La bancada del PRI en el Senado estableció sus condiciones para aprobar una reforma fiscal.
Entre ellas se encuentran la indispensable redistribución del gasto, la participación de gobernadores y alcaldes y hasta la valoración de las consecuencias sociales y electorales de cada una de las medidas que se aplicarán.
De acuerdo con un documento interno, los senadores determinaron que la valoración de la reforma está vinculada con los procesos electorales de 2010.
"Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir en los tres años restantes del sexenio la suma de recursos que requiere el País; por ello, es necesario tener claro que se debe evaluar con serenidad qué se puede hacer antes y después de las elecciones", se indica en el análisis, elaborado por el senador Francisco Labastida.
En el texto, los priistas advierten que también deberán valorar lo resultados de las encuestas recientes, en las que se refleja el rechazo de los ciudadanos al alza de impuestos.
Además, aceptan que el Congreso comparte con el Ejecutivo la mala imagen que se deriva del incremento a los gravámenes.
"Se debe tener presente que existe una alta oposición al alza de impuestos. La mayoría de la población opina que las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la crisis son insuficientes. Es lógico tratar de echarle la culpa al Congreso por sus malos resultados", reconocen.
Entre las condiciones para ir a una reforma fiscal los senadores incluyen estudiar a fondo los cambios posibles, concretarlos de manera sencilla, suprimir trámites y eliminar privilegios fiscales.
"Apoyar reformas si y sólo si estamos seguros y hay garantías suficientes que van a fines y propósitos social y nacionalmente justificados", señalan.
Por otro lado, desde la visión del PRI, los ingresos petroleros se encuentran en recuperación, mientras que el déficit fiscal se mantiene en niveles manejables, sobre todo comparados con Estados Unidos y la Unión Europea.
"No es cierto que las finanzas federales estén en una situación crítica. En consecuencia, tampoco es cierto que sea urgente elevar los ingresos", indican.
En materia de gasto, se asegura que México requiere ingresos adicionales equivalentes a 8 puntos del PIB, para satisfacer algunas demandas básicas en materia de educación y seguridad.
Entre ellas se encuentran la indispensable redistribución del gasto, la participación de gobernadores y alcaldes y hasta la valoración de las consecuencias sociales y electorales de cada una de las medidas que se aplicarán.
De acuerdo con un documento interno, los senadores determinaron que la valoración de la reforma está vinculada con los procesos electorales de 2010.
"Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir en los tres años restantes del sexenio la suma de recursos que requiere el País; por ello, es necesario tener claro que se debe evaluar con serenidad qué se puede hacer antes y después de las elecciones", se indica en el análisis, elaborado por el senador Francisco Labastida.
En el texto, los priistas advierten que también deberán valorar lo resultados de las encuestas recientes, en las que se refleja el rechazo de los ciudadanos al alza de impuestos.
Además, aceptan que el Congreso comparte con el Ejecutivo la mala imagen que se deriva del incremento a los gravámenes.
"Se debe tener presente que existe una alta oposición al alza de impuestos. La mayoría de la población opina que las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la crisis son insuficientes. Es lógico tratar de echarle la culpa al Congreso por sus malos resultados", reconocen.
Entre las condiciones para ir a una reforma fiscal los senadores incluyen estudiar a fondo los cambios posibles, concretarlos de manera sencilla, suprimir trámites y eliminar privilegios fiscales.
"Apoyar reformas si y sólo si estamos seguros y hay garantías suficientes que van a fines y propósitos social y nacionalmente justificados", señalan.
Por otro lado, desde la visión del PRI, los ingresos petroleros se encuentran en recuperación, mientras que el déficit fiscal se mantiene en niveles manejables, sobre todo comparados con Estados Unidos y la Unión Europea.
"No es cierto que las finanzas federales estén en una situación crítica. En consecuencia, tampoco es cierto que sea urgente elevar los ingresos", indican.
En materia de gasto, se asegura que México requiere ingresos adicionales equivalentes a 8 puntos del PIB, para satisfacer algunas demandas básicas en materia de educación y seguridad.
Claudia Guerrero, Reforma, 5 de febrero.
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