Rastreo de actividades financieras ilícitas, vigilancia satelital y promoción de recompensas millonarias por denuncias anónimas, son elementos contemplados en la nueva fórmula que pretende aplicarse en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esto, después del alto índice delictivo registrado durante los últimos meses en ese punto del país, que ha incluido matanzas a personas desligadas del crimen organizado.
El gabinete de seguridad del gobierno federal —conformado por los titulares de la PGR, de la SSP-f, de la Sedena y de la Marina— y su equivalente a nivel estatal y municipal se han concentrado hasta ahora en el diseño de la parte operativa.
De acuerdo con informes de las dependencias federales, este esquema habrá de complementarse con una estrategia integral que abarcará programas sociales, educativos, laborales, recreativos y de servicios, regulados por otras instancias federales y locales.
El nuevo modelo operativo tendrá como eje principal la investigación sobre redes financieras relacionadas con el narcotráfico y sobre rutas de lavado de dinero, en coordinación con instituciones bancarias, de valores y casas de cambio.
Otras de las acciones importantes será potenciar el uso de unidades tecnológicas e instrumentos satelitales de vigilancia y monitoreo aéreo.
También implementar un cuadro de elevadas recompensas para quienes proporcionen datos útiles en una indagatoria o información fidedigna que lleve a la detención de jefes criminales, sicarios u operadores financieros, o bien a decomisos considerables de droga, dinero y armas.
Las reglas específicas aún no han sido definidas.
Este esquema se basará en los criterios establecidos el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación, que difundió pagos hasta por 15 millones de pesos, mediante números confidenciales de identificación.
También se consideran modelos de protección, tanto para testigos que han pertenecido a grupos delictivos como para informantes ciudadanos, “que pudieran estar en riesgo por brindar apoyo”.
Además, se ha proyectado reforzar el uso de policías infiltrados en bandas, pandillas, células o grupos callejeros, y en zonas de alta incidencia criminal.
Hasta el momento no se ha considerado reestructurar el plan de presencia policial y militar diseñado el mes pasado, que acordó la concentración de militares en áreas rurales y de difícil acceso, y de policías federales en zonas urbanas y corredores centrales.
Tampoco las acciones conjuntas en operativos de alto impacto, cateos, enfrentamientos y persecuciones.
Sin embargo, en el caso de los PF’s se fortalecerá el trabajo de análisis táctico, inteligencia, logística, campo y operación del Centro de Respuesta Inmediata.
Esto, después del alto índice delictivo registrado durante los últimos meses en ese punto del país, que ha incluido matanzas a personas desligadas del crimen organizado.
El gabinete de seguridad del gobierno federal —conformado por los titulares de la PGR, de la SSP-f, de la Sedena y de la Marina— y su equivalente a nivel estatal y municipal se han concentrado hasta ahora en el diseño de la parte operativa.
De acuerdo con informes de las dependencias federales, este esquema habrá de complementarse con una estrategia integral que abarcará programas sociales, educativos, laborales, recreativos y de servicios, regulados por otras instancias federales y locales.
El nuevo modelo operativo tendrá como eje principal la investigación sobre redes financieras relacionadas con el narcotráfico y sobre rutas de lavado de dinero, en coordinación con instituciones bancarias, de valores y casas de cambio.
Otras de las acciones importantes será potenciar el uso de unidades tecnológicas e instrumentos satelitales de vigilancia y monitoreo aéreo.
También implementar un cuadro de elevadas recompensas para quienes proporcionen datos útiles en una indagatoria o información fidedigna que lleve a la detención de jefes criminales, sicarios u operadores financieros, o bien a decomisos considerables de droga, dinero y armas.
Las reglas específicas aún no han sido definidas.
Este esquema se basará en los criterios establecidos el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación, que difundió pagos hasta por 15 millones de pesos, mediante números confidenciales de identificación.
También se consideran modelos de protección, tanto para testigos que han pertenecido a grupos delictivos como para informantes ciudadanos, “que pudieran estar en riesgo por brindar apoyo”.
Además, se ha proyectado reforzar el uso de policías infiltrados en bandas, pandillas, células o grupos callejeros, y en zonas de alta incidencia criminal.
Hasta el momento no se ha considerado reestructurar el plan de presencia policial y militar diseñado el mes pasado, que acordó la concentración de militares en áreas rurales y de difícil acceso, y de policías federales en zonas urbanas y corredores centrales.
Tampoco las acciones conjuntas en operativos de alto impacto, cateos, enfrentamientos y persecuciones.
Sin embargo, en el caso de los PF’s se fortalecerá el trabajo de análisis táctico, inteligencia, logística, campo y operación del Centro de Respuesta Inmediata.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 6 de febrero.
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