Al ratificar la sentencia de 21 años de prisión a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de haber secuestrado a agentes de la desaparecida AFI, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) afirmó que se hace patente el talante discriminatorio del sistema de justicia en México, así como el uso faccioso del aparato punitivo del Estado para castigar las muestras de descontento. En lugar de sancionar a los seis agentes federales por el abuso de autoridad perpetrado en marzo de 2006 en la comunidad Santiago Mexquititlán.
El Centro Pro señaló que en enero de 2009, las mujeres ñha-ñhú fueron injustamente sentenciadas a 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa. El juez Cuarto de Distrito en Querétaro las condenó, junto con Jacinta Francisco Marcial, considerándolas responsables de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Posteriormente, en abril de 2009 el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia, determinó que la acusación estaba plagada de contradicciones por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas.
Dichas diligencias fueron realizadas durante mayo y septiembre del año pasado ante la presencia del juez Cuarto de Distrito. En ellas, el juzgador conoció de primera mano las inconsistencias e incongruencias en que persistentemente incurrieron los agentes federales de investigación que se dolían de haber sido plagiados.
Además, durante la reposición del procedimiento la CNDH emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República por las violaciones a los derechos humanos de Alberta, Teresa y Jacinta.
Con todos los elementos anteriores y estando en posibilidad de dictar nueva sentencia, el juez Rodolfo Pedraza Longhi tuvo ante sí la oportunidad de restituir los derechos de Alberta y Teresa y devolverles su libertad.
México/Eugenia Jiménez, Milenio, 23 de febrero.
El Centro Pro señaló que en enero de 2009, las mujeres ñha-ñhú fueron injustamente sentenciadas a 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa. El juez Cuarto de Distrito en Querétaro las condenó, junto con Jacinta Francisco Marcial, considerándolas responsables de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Posteriormente, en abril de 2009 el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia, determinó que la acusación estaba plagada de contradicciones por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas.
Dichas diligencias fueron realizadas durante mayo y septiembre del año pasado ante la presencia del juez Cuarto de Distrito. En ellas, el juzgador conoció de primera mano las inconsistencias e incongruencias en que persistentemente incurrieron los agentes federales de investigación que se dolían de haber sido plagiados.
Además, durante la reposición del procedimiento la CNDH emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República por las violaciones a los derechos humanos de Alberta, Teresa y Jacinta.
Con todos los elementos anteriores y estando en posibilidad de dictar nueva sentencia, el juez Rodolfo Pedraza Longhi tuvo ante sí la oportunidad de restituir los derechos de Alberta y Teresa y devolverles su libertad.
México/Eugenia Jiménez, Milenio, 23 de febrero.
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