos una crisis de legalidad. Los mexicanos no hemos sabido dar su importancia a las leyes en el ordenamiento de la convivencia social; se va debilitando el tejido social, se han relajado las normas sociales", sostuvo Rodríguez Vega.

Por su parte, Aguiar Retes, también obispo de Tlalnepantla, señaló que la jerarquía católica quiere colaborar y hacer reflexionar al Gobierno y los políticos sobre sus propuestas para contrarrestar la violencia.

"Así como lo ha dicho recientemente el Presidente de la República, no puede solucionarlo sólo el Gobierno, necesitamos entrar todos los sectores sociales, lo ha dicho para (Ciudad) Juárez, pero yo considero que es para todo el País", agregó.

Aguiar hizo hincapié en que la ciudadanía debe recobrar la confianza y que la estructura gubernamental de México debe trabajar por la humanización y reestructuración del tejido social.

"Así como nos encontramos aquí nosotros, ¿quién tiene miedo que saquen su metralleta para agredirnos? Nadie estamos en un lugar conocido con personas conocidas, no tenemos ese miedo.

"Tenemos que generar la confianza en nosotros mismos, dándonos cuenta que no debemos tener temor a todo tipo de personas, que las otras personas están igualmente preocupadas que nosotros, pero hay que darnos la cara", dijo frente a alumnos, profesores y religiosos del Colegio Guadalupe, donde se presentó el informe.



Contra el crimen

Entre las tareas que la CEM encarga a políticos y sociedad para combatir la violencia se encuentran:

· Legislar un marco jurídico eficaz.

· Desarrollar e implantar mejores políticas públicas.

· Mejorar la economía.

· Reducir el desempleo.

· Crear fuentes de empleo.

· Replantear el papel del Estado en la construcción del bien común.

· Impulsar la participación ciudadana.

· Participación de la sociedad en la toma de decisiones que le afecten.

· Construir redes sociales para participar en la definición de políticas públicas.

Susana Moraga, Reforma, 16 de febrero.