La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por "motivos manifiestos e indudables de improcedencia", las controversias constitucionales promovidas por gobiernos panistas en contra de las reformas que legalizaron en el DF los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.
Sergio Valls, ministro instructor, consideró que los ejecutivos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala "carecen de interés legítimo para interponer el recurso". No se incluyó por ahora los presentados por Jalisco y Sonora, aunque se espera que también sean rechazados.
La demanda se había dirigido contra la Asamblea Legislativa del DF y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, en oposición a las reformas al Código Civil capitalino de diciembre del año pasado.
Valls concluyó que la reforma citada no representaba agravios, perjuicios o afectaciones a las entidades blanquiazules.
Para dar trámite a la reclamación, indicó, se requería que "por lo menos hubiera un principio de agravio".
Si bien es cierto que el artículo 105 de la Constitución señala que la Corte conocerá de los conflictos entre un estado y el DF, el ministro aseguró que "debe relacionarse necesariamente con una afectación de ámbitos competenciales".
Respecto al argumento de los gobernadores, en el sentido de que el artículo 121 de la Carta Magna establece que en cada estado se dará entera fe y crédito a los actos públicos de todos los otros, y que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los demás, Valls respondió: "Esto no los legitima para impugnar la inconstitucionalidad de normas generales expedidas por las autoridades legislativa y ejecutiva de otra entidad".
Y añadió que el 121 también refiere que las leyes de un estado sólo tendrán efectos en su territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él.
"Contrario a lo que afirman los quejosos, la ley impugnada no le impone ningún deber jurídico", señaló al dar por terminado el asunto.
Sergio Valls, ministro instructor, consideró que los ejecutivos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala "carecen de interés legítimo para interponer el recurso". No se incluyó por ahora los presentados por Jalisco y Sonora, aunque se espera que también sean rechazados.
La demanda se había dirigido contra la Asamblea Legislativa del DF y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, en oposición a las reformas al Código Civil capitalino de diciembre del año pasado.
Valls concluyó que la reforma citada no representaba agravios, perjuicios o afectaciones a las entidades blanquiazules.
Para dar trámite a la reclamación, indicó, se requería que "por lo menos hubiera un principio de agravio".
Si bien es cierto que el artículo 105 de la Constitución señala que la Corte conocerá de los conflictos entre un estado y el DF, el ministro aseguró que "debe relacionarse necesariamente con una afectación de ámbitos competenciales".
Respecto al argumento de los gobernadores, en el sentido de que el artículo 121 de la Carta Magna establece que en cada estado se dará entera fe y crédito a los actos públicos de todos los otros, y que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los demás, Valls respondió: "Esto no los legitima para impugnar la inconstitucionalidad de normas generales expedidas por las autoridades legislativa y ejecutiva de otra entidad".
Y añadió que el 121 también refiere que las leyes de un estado sólo tendrán efectos en su territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él.
"Contrario a lo que afirman los quejosos, la ley impugnada no le impone ningún deber jurídico", señaló al dar por terminado el asunto.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 20 de febrero.
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