QUERÉTARO, Qro.— A las 21:00 horas del viernes pasado, el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, confirmó la sentencia dictada a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a 21 años de prisión, por considerarlas culpables del secuestro de seis ex agentes federales de investigación.
Seis horas después, a las 3:00 horas del sábado 20 de febrero, decidió notificar su resolución a las dos mujeres ñhañhü, acción considerada por Amnistía Internacional (AI) como “la confirmación de una situación de injusticia porque ha sido un procedimiento plagado de irregularidades”.
El director Ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, dijo que con este acto el juez “pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro”.
Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial (ya liberada), fueron detenidas en marzo de 2006, en el tianguis de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, luego de que la media docena de ex agentes realizaron un operativo para el decomiso de productos pirata.
En una carta que AI entregó en la Presidencia de la República, así como en la Secretaría de Gobernación y al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, asegura “que los cargos contra las tres mujeres eran falsos y que fueron elegidas como un blanco conveniente por su situación marginal en la sociedad, como mujeres indígenas pobres”.
Arnulfo Moya Vargas, uno de los cuatro abogados defensores de las dos mujeres indígenas, confirmó que el sábado se interpuso el procedimiento de apelación a la sentencia, que será analizado por el juez Eduardo Heynes, quien ya había resuelto se revisara el expediente, al considerar que contenía diversidad de irregularidades.
Apoyo gubernamental
El secretario de Gobierno en Querétaro, Jorge García Quiroz, aseguró que la administración estatal y, específicamente, el mandatario del estado, el priísta José Calzada Rovirosa, “simpatizamos con esta causa”.
García Quiroz se reunió con el representante de AI en México, Alberto Herrera, y con Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y esposo de Teresa, a quienes les dijo que el gobierno estatal se mantendrá al tanto del caso y, en la medida de sus posibilidades, realizando gestiones para que las dos queretanas obtengan su libertad.
Confirmó también que el gobernador José Calzada se reunió con el procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, para evaluar la situación del caso.
Alberto Herrera refirió que desde el pasado fin de semana en todo el mundo se realizan acciones para demandar la libertad inmediata de las indígenas Alberta y Teresa.
Uno de los abogados de las dos mujeres recordó que el juez cuarto de distrito, apenas la semana anterior, otorgó la libertad bajo fianza a un custodio del Centro de Readaptación Social queretano, que pretendió introducir al penal 500 pastillas psicotrópicas.
Ahora, “el mismo juez ha asegurado que Alberta Alcántara fue detenida en posesión de 400 miligramos de cocaína, por lo que la sentenció también por delitos contra la salud.
Lo más grave en este aspecto, sostuvo el abogado Arnulfo Moya, es que en el expediente no existe prueba alguna del decir del juez.
Juan José Arreola corresponsal, El Universal, 23 de febrero.
Seis horas después, a las 3:00 horas del sábado 20 de febrero, decidió notificar su resolución a las dos mujeres ñhañhü, acción considerada por Amnistía Internacional (AI) como “la confirmación de una situación de injusticia porque ha sido un procedimiento plagado de irregularidades”.
El director Ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, dijo que con este acto el juez “pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro”.
Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial (ya liberada), fueron detenidas en marzo de 2006, en el tianguis de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, luego de que la media docena de ex agentes realizaron un operativo para el decomiso de productos pirata.
En una carta que AI entregó en la Presidencia de la República, así como en la Secretaría de Gobernación y al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, asegura “que los cargos contra las tres mujeres eran falsos y que fueron elegidas como un blanco conveniente por su situación marginal en la sociedad, como mujeres indígenas pobres”.
Arnulfo Moya Vargas, uno de los cuatro abogados defensores de las dos mujeres indígenas, confirmó que el sábado se interpuso el procedimiento de apelación a la sentencia, que será analizado por el juez Eduardo Heynes, quien ya había resuelto se revisara el expediente, al considerar que contenía diversidad de irregularidades.
Apoyo gubernamental
El secretario de Gobierno en Querétaro, Jorge García Quiroz, aseguró que la administración estatal y, específicamente, el mandatario del estado, el priísta José Calzada Rovirosa, “simpatizamos con esta causa”.
García Quiroz se reunió con el representante de AI en México, Alberto Herrera, y con Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y esposo de Teresa, a quienes les dijo que el gobierno estatal se mantendrá al tanto del caso y, en la medida de sus posibilidades, realizando gestiones para que las dos queretanas obtengan su libertad.
Confirmó también que el gobernador José Calzada se reunió con el procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, para evaluar la situación del caso.
Alberto Herrera refirió que desde el pasado fin de semana en todo el mundo se realizan acciones para demandar la libertad inmediata de las indígenas Alberta y Teresa.
Uno de los abogados de las dos mujeres recordó que el juez cuarto de distrito, apenas la semana anterior, otorgó la libertad bajo fianza a un custodio del Centro de Readaptación Social queretano, que pretendió introducir al penal 500 pastillas psicotrópicas.
Ahora, “el mismo juez ha asegurado que Alberta Alcántara fue detenida en posesión de 400 miligramos de cocaína, por lo que la sentenció también por delitos contra la salud.
Lo más grave en este aspecto, sostuvo el abogado Arnulfo Moya, es que en el expediente no existe prueba alguna del decir del juez.
Juan José Arreola corresponsal, El Universal, 23 de febrero.
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