Integrantes de Amnistía Internacional se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno, donde se reunieron con el gobernador, José Calzada Rovirosa, para buscar la liberación de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI en 2006.
La madre de Alberta y suegra de Teresa, Amalia Juan Regino, así como el esposo de Teresa, Gabriel Alcántara Juan, demandaron el apoyo del gobernador para dialogar ante las autoridades federales a favor de ambas indígenas.
Los abogados y Amnistía Internacional analizan apelar, en menos de cinco días, la sentencia del juez IV de Distrito Federal de 21 años de cárcel y una multa de 160 mil pesos a las dos mujeres, o bien, solicitar un amparo, en menos de 10 días, por las irregularidades del proceso.
En tanto, el gobernador José Calzada destacó que se reunirá con la Procuraduría General de la República (PGR), porque aunque el caso no es competencia del estado, las autoridades sí serán solidarias con la situación de ambas indígenas.
“Sin ninguna cuestión de por medio, todas las veces que se requiera estas puertas estarán abiertas para poder platicar, tenemos una limitante en las leyes, hay competencias”, insistió el gobernador.
Tras la reunión, los familiares de las indígenas y Leopoldo Maldonado, abogado del centro Prodh, señalaron en rueda de prensa que el viernes pasado el juez IV de distrito condenó a las dos mujeres a 21 años de prisión y 160 mil pesos de multa.
Señaló que el delito que se les acusa es secuestro y en el caso de Alberta, por la presunta portación de 400 gramos de cocaína.
Esta droga, de acuerdo con el personal de la PGR, “se consumió durante las pruebas periciales”, por lo que nunca se mostró físicamente en el proceso, y pese a que la defensa de las indígenas demostró que Alberta no consume cocaína ni la vende.
Además de que es una droga ajena al pueblo indígena de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, de donde son originarias las dos mujeres.
“Se hace patente el talante discriminatorio del sistema de justicia en México, así como el uso faccioso del aparato punitivo del Estado, para castigar muestras de descontento”, indicó.
En lugar de sancionar a los seis agentes por el abuso de autoridad, el 26 de marzo del 2006 en Santiago Mexquititlán, se opta por criminalizar a dos mujeres del pueblo ñhañhu, afirmó.
Alberto Herrera, representante de Amnistía Internacional, reconoció que este proceso deberá resolverse en el ámbito de lo judicial.
Destacó que el apoyo del gobierno estatal será significativo para hacer planteamientos ante la PGR, por las irregularidades que se presentan hasta el momento, y que llevaron a la liberación de Jacinta Francisco Marcial, acusada de los mismos delitos.
Asimismo, Amalia Juan Regino pidió defender a su hija y a su nuera “para que les den su libertad, ellas no deben nada y mi nieta ya nació en la cárcel, tiene un año”.
El esposo de Teresa, Gabriel Alcántara Juan, quien presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos de Querétaro (CEDHQ) en contra del Ministerio Público y el juzgado IV de Distrito, confió en que las autoridades estatales vigilarán de cerca el caso.
La madre de Alberta y suegra de Teresa, Amalia Juan Regino, así como el esposo de Teresa, Gabriel Alcántara Juan, demandaron el apoyo del gobernador para dialogar ante las autoridades federales a favor de ambas indígenas.
Los abogados y Amnistía Internacional analizan apelar, en menos de cinco días, la sentencia del juez IV de Distrito Federal de 21 años de cárcel y una multa de 160 mil pesos a las dos mujeres, o bien, solicitar un amparo, en menos de 10 días, por las irregularidades del proceso.
En tanto, el gobernador José Calzada destacó que se reunirá con la Procuraduría General de la República (PGR), porque aunque el caso no es competencia del estado, las autoridades sí serán solidarias con la situación de ambas indígenas.
“Sin ninguna cuestión de por medio, todas las veces que se requiera estas puertas estarán abiertas para poder platicar, tenemos una limitante en las leyes, hay competencias”, insistió el gobernador.
Tras la reunión, los familiares de las indígenas y Leopoldo Maldonado, abogado del centro Prodh, señalaron en rueda de prensa que el viernes pasado el juez IV de distrito condenó a las dos mujeres a 21 años de prisión y 160 mil pesos de multa.
Señaló que el delito que se les acusa es secuestro y en el caso de Alberta, por la presunta portación de 400 gramos de cocaína.
Esta droga, de acuerdo con el personal de la PGR, “se consumió durante las pruebas periciales”, por lo que nunca se mostró físicamente en el proceso, y pese a que la defensa de las indígenas demostró que Alberta no consume cocaína ni la vende.
Además de que es una droga ajena al pueblo indígena de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, de donde son originarias las dos mujeres.
“Se hace patente el talante discriminatorio del sistema de justicia en México, así como el uso faccioso del aparato punitivo del Estado, para castigar muestras de descontento”, indicó.
En lugar de sancionar a los seis agentes por el abuso de autoridad, el 26 de marzo del 2006 en Santiago Mexquititlán, se opta por criminalizar a dos mujeres del pueblo ñhañhu, afirmó.
Alberto Herrera, representante de Amnistía Internacional, reconoció que este proceso deberá resolverse en el ámbito de lo judicial.
Destacó que el apoyo del gobierno estatal será significativo para hacer planteamientos ante la PGR, por las irregularidades que se presentan hasta el momento, y que llevaron a la liberación de Jacinta Francisco Marcial, acusada de los mismos delitos.
Asimismo, Amalia Juan Regino pidió defender a su hija y a su nuera “para que les den su libertad, ellas no deben nada y mi nieta ya nació en la cárcel, tiene un año”.
El esposo de Teresa, Gabriel Alcántara Juan, quien presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos de Querétaro (CEDHQ) en contra del Ministerio Público y el juzgado IV de Distrito, confió en que las autoridades estatales vigilarán de cerca el caso.
Notimex en Querétaro, Crónica, 23 de febrero.
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