A nombre del gobierno federal, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció ayer una disculpa pública a los familiares de las 15 personas ejecutadas la madrugada del pasado 31 de enero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su gran mayoría jóvenes, pero su acción no evitó el airado reclamo de los deudos.
Reunidos con el titular de Gobernación en la colonia Villas de Salvárcar, sitio donde se perpetró la matanza, los familiares de los jóvenes acribillados no pudieron esconder su dolor y enojo por las declaraciones del propio Gómez Mont y del presidente Felipe Calderón, quienes inicialmente atribuyeron el crimen “a un pleito de pandillas”.
El responsable de la política interior arribó a Ciudad Juárez y de inmediato se trasladó a esa localidad, donde ya le esperaban los deudos de los jóvenes asesinados y representantes de diversas organizaciones sociales, con quienes sostuvo un encuentro que se prolongó por aproximadamente una hora y media.
Gómez Mont realizaría inicialmente una visita de siete horas a Ciudad Juárez, pero por la noche anunció a organizaciones civiles que permanecería durante cuatro días, a fin de coordinar de manera conjunta las acciones emergentes contra el crimen organizado en esa ciudad.
Precisamente el jueves, además de Gómez Mont estarán en Ciudad Juárez los secretarios de Salud, José Ángel Córdova; Educación, Alonso Lujambio; y de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, para poner en marcha un programa integral de desarrollo de esa ciudad.
La ira mostrada por los familiares de las víctimas en la reunión con Gómez Mont tuvo dos ejes principales, uno de los cuales se sustentó en “la criminalización” que hicieron de los jóvenes tanto el secretario de Gobernación como el Presidente de la república, incluso éste sin encontrarse en el país.
El otro reclamo fuerte al funcionario se dio en razón de lo que los deudos consideraron “la grave e insoportable impunidad” que impera en Ciudad Juárez, así como “las actuaciones ilegales y graves” que continuamente cometen contra la población personal de las fuerzas armadas y de Seguridad Pública con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado.
Al término del encuentro, al que asistieron también el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, el secretario Gómez Mont se retiró visiblemente molesto y sin hacer ninguna declaración a los medios, mientras que los familiares dijeron sentirse “insatisfechos” con la visita del titular de la Segob.
Luego de que los funcionarios se retiraron de la colonia Salvárcar, familiares de los jóvenes rafagueados revelaron que el secretario de Gobernación les ofreció sus disculpas y les explicó que sus declaraciones, al igual que las del presidente Calderón, se dieron en virtud de que los primeros datos que tuvo el gobierno federal sobre la masacre “eran erróneos”.
Durante la reunión, representantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y familiares de los ejecutados entregaron a Gómez Mont una carta en la que le informan “la verdadera situación que enfrenta Chihuahua, y en especial Ciudad Juárez”.
En el escrito se da cuenta de “las actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que, en teoría, deberían garantizar el Estado de derecho”.
De igual forma, los firmantes sostienen en su misiva que un plan social para Ciudad Juárez “es adecuado, pero no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz, sino se garantiza la procuración de la justicia y la aplicación de la ley, aun y cuando ello pueda afectar intereses”.
La madre de una de las víctimas, finalmente, dijo que ni Gómez Mont ni el gobernador Baeza Terrazas, y menos el alcalde Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, se comprometieron “de manera seria con nosotros. La verdad seguimos dolidos y ya no creemos en nadie; ni en ellos. Además, nada de lo que prometan nos regresará a nuestros hijos”, concluyó.
Reunidos con el titular de Gobernación en la colonia Villas de Salvárcar, sitio donde se perpetró la matanza, los familiares de los jóvenes acribillados no pudieron esconder su dolor y enojo por las declaraciones del propio Gómez Mont y del presidente Felipe Calderón, quienes inicialmente atribuyeron el crimen “a un pleito de pandillas”.
El responsable de la política interior arribó a Ciudad Juárez y de inmediato se trasladó a esa localidad, donde ya le esperaban los deudos de los jóvenes asesinados y representantes de diversas organizaciones sociales, con quienes sostuvo un encuentro que se prolongó por aproximadamente una hora y media.
Gómez Mont realizaría inicialmente una visita de siete horas a Ciudad Juárez, pero por la noche anunció a organizaciones civiles que permanecería durante cuatro días, a fin de coordinar de manera conjunta las acciones emergentes contra el crimen organizado en esa ciudad.
Precisamente el jueves, además de Gómez Mont estarán en Ciudad Juárez los secretarios de Salud, José Ángel Córdova; Educación, Alonso Lujambio; y de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, para poner en marcha un programa integral de desarrollo de esa ciudad.
La ira mostrada por los familiares de las víctimas en la reunión con Gómez Mont tuvo dos ejes principales, uno de los cuales se sustentó en “la criminalización” que hicieron de los jóvenes tanto el secretario de Gobernación como el Presidente de la república, incluso éste sin encontrarse en el país.
El otro reclamo fuerte al funcionario se dio en razón de lo que los deudos consideraron “la grave e insoportable impunidad” que impera en Ciudad Juárez, así como “las actuaciones ilegales y graves” que continuamente cometen contra la población personal de las fuerzas armadas y de Seguridad Pública con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado.
Al término del encuentro, al que asistieron también el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, el secretario Gómez Mont se retiró visiblemente molesto y sin hacer ninguna declaración a los medios, mientras que los familiares dijeron sentirse “insatisfechos” con la visita del titular de la Segob.
Luego de que los funcionarios se retiraron de la colonia Salvárcar, familiares de los jóvenes rafagueados revelaron que el secretario de Gobernación les ofreció sus disculpas y les explicó que sus declaraciones, al igual que las del presidente Calderón, se dieron en virtud de que los primeros datos que tuvo el gobierno federal sobre la masacre “eran erróneos”.
Durante la reunión, representantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y familiares de los ejecutados entregaron a Gómez Mont una carta en la que le informan “la verdadera situación que enfrenta Chihuahua, y en especial Ciudad Juárez”.
En el escrito se da cuenta de “las actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que, en teoría, deberían garantizar el Estado de derecho”.
De igual forma, los firmantes sostienen en su misiva que un plan social para Ciudad Juárez “es adecuado, pero no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz, sino se garantiza la procuración de la justicia y la aplicación de la ley, aun y cuando ello pueda afectar intereses”.
La madre de una de las víctimas, finalmente, dijo que ni Gómez Mont ni el gobernador Baeza Terrazas, y menos el alcalde Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, se comprometieron “de manera seria con nosotros. La verdad seguimos dolidos y ya no creemos en nadie; ni en ellos. Además, nada de lo que prometan nos regresará a nuestros hijos”, concluyó.
Luciano Franco, Crónica, 9 de febrero.
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