Primero investigar, luego juzgar y sancionar… Esta fue la petición de la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades mexicanas, tras la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez y otros puntos del país.
Al participar en un foro sobre discriminación, organizado por la Suprema Corte de Justicia, el representante de la ONU Alberto Brunori dijo que, por ahora, no comprará la versión de que la masacre se derivó de un conflicto entre pandillas: “No compro ninguna teoría a priori”. Sí pidió a las instancias involucradas, en todos los niveles de gobierno, resolver el caso: “Lo que nos corresponde es pedir a las autoridades que se investigue y esclarezca el caso. Todas las hipótesis tienen que ser consideradas como corresponde a cualquier investigación”.
El hecho fue calificado por Brunori como una “barbaridad”. Apuntó que la violencia y, en especial, los ataques contra jóvenes representan “extrema preocupación” para la Organización de las Naciones Unidas.
Por eso, adelantó que hará un llamado a las autoridades nacionales para evitar la impunidad y “esclarecer lo ocurrido”.
Al ser cuestionado sobre la presunta relación de los preparatorianos ejecutados con bandas delictivas, respondió: “Primero hay que investigar, luego juzgar y eventualmente sancionar”.
CNDH SE SUMA A EXIGENCIA. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se unió a la demanda de “una explicación a fondo” sobre lo sucedido en Juárez. Reprochó la situación de abandono y abuso de poder que sufren las víctimas del delito. “El procedimiento penal mexicano trata a la víctima del delito como si fuese un tercero ajeno al problema: le niega informes y no se le permite intervenir en el desarrollo del procedimiento, lo que provoca una doble victimización”.
Anunció que ya ha abierto un expediente sobre el caso: envió a la ciudad fronteriza visitadores adjuntos y psicólogos. Los primeros recabarán información de los hechos, recibirán testimonios de los familiares y brindarán apoyo jurídico, mientras que los segundos proporcionarán atención por estrés postraumático a los afectados. “La intervención de la CNDH se realiza en el ámbito de su competencia, con pleno respeto al gobierno local y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, detalló.
Al participar en un foro sobre discriminación, organizado por la Suprema Corte de Justicia, el representante de la ONU Alberto Brunori dijo que, por ahora, no comprará la versión de que la masacre se derivó de un conflicto entre pandillas: “No compro ninguna teoría a priori”. Sí pidió a las instancias involucradas, en todos los niveles de gobierno, resolver el caso: “Lo que nos corresponde es pedir a las autoridades que se investigue y esclarezca el caso. Todas las hipótesis tienen que ser consideradas como corresponde a cualquier investigación”.
El hecho fue calificado por Brunori como una “barbaridad”. Apuntó que la violencia y, en especial, los ataques contra jóvenes representan “extrema preocupación” para la Organización de las Naciones Unidas.
Por eso, adelantó que hará un llamado a las autoridades nacionales para evitar la impunidad y “esclarecer lo ocurrido”.
Al ser cuestionado sobre la presunta relación de los preparatorianos ejecutados con bandas delictivas, respondió: “Primero hay que investigar, luego juzgar y eventualmente sancionar”.
CNDH SE SUMA A EXIGENCIA. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se unió a la demanda de “una explicación a fondo” sobre lo sucedido en Juárez. Reprochó la situación de abandono y abuso de poder que sufren las víctimas del delito. “El procedimiento penal mexicano trata a la víctima del delito como si fuese un tercero ajeno al problema: le niega informes y no se le permite intervenir en el desarrollo del procedimiento, lo que provoca una doble victimización”.
Anunció que ya ha abierto un expediente sobre el caso: envió a la ciudad fronteriza visitadores adjuntos y psicólogos. Los primeros recabarán información de los hechos, recibirán testimonios de los familiares y brindarán apoyo jurídico, mientras que los segundos proporcionarán atención por estrés postraumático a los afectados. “La intervención de la CNDH se realiza en el ámbito de su competencia, con pleno respeto al gobierno local y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, detalló.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 4 de febrero.
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