De acuerdo con un análisis del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés),existe peligro del financiamiento ilícito en la política mexicana, toda vez que el tráfico de drogas crece siete veces más rápido que el comercio lícito, gracias a la protección del gobierno.
Incluso, advierte la gravedad del problema al reconocer que al existir relaciones tan estrechas, que permiten el crecimiento del negocio, podrían hasta llegar a “fusionarse”.
Esto implicaría que “un órgano del Estado no sólo puede ser infiltrado por los intereses ilícitos, sino que él mismo puede convertirse en cabeza de una actividad de negocios ilegales”.
El documento “Financiamiento ilícito de la política y captura del Estado”, elaborado por David Kupferschmidt, de la organización internacional con 10 años y cuya sede está en Suecia, señala que el financiamiento político ilícito contribuye de manera clave al bajo rendimiento y la pérdida de credibilidad de los gobiernos democráticos”.
Más aún, la experiencia internacional demuestra que el narcotráfico y el financiamiento ilícito que genera está socavando las instituciones democráticas y causando la captura del Estado”.
El texto sirvió para iniciar el foro sobre financiamiento ilícito en la política que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En él se realiza un análisis de la situación que enfrentan naciones como México o Rusia y lo sucedido en países como Perú o Colombia.
El poder del narco
Kupferschmidt advierte que las instituciones democráticas se encuentran “bajo presión” debido a financiamiento político ilícito desplegado por los cárteles. De ahí que las instituciones “clave” del tipo judicial, militar, policíaco se han convertido en el objetivo de las redes ilícitas porque buscan “protección e influencia a través de pagos ilícitos, amenazas y violencia”.
Incluso, Víctor Clark, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, ha estudiado la situación de las ciudades fronterizas de México y señala que grupos delictivos “están desplazando al Estado y creando elementos paraestatales” con el que exigen “impuestos por protección”.
Esto, dice, es un esquema “tradicional” de la delincuencia organizada que se justifica como pago por el servicio de “protección”. Además, con el armamento que poseen que, incluso supera al Estado, como lanzagranadas y cohetes antitanques, refuerza la idea de considerarlos “grupos paramilitares”.
En el apartado “Fuentes de financiamiento ilícito de la política”, Kupferschmidt advierte que si bien el tráfico de drogas es un problema, sólo forma parte de otro más grave, toda vez que el poder económico “fácilmente se traduce en poder político”.
“El poder económico amasado por medios ilícitos requeriría alguna forma de protección o asociación con el gobierno, puesto que estas “empresas” no podrían alcanzar una gran escala sin la complicidad activa de los gobiernos”.
En el análisis de la organización internacional se alaba la actuación del presidente Felipe Calderón, quien “sigue confiando que el Estado de derecho en México está ganando la batalla contra los narcos”.
El Presidente, dice, trata de lograr una reorganización competa del gobierno a través de la reforma política, pero un desafío mayor consiste en asegurar la integridad de las fuerzas armadas y la policía.
Infiltración en política
Para el senador Graco Ramírez, el financiamiento del narco hacia los políticos no es reciente y Morelos es un ejemplo claro desde la administración de Sergio Estrada Cajigal.
En entrevista, incluso, asegura que en las elecciones de 2009, realizadas en el estado, “a candidatos nuestros les acercaron propuestas de gente que decía que a cambio de financiar las campañas nada más habría que darles dos condiciones: permitirles proponer al director de de seguridad pública y la dirección de giros y permisos”.
Pero quienes sí aceptaron fueron los priistas y panistas, fue “evidente”. El senador perredista asegura que los candidatos del PRI “compraron los votos” con despensas o incluso con dinero en efectivo. “Tanto dinero no puede salir de ningún simpatizante, ni hay empresarios capaces de financiar tales campañas”.
Incluso, dice, la presencia de Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, en Cuernavaca no era fortuita. Ahí lo “protegían”, acusa. “Estrada Cajigal les dio la entrada, se beneficio de ellos y financiaron la campaña (los narcos) de Marco Antonio Adame, (actual gobernador) y por eso es responsable por omisión”.
