Aunque es legítima la figura de un comisionado federal con mando policiaco y militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, para combatir al crimen organizado, si el funcionario designado para esa misión se enfoca más en medidas de persecución del delito que en estrategias de prevención y apoyo social “el resultado seguirá siendo el mismo que hasta ahora: un rotundo fracaso”, coincidieron en señalar el constitucionalista Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el abogado Rogelio de la Garza Jaime.
Recordaron que el año pasado entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prevé la utilización de mandos únicos.
“No vería ninguna violación legal puesto que está en el nuevo marco jurídico. Esta ley prevé la posibilidad del mando único sobre fuerzas militares y civiles. De hecho, el Ejército Mexicano sólo puede actuar en auxilio a la autoridad civil”, indicó Carbonell.
Expuso que en principio la medida es legal, pero puede ocurrir que el mando designado para Ciudad Juárez termine aplicando las medidas de la estrategia anterior (militarizar las calles y continuar con la caza de delincuentes), y “ya está más que demostrado que ha sido un total fracaso”.
Agregó que en Juárez está documentado que militares han incurrido en actos de tortura, desaparición forzada e incomunicación de parte de las personas detenidas por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Carbonell destacó que la estrategia en Juárez sí debe ser estrictamente policiaca, pero en el corto plazo, pues para el largo plazo debe “ser reconstructiva del tejido social, ya que en ese municipio la vida en su totalidad está masacrada, no sólo por la delincuencia, sino por la falta de oportunidades de empleo y por el estado desastroso de la infraestructura de servicios públicos”.
Acerca del traslado de poderes a Juárez, De la Garza expuso que “esta bien eso de trasladar poderes, no se viola la Constitución; pero la idea de enviar un mando único a Juárez de nada servirá si en el fondo su misión es seguir aplicando una estrategia militar y policiaca en las calles, pues es ahí donde está el problema”.
Recordaron que el año pasado entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prevé la utilización de mandos únicos.
“No vería ninguna violación legal puesto que está en el nuevo marco jurídico. Esta ley prevé la posibilidad del mando único sobre fuerzas militares y civiles. De hecho, el Ejército Mexicano sólo puede actuar en auxilio a la autoridad civil”, indicó Carbonell.
Expuso que en principio la medida es legal, pero puede ocurrir que el mando designado para Ciudad Juárez termine aplicando las medidas de la estrategia anterior (militarizar las calles y continuar con la caza de delincuentes), y “ya está más que demostrado que ha sido un total fracaso”.
Agregó que en Juárez está documentado que militares han incurrido en actos de tortura, desaparición forzada e incomunicación de parte de las personas detenidas por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Carbonell destacó que la estrategia en Juárez sí debe ser estrictamente policiaca, pero en el corto plazo, pues para el largo plazo debe “ser reconstructiva del tejido social, ya que en ese municipio la vida en su totalidad está masacrada, no sólo por la delincuencia, sino por la falta de oportunidades de empleo y por el estado desastroso de la infraestructura de servicios públicos”.
Acerca del traslado de poderes a Juárez, De la Garza expuso que “esta bien eso de trasladar poderes, no se viola la Constitución; pero la idea de enviar un mando único a Juárez de nada servirá si en el fondo su misión es seguir aplicando una estrategia militar y policiaca en las calles, pues es ahí donde está el problema”.
Alfredo Méndez, La Jornada, 10 de febrero.
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