TLAXCALA.- Solo por señalamientos el Gobierno local sabe que en los giros negros y bares de la zona roja de Tlaxcala se ejerce la prostitución y trata de personas, pero es imposible comprobarlo porque los operativos en estos sitios se limitan a inspeccionar las condiciones sanitarias y de seguridad.
Así lo sostuvo el secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez quien indicó que no es un delito ejercer la prostitución.
"El fenómeno de la prostitución por sí mismo no es un delito, en todo caso en algunos municipios está considerado como una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno; lo que constituye la falta grave es la trata de personas", apuntó en entrevista.
Indicó que la Secretaría de Finanzas (SF) tiene la facultad de otorgar licencias de funcionamiento a este tipo de comercios que ofrecen servicios de diversión nocturna, pero no es la responsable de que los encargados de los lugares permitan la prostitución y trata de personas de forma clandestina.
"Como se trata de un delito, nadie va a pedir permiso para hacer una acción de ese tipo, además es indudable que el Estado no lo autorizaría, se trata de una actividad clandestina que se da al margen absoluto de la ley.
"Obviamente si la Secretaría de Finanzas expide una licencia para que funcione un restaurante, se espera que se cumpla y si no es así, entonces corresponde una actitud dolosa de quien actúa", asentó.
En este sentido, Cuevas Sánchez argumentó que la única forma de proceder en contra de quienes trasgreden la ley, es mediante la denuncia ciudadana, la cual no se da para el caso de giros negros y menos, cuando en estos se ejerce la prostitución y trata de personas.
Señaló que no es un problema solo de la ley, sino del comportamiento social y la falta de una cultura de la denuncia.
Derivado de ello, expuso que durante la primera semana de febrero será instalado el Consejo Estatal para el Combate de la Trata de Personas, establecido en la ley en la materia y que debió funcionar desde principios de enero.
Precisó que una de las principales funciones del Consejo, será establecer un programa de trabajo para atender y prevenir el tema de trata de personas, sobre todo en la zona sur del Estado.
Y es que reconoció, que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos, han reforzado el reclamo de que el Gobierno local se responsabilice del delito que tiene que ver con la explotación sexual de mujeres.
"Están preocupados porque haya seriedad por parte del Gobierno en el tratamiento del tema de trata de personas", acotó.
El funcionario dijo que entre las organizaciones civiles que colaborarán en las acciones de prevención y combate de trata de personas, estará el Centro Fray Julián Garcés, organización que incluso ha documentado que en Tenancingo, Tlaxcala operan por lo menos mil lenones y tratantes.
"Pero ahora hay que analizar con cuidado los estudios, investigaciones y reportajes que se han hecho respecto de este tema", asentó.
Así lo sostuvo el secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez quien indicó que no es un delito ejercer la prostitución.
"El fenómeno de la prostitución por sí mismo no es un delito, en todo caso en algunos municipios está considerado como una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno; lo que constituye la falta grave es la trata de personas", apuntó en entrevista.
Indicó que la Secretaría de Finanzas (SF) tiene la facultad de otorgar licencias de funcionamiento a este tipo de comercios que ofrecen servicios de diversión nocturna, pero no es la responsable de que los encargados de los lugares permitan la prostitución y trata de personas de forma clandestina.
"Como se trata de un delito, nadie va a pedir permiso para hacer una acción de ese tipo, además es indudable que el Estado no lo autorizaría, se trata de una actividad clandestina que se da al margen absoluto de la ley.
"Obviamente si la Secretaría de Finanzas expide una licencia para que funcione un restaurante, se espera que se cumpla y si no es así, entonces corresponde una actitud dolosa de quien actúa", asentó.
En este sentido, Cuevas Sánchez argumentó que la única forma de proceder en contra de quienes trasgreden la ley, es mediante la denuncia ciudadana, la cual no se da para el caso de giros negros y menos, cuando en estos se ejerce la prostitución y trata de personas.
Señaló que no es un problema solo de la ley, sino del comportamiento social y la falta de una cultura de la denuncia.
Derivado de ello, expuso que durante la primera semana de febrero será instalado el Consejo Estatal para el Combate de la Trata de Personas, establecido en la ley en la materia y que debió funcionar desde principios de enero.
Precisó que una de las principales funciones del Consejo, será establecer un programa de trabajo para atender y prevenir el tema de trata de personas, sobre todo en la zona sur del Estado.
Y es que reconoció, que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos, han reforzado el reclamo de que el Gobierno local se responsabilice del delito que tiene que ver con la explotación sexual de mujeres.
"Están preocupados porque haya seriedad por parte del Gobierno en el tratamiento del tema de trata de personas", acotó.
El funcionario dijo que entre las organizaciones civiles que colaborarán en las acciones de prevención y combate de trata de personas, estará el Centro Fray Julián Garcés, organización que incluso ha documentado que en Tenancingo, Tlaxcala operan por lo menos mil lenones y tratantes.
"Pero ahora hay que analizar con cuidado los estudios, investigaciones y reportajes que se han hecho respecto de este tema", asentó.
Ana Laura Vásquez corresponsal, Reforma, 1º de febrero.
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