Incluso, advierte la gravedad del problema al reconocer que al existir relaciones tan estrechas, que permiten el crecimiento del negocio, podrían hasta llegar a “fusionarse”.
Esto implicaría que “un órgano del Estado no sólo puede ser infiltrado por los intereses ilícitos, sino que él mismo puede convertirse en cabeza de una actividad de negocios ilegales”.
El documento “Financiamiento ilícito de la política y captura del Estado”, elaborado por David Kupferschmidt, de la organización internacional con 10 años y cuya sede está en Suecia, señala que el financiamiento político ilícito contribuye de manera clave al bajo rendimiento y la pérdida de credibilidad de los gobiernos democráticos”.
Más aún, la experiencia internacional demuestra que el narcotráfico y el financiamiento ilícito que genera está socavando las instituciones democráticas y causando la captura del Estado”.
El texto sirvió para iniciar el foro sobre financiamiento ilícito en la política que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En él se realiza un análisis de la situación que enfrentan naciones como México o Rusia y lo sucedido en países como Perú o Colombia.
El poder del narco
Kupferschmidt advierte que las instituciones democráticas se encuentran “bajo presión” debido a financiamiento político ilícito desplegado por los cárteles. De ahí que las instituciones “clave” del tipo judicial, militar, policíaco se han convertido en el objetivo de las redes ilícitas porque buscan “protección e influencia a través de pagos ilícitos, amenazas y violencia”.
Incluso, Víctor Clark, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, ha estudiado la situación de las ciudades fronterizas de México y señala que grupos delictivos “están desplazando al Estado y creando elementos paraestatales” con el que exigen “impuestos por protección”.
Esto, dice, es un esquema “tradicional” de la delincuencia organizada que se justifica como pago por el servicio de “protección”. Además, con el armamento que poseen que, incluso supera al Estado, como lanzagranadas y cohetes antitanques, refuerza la idea de considerarlos “grupos paramilitares”.
En el apartado “Fuentes de financiamiento ilícito de la política”, Kupferschmidt advierte que si bien el tráfico de drogas es un problema, sólo forma parte de otro más grave, toda vez que el poder económico “fácilmente se traduce en poder político”.
“El poder económico amasado por medios ilícitos requeriría alguna forma de protección o asociación con el gobierno, puesto que estas “empresas” no podrían alcanzar una gran escala sin la complicidad activa de los gobiernos”.
En el análisis de la organización internacional se alaba la actuación del presidente Felipe Calderón, quien “sigue confiando que el Estado de derecho en México está ganando la batalla contra los narcos”.
El Presidente, dice, trata de lograr una reorganización competa del gobierno a través de la reforma política, pero un desafío mayor consiste en asegurar la integridad de las fuerzas armadas y la policía.
Infiltración en política
Para el senador Graco Ramírez, el financiamiento del narco hacia los políticos no es reciente y Morelos es un ejemplo claro desde la administración de Sergio Estrada Cajigal.
En entrevista, incluso, asegura que en las elecciones de 2009, realizadas en el estado, “a candidatos nuestros les acercaron propuestas de gente que decía que a cambio de financiar las campañas nada más habría que darles dos condiciones: permitirles proponer al director de de seguridad pública y la dirección de giros y permisos”.
Pero quienes sí aceptaron fueron los priistas y panistas, fue “evidente”. El senador perredista asegura que los candidatos del PRI “compraron los votos” con despensas o incluso con dinero en efectivo. “Tanto dinero no puede salir de ningún simpatizante, ni hay empresarios capaces de financiar tales campañas”.
Incluso, dice, la presencia de Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, en Cuernavaca no era fortuita. Ahí lo “protegían”, acusa. “Estrada Cajigal les dio la entrada, se beneficio de ellos y financiaron la campaña (los narcos) de Marco Antonio Adame, (actual gobernador) y por eso es responsable por omisión”.
Nayeli Roldán, Milenio, 6 de febrero.
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