Amnistía Internacional (AI) nombró ayer a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio “prisioneras de conciencia”, luego de que fueron condenadas a 21 años de prisión al ser acusadas de secuestrar en marzo de 2006 a seis agentes de la AFI, “hechos que nunca sucedieron”, por lo que el organismo exigió su inmediata liberación del Centro de Readaptación de San José El Alto, en donde se encuentran recluidas desde agosto del año citado.
En conferencia de prensa, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México, y Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), precisaron que “no hay ninguna evidencia creíble” en contra de las dos mujeres, las cuales fueron víctimas de la “discriminación y de un juicio injusto”, e indicaron que “sólo por ser mujeres, indígenas y pobres purgan una condena derivada de una absurda imputación”.
Ambas fueron detenidas y acusadas el 3 de agosto de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial, la cual obtuvo su libertad en septiembre de 2009 debido a que la Procuraduría General de la República determinó no formular acusaciones en su contra debido a falta de evidencia. Sobre esto, Herrera y Arriaga precisaron que es incongruente que siendo las mismas pruebas las que se imputaron a Jacinta, Alberta y Teresa, en el primer caso se hayan desechado y en el segundo se hayan mantenido e incluso se confirmó la condena.
“Hace cinco meses celebrábamos la liberación de Jacinta con la esperanza de que el Estado mexicano asumiera la lección aprendida, para que el absurdo de su detención no se repitiera con nombres y rostros diversos. Sabíamos que el caso de Jacinta era emblemático y representaba a las luchas de muchos indígenas de nuestro país que enfrentan procesos injustos en razón de su identidad; hoy, este mismo emblema tiene nombres distintos, pero una misma realidad de discriminación”, expuso Herrera, quien lamentó que “al parecer la historia de Jacinta no logró sentar el precedente de una lección aprendida para el Estado mexicano”.
En conferencia de prensa, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México, y Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), precisaron que “no hay ninguna evidencia creíble” en contra de las dos mujeres, las cuales fueron víctimas de la “discriminación y de un juicio injusto”, e indicaron que “sólo por ser mujeres, indígenas y pobres purgan una condena derivada de una absurda imputación”.
Ambas fueron detenidas y acusadas el 3 de agosto de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial, la cual obtuvo su libertad en septiembre de 2009 debido a que la Procuraduría General de la República determinó no formular acusaciones en su contra debido a falta de evidencia. Sobre esto, Herrera y Arriaga precisaron que es incongruente que siendo las mismas pruebas las que se imputaron a Jacinta, Alberta y Teresa, en el primer caso se hayan desechado y en el segundo se hayan mantenido e incluso se confirmó la condena.
“Hace cinco meses celebrábamos la liberación de Jacinta con la esperanza de que el Estado mexicano asumiera la lección aprendida, para que el absurdo de su detención no se repitiera con nombres y rostros diversos. Sabíamos que el caso de Jacinta era emblemático y representaba a las luchas de muchos indígenas de nuestro país que enfrentan procesos injustos en razón de su identidad; hoy, este mismo emblema tiene nombres distintos, pero una misma realidad de discriminación”, expuso Herrera, quien lamentó que “al parecer la historia de Jacinta no logró sentar el precedente de una lección aprendida para el Estado mexicano”.
Carolina Gòmez Mena, La Jornada, 13 de febrero.
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