El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Fernando Álvarez, dijo que desconoce el alcance de la petición que hizo el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, quien solicitó el traslado de poderes a Ciudad Juárez, incluso mencionó que “formalmente no se ha informado ni por el Ejecutivo federal ni por la presidenta del Congreso”.
Sólo se dijo en una rueda de prensa, pero por lo menos el Congreso del estado merece de las mínimas cortesías, que es el conocer de viva voz del mandatario su pretensión, afirmó.
Asimismo, dijo que el PAN no puede estar votando una cosa que desconoce porque no hay un escrito de por medio.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que existe una convocatoria en el Congreso estatal para la Junta de la Coordinación Política y será donde se discuta esta propuesta del gobernador Reyes Baeza, pero una decisión de este tamaño es una determinación inédita en Chihuahua y no se puede opinar nada más porque se le ocurrió al gobernador.
Por su parte, el legislador priista Alfonso Navarrete Prida consideró como un “acto valiente” la decisión del gobernador chihuahuense de trasladar los poderes locales a Ciudad Juárez; mientras el perredista Alejandro Encinas sostuvo que se trató más bien de una acción publicitaria y todavía sin sustento legal.
Navarrete Prida admitió, sin embargo, que esa decisión no resuelve por sí misma los problemas de violencia e inseguridad en la localidad fronteriza, pero confió en que el gobierno federal atienda los reclamos de los juarenses y trabaje coordinadamente con las autoridades locales.
Encinas advirtió una vez más la necesidad de darle un viraje a la estrategia contra la delincuencia organizada, pues precisamente el caso de Ciudad Juárez confirma el fracaso de la política de seguridad perfilada por el gobierno federal a lo largo de tres años.
El panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, indicó a su vez que más allá de “cuestiones espectaculares”, lo que el país reclama son propuestas concretas y resultados medibles en el combate a la delincuencia.
Defendió, además, la estrategia de Calderón contra la delincuencia organizada, pues dijo, “hay resultados importantes y bajas serias en el bando de los criminales”.
Al respecto, el presidente del PAN, César Nava, afirmó que el anuncio del traslado de poderes, además de propagandista, es sobre todo “inconstitucional e ilegal”, porque Reyes Baeza requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso local, lo cual involucra necesariamente a los diputados locales panistas.
En conferencia de prensa, Nava aseguró que “ha sido una salida fácil y recurrente de algunos gobernadores evadir su responsabilidad y aventarla al gobierno federal, como si no hubiera responsabilidad concurrente, que sí la hay”.
El dirigente panista acusó a Reyes Baeza de tomar acciones unilaterales y de comenzar una franca y abierta dinámica de confrontación y de falta de cooperación con el gobierno federal, con la mira puesta en las elecciones de julio próximo.
Respecto a la mayoría calificada que requiere Reyes Baeza del Congreso local para respaldar legalmente el cambio de poderes, Nava sostuvo que para ello necesita también de diputados del PAN, pero ese grupo parlamentario no fue consultado ni notificado de esa medida.
Espaldarazo
La dirigencia nacional del PRI ofreció su apoyo al gobernador de Chihuahua para trasladar los tres poderes del estado a Ciudad Juárez, por tiempo indefinido, y aseguró que la medida es “legalmente correcta y socialmente necesaria”.
En un comunicado, respaldó hasta ayer el anuncio realizado el sábado, “por el valor civil que ha demostrado el gobernador ante una nueva embestida del crimen organizado”.
México/Fernando Damián y Mauricio Pérez, Milenio, 9 de febrero,
Sólo se dijo en una rueda de prensa, pero por lo menos el Congreso del estado merece de las mínimas cortesías, que es el conocer de viva voz del mandatario su pretensión, afirmó.
Asimismo, dijo que el PAN no puede estar votando una cosa que desconoce porque no hay un escrito de por medio.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que existe una convocatoria en el Congreso estatal para la Junta de la Coordinación Política y será donde se discuta esta propuesta del gobernador Reyes Baeza, pero una decisión de este tamaño es una determinación inédita en Chihuahua y no se puede opinar nada más porque se le ocurrió al gobernador.
Por su parte, el legislador priista Alfonso Navarrete Prida consideró como un “acto valiente” la decisión del gobernador chihuahuense de trasladar los poderes locales a Ciudad Juárez; mientras el perredista Alejandro Encinas sostuvo que se trató más bien de una acción publicitaria y todavía sin sustento legal.
Navarrete Prida admitió, sin embargo, que esa decisión no resuelve por sí misma los problemas de violencia e inseguridad en la localidad fronteriza, pero confió en que el gobierno federal atienda los reclamos de los juarenses y trabaje coordinadamente con las autoridades locales.
Encinas advirtió una vez más la necesidad de darle un viraje a la estrategia contra la delincuencia organizada, pues precisamente el caso de Ciudad Juárez confirma el fracaso de la política de seguridad perfilada por el gobierno federal a lo largo de tres años.
El panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, indicó a su vez que más allá de “cuestiones espectaculares”, lo que el país reclama son propuestas concretas y resultados medibles en el combate a la delincuencia.
Defendió, además, la estrategia de Calderón contra la delincuencia organizada, pues dijo, “hay resultados importantes y bajas serias en el bando de los criminales”.
Al respecto, el presidente del PAN, César Nava, afirmó que el anuncio del traslado de poderes, además de propagandista, es sobre todo “inconstitucional e ilegal”, porque Reyes Baeza requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso local, lo cual involucra necesariamente a los diputados locales panistas.
En conferencia de prensa, Nava aseguró que “ha sido una salida fácil y recurrente de algunos gobernadores evadir su responsabilidad y aventarla al gobierno federal, como si no hubiera responsabilidad concurrente, que sí la hay”.
El dirigente panista acusó a Reyes Baeza de tomar acciones unilaterales y de comenzar una franca y abierta dinámica de confrontación y de falta de cooperación con el gobierno federal, con la mira puesta en las elecciones de julio próximo.
Respecto a la mayoría calificada que requiere Reyes Baeza del Congreso local para respaldar legalmente el cambio de poderes, Nava sostuvo que para ello necesita también de diputados del PAN, pero ese grupo parlamentario no fue consultado ni notificado de esa medida.
Espaldarazo
La dirigencia nacional del PRI ofreció su apoyo al gobernador de Chihuahua para trasladar los tres poderes del estado a Ciudad Juárez, por tiempo indefinido, y aseguró que la medida es “legalmente correcta y socialmente necesaria”.
En un comunicado, respaldó hasta ayer el anuncio realizado el sábado, “por el valor civil que ha demostrado el gobernador ante una nueva embestida del crimen organizado”.
México/Fernando Damián y Mauricio Pérez, Milenio, 9 de febrero,
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