Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro declararon a Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan presas de conciencia, ante las irregularidades en su proceso judicial por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta AFI.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, y Alberto Herrera, director ejecutivo de AI, coincidieron en que las acusadas son inocentes del plagio de los policías, por lo que demandan su inmediata liberación, pues las pruebas que sostiene en su contra la PGR son débiles e insostenibles.
Alberto Herrera dijo que las mujeres indígenas no tuvieron un intérprete y el abogado defensor de oficio nunca tuvo contacto con ellas, además de que no se les explicó con claridad el proceso que enfrentaban.
Además, los careos fueron entre los agentes de la AFI y en las acusaciones hay “contradicciones sustanciales” que cambian la situación de “no acusación” a “acusatorias” en contra de Teresa González y Alberta Alcántara. Hace cinco meses fue liberada Jacinta Francisco Marcial, también relacionada en el caso.
La única evidencia en contra de las mujeres en el supuesto plagio de los agentes —quienes al parecer vestidos de civil querían decomisar mercancías a los comerciantes del mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro— es una foto tomada por un reportero en la que aparecen las implicadas junto con los ex afis.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos calificó de “absurdo” el procedimiento judicial del caso y asegura que no se está respetando la presunción de inocencia de las acusadas.
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan fueron sentenciadas a 21 años de cárcel, aunque el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, tiene 20 días para revisar la sentencia en un nuevo juicio.
Amnistía Internacional y el Centro Agustín Pro confían en que la sentencia sea absolutoria, en caso contrario, dijeron, se demostraría la parcialidad y discriminación de la justicia mexicana.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, y Alberto Herrera, director ejecutivo de AI, coincidieron en que las acusadas son inocentes del plagio de los policías, por lo que demandan su inmediata liberación, pues las pruebas que sostiene en su contra la PGR son débiles e insostenibles.
Alberto Herrera dijo que las mujeres indígenas no tuvieron un intérprete y el abogado defensor de oficio nunca tuvo contacto con ellas, además de que no se les explicó con claridad el proceso que enfrentaban.
Además, los careos fueron entre los agentes de la AFI y en las acusaciones hay “contradicciones sustanciales” que cambian la situación de “no acusación” a “acusatorias” en contra de Teresa González y Alberta Alcántara. Hace cinco meses fue liberada Jacinta Francisco Marcial, también relacionada en el caso.
La única evidencia en contra de las mujeres en el supuesto plagio de los agentes —quienes al parecer vestidos de civil querían decomisar mercancías a los comerciantes del mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro— es una foto tomada por un reportero en la que aparecen las implicadas junto con los ex afis.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos calificó de “absurdo” el procedimiento judicial del caso y asegura que no se está respetando la presunción de inocencia de las acusadas.
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan fueron sentenciadas a 21 años de cárcel, aunque el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, tiene 20 días para revisar la sentencia en un nuevo juicio.
Amnistía Internacional y el Centro Agustín Pro confían en que la sentencia sea absolutoria, en caso contrario, dijeron, se demostraría la parcialidad y discriminación de la justicia mexicana.
Enrique Huerta, Milenio, 13 de febrero.
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