La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo tres amparos promovidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.
En los recursos se impugnaron sentencias condenatorias de 67 años con 6 meses en contra de tres integrantes de la organización, por el delito de secuestro equiparado.
También se adujo la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 259 del Código Penal del Estado de México.
Según los hechos, los delitos se cometieron cuando los integrantes del FPDT privaron de su libertad a diversos funcionarios públicos del gobierno mexiquense, con el fin de obligar al titular del Poder Ejecutivo local a liberar a uno de sus miembros, y reanudar las mesas de diálogo derivadas del conflicto del 2006.
Fue la misma táctica utilizada en otra reunión para abordar cuestiones educativas: cuando los atenquenses se enteraron de que no asistiría el secretario de Educación Pública de la entidad, retuvieron a otro grupo de servidores públicos.
Los ministros coincidieron en que el asunto cumple con los requisitos de interés y trascendencia: “Tiene un gran significado social. El caso permitirá a la Corte sentar criterios acerca de la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener servidores públicos -a modo de rehenes- como medio de presión para obtener determinadas peticiones por parte de la autoridad”.
Al ejercer la facultad de atracción, también argumentaron que “estas acciones han suscitado dudas acerca del alcance y límites de la libertad de expresión, así como de las formas válidas para que personas, organizadas o no, protesten o presionen a las autoridades”.
En los recursos se impugnaron sentencias condenatorias de 67 años con 6 meses en contra de tres integrantes de la organización, por el delito de secuestro equiparado.
También se adujo la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 259 del Código Penal del Estado de México.
Según los hechos, los delitos se cometieron cuando los integrantes del FPDT privaron de su libertad a diversos funcionarios públicos del gobierno mexiquense, con el fin de obligar al titular del Poder Ejecutivo local a liberar a uno de sus miembros, y reanudar las mesas de diálogo derivadas del conflicto del 2006.
Fue la misma táctica utilizada en otra reunión para abordar cuestiones educativas: cuando los atenquenses se enteraron de que no asistiría el secretario de Educación Pública de la entidad, retuvieron a otro grupo de servidores públicos.
Los ministros coincidieron en que el asunto cumple con los requisitos de interés y trascendencia: “Tiene un gran significado social. El caso permitirá a la Corte sentar criterios acerca de la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener servidores públicos -a modo de rehenes- como medio de presión para obtener determinadas peticiones por parte de la autoridad”.
Al ejercer la facultad de atracción, también argumentaron que “estas acciones han suscitado dudas acerca del alcance y límites de la libertad de expresión, así como de las formas válidas para que personas, organizadas o no, protesten o presionen a las autoridades”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 11 de febrero.
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