QUERÉTARO.- El proceso que enfrentan las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por el secuestro de seis ex agentes de la AFI en 2006, es diferente al caso de Jacinta Francisco Marcial, aseguró ayer la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Querétaro, Patricia Valdés Argüelles.
En el caso de Alcántara Juan, dijo, hay una acusación por venta de droga mientras que en el de González Cornelio se sostiene la denuncia por coparticipación en la retención de los policías.
La funcionaria respondió así a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que intervenga la CNDH en el caso de las mujeres que se encuentran recluidas en el Cereso femenil de San José El Alto donde purgan una condena de 21 de años de prisión.
"Él (el Ombudsman) tendría que revisar el expediente de cada una de ellas, porque Alberta (Alcántara) es lideresa de tianguistas y vendía droga; la denuncia que le hicieron a ella es por venta de droga; entonces es muy diferente al caso de Jacinta.
"Teresa tiene una coparticipación en el secuestro por el cual ella fue denunciada. El proceso ya está, es un proceso que se llevó en todas las instancias", agregó.
Las mujeres fueron detenidas y acusadas junto con Jacinta, quien fue liberada en septiembre de 2009 luego de que la PGR decidiera no formular acusaciones en su contra por falta de evidencias.
Pese a que las pruebas en contra de Jacinta son las mismas utilizadas para procesar a Teresa y Alberta, la PGR decidió en sus casos mantener los cargos y buscar una confirmación de la condena.
Valdés Argüelles sostuvo que si bien será el juez que conoce el caso de las dos mujeres indígenas, hay antecedentes que las hacen responsables de actos ilegales.
"Ustedes saben que se repuso todo el procedimiento y la Procuraduría únicamente presentó las pruebas correspondientes al final y el juez valorará y dictará su sentencia. Pero habría que revisarlo. El juez es quien analizará el expediente y dará la sentencia correspondiente", externó.
Busca Gobernador diálogo
El Gobernador José Calzada Rovirosa dijo ayer que buscará dialogar el Gobierno federal para contribuir a la eventual liberación de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
En entrevista, el Ejecutivo estatal felicitó a Amnistía Internacional y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber tomado cartas en el tema de las dos mujeres que hoy están presas en el Cereso de San José el Alto.
"Yo felicito a todas estas instituciones que estén con este tema en la agenda, a todas luces un tema polémico que nosotros estaremos también revisando.
"Es un tema que está sujeto a revisión y es un tema que está sujeto a dialogar con la Federación", sostuvo.
Calzada aseguró que si bien, la liberación de ambas mujeres no es un tema que esté en manos del Gobierno que él encabeza, sí buscarán colaborar en la solución a este problema.
"Es una cuestión que no está en nuestras manos, pero que evidentemente se ha constituido en un tema polémico", externó el Gobernador.
En el caso de Alcántara Juan, dijo, hay una acusación por venta de droga mientras que en el de González Cornelio se sostiene la denuncia por coparticipación en la retención de los policías.
La funcionaria respondió así a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que intervenga la CNDH en el caso de las mujeres que se encuentran recluidas en el Cereso femenil de San José El Alto donde purgan una condena de 21 de años de prisión.
"Él (el Ombudsman) tendría que revisar el expediente de cada una de ellas, porque Alberta (Alcántara) es lideresa de tianguistas y vendía droga; la denuncia que le hicieron a ella es por venta de droga; entonces es muy diferente al caso de Jacinta.
"Teresa tiene una coparticipación en el secuestro por el cual ella fue denunciada. El proceso ya está, es un proceso que se llevó en todas las instancias", agregó.
Las mujeres fueron detenidas y acusadas junto con Jacinta, quien fue liberada en septiembre de 2009 luego de que la PGR decidiera no formular acusaciones en su contra por falta de evidencias.
Pese a que las pruebas en contra de Jacinta son las mismas utilizadas para procesar a Teresa y Alberta, la PGR decidió en sus casos mantener los cargos y buscar una confirmación de la condena.
Valdés Argüelles sostuvo que si bien será el juez que conoce el caso de las dos mujeres indígenas, hay antecedentes que las hacen responsables de actos ilegales.
"Ustedes saben que se repuso todo el procedimiento y la Procuraduría únicamente presentó las pruebas correspondientes al final y el juez valorará y dictará su sentencia. Pero habría que revisarlo. El juez es quien analizará el expediente y dará la sentencia correspondiente", externó.
Busca Gobernador diálogo
El Gobernador José Calzada Rovirosa dijo ayer que buscará dialogar el Gobierno federal para contribuir a la eventual liberación de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
En entrevista, el Ejecutivo estatal felicitó a Amnistía Internacional y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber tomado cartas en el tema de las dos mujeres que hoy están presas en el Cereso de San José el Alto.
"Yo felicito a todas estas instituciones que estén con este tema en la agenda, a todas luces un tema polémico que nosotros estaremos también revisando.
"Es un tema que está sujeto a revisión y es un tema que está sujeto a dialogar con la Federación", sostuvo.
Calzada aseguró que si bien, la liberación de ambas mujeres no es un tema que esté en manos del Gobierno que él encabeza, sí buscarán colaborar en la solución a este problema.
"Es una cuestión que no está en nuestras manos, pero que evidentemente se ha constituido en un tema polémico", externó el Gobernador.
Fernando Paniagua corresponsal, Reforma, 16 de febrero.
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