Los altos índices de violencia que se viven en nuestro país se deben a la corrupción e impunidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, señaló ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en una exhortación pastoral titulada "Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna".
Además, demandó la transformación del Estado con la finalidad de que tengan mayor eficacia institucional y busque la manera de retirar a la milicia de las calles ante el riesgo de que la comunidad civil sea vejada.
Afirmó que los orígenes de la inseguridad y la escalada violenta surgieron gracias a que "en su momento, la omisión, la indiferencia, la connivencia o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales".
El documento, resultado de un año de consultas y análisis entre representantes sociales, juristas, militares, todos laicos, contiene más de 100 propuestas tendientes a eliminar la violencia e inseguridad, producto -señala el informe- de una crisis de legalidad, el debilitamiento del tejido social y una crisis de moralidad.
A las fuerzas armadas en particular, la CEM les advierte que, como primeros testigos de la violencia, se comprometan a defender los derechos humanos y garantizar la convivencia pacífica con los civiles para que el país recupere la estabilidad y la convivencia en armonía.
El organismo eclesiástico que agrupa a los tres cardenales y 151 obispos del país indicó que el crecimiento de la violencia y el crimen organizado tienen entre sus causas la crisis económica y la cultura del fraude que se maneja en la clase política.
Por ello, para terminar con la inseguridad se debe poner fin de manera urgente a los privilegios de la clase política, añadió.
La exhortación pastoral fue presentada en conferencia de prensa por el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, y el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vera, y en el mismo se asienta que es necesario asimismo combatir la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Los ministros de la Iglesia urgieron a que el gobierno depure el sistema de procuración de justicia y no pacte con el crimen organizado.
Hicieron notar que la situación de inseguridad y violencia se agrava cada día, y advirtieron cómo el narcotráfico se ha transformado, y "además de un país producto de trasiego de droga, se convirtió en un país consumidor. Se cerró así el ciclo de producción, distribución, venta y consumo".
Además, demandó la transformación del Estado con la finalidad de que tengan mayor eficacia institucional y busque la manera de retirar a la milicia de las calles ante el riesgo de que la comunidad civil sea vejada.
Afirmó que los orígenes de la inseguridad y la escalada violenta surgieron gracias a que "en su momento, la omisión, la indiferencia, la connivencia o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales".
El documento, resultado de un año de consultas y análisis entre representantes sociales, juristas, militares, todos laicos, contiene más de 100 propuestas tendientes a eliminar la violencia e inseguridad, producto -señala el informe- de una crisis de legalidad, el debilitamiento del tejido social y una crisis de moralidad.
A las fuerzas armadas en particular, la CEM les advierte que, como primeros testigos de la violencia, se comprometan a defender los derechos humanos y garantizar la convivencia pacífica con los civiles para que el país recupere la estabilidad y la convivencia en armonía.
El organismo eclesiástico que agrupa a los tres cardenales y 151 obispos del país indicó que el crecimiento de la violencia y el crimen organizado tienen entre sus causas la crisis económica y la cultura del fraude que se maneja en la clase política.
Por ello, para terminar con la inseguridad se debe poner fin de manera urgente a los privilegios de la clase política, añadió.
La exhortación pastoral fue presentada en conferencia de prensa por el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, y el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vera, y en el mismo se asienta que es necesario asimismo combatir la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Los ministros de la Iglesia urgieron a que el gobierno depure el sistema de procuración de justicia y no pacte con el crimen organizado.
Hicieron notar que la situación de inseguridad y violencia se agrava cada día, y advirtieron cómo el narcotráfico se ha transformado, y "además de un país producto de trasiego de droga, se convirtió en un país consumidor. Se cerró así el ciclo de producción, distribución, venta y consumo".
La Crónica, 16 de febrero.
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