Durante su visita a Durango para firmar el acuerdo que crea la primera red de apoyo a las víctimas de secuestro, el ombudsman señaló que dicho aumento se ha dado principalmente en Chihua- hua, Michoacán y Baja California, donde se han emitido ya varias recomendaciones que han sido atendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin proporcionar datos exactos, comentó que se tiene documentada la participación de servidores públicos en los raptos con fines de lucro que se cometen en el país.
Isabel Miranda de Wallace, quien firmó el acuerdo, comentó que, lamentablemente, en México las policías no saben investigar, y cuando agarran a uno que otro secuestrador es por pitazos o porque hay una recompensa.
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