El preso político cubano Orlando Zapata Tamayo murió ayer en un hospital de La Habana tras 85 días en huelga de hambre para pedir que se le tratara como “prisionero de conciencia”, informaron fuentes opositoras.
Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), declaró que el deceso de Zapata Tamayo, que formaba parte del grupo de 75 disidentes condenados en la primavera de 2003 con penas de hasta 28 años de cárcel, “aparte de una tragedia para la familia, es una muy mala noticia para todo el movimiento cubano de derechos humanos y también para el Gobierno, porque esa muerte era evitable”.
“Graves consecuencias”. Consideró que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)”.
El disidente había sido trasladado de la cárcel de Camagüey, situada 533 kilómetros al este de la capital, a un hospital de reclusos de La Habana el 16 de febrero pasado debido a la gravedad de su estado de salud.
Reina Tamayo Danger, madre del preso político, dijo tras conocer la noticia que “ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él. La muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado”.
“Los dos dictadores, responsables”. Organizaciones del exilio cubano en Miami lamentaron el fallecimiento del prisionero político y culparon al régimen comunista de haberlo dejado morir.
“Los dos dictadores cubanos, Fidel y Raúl Castro, son directamente responsables de la muerte de este hombre porque en prisión le fue extendida su sentencia hasta 36 años, sin que cometiera ningún acto que lo justificara”, dijo Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
“Es un golpe muy grande para la oposición cívica cubana, se ha dejado morir a un hombre que reclamaba que le respetaran sus derechos. Pero [su muerte] es un compromiso para redoblar los esfuerzos hasta que termine el régimen criminal que hay en nuestro país y que ha causado tantas muertes”, manifestó Sánchez.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) calificó la muerte del disidente como un “hecho lamentable” y enfatizó que “la responsabilidad total cae en el Gobierno de Raúl y Fidel Castro porque son ellos los que determinan la vida y la muerte de los presos políticos”.
Omar López Montegro, director de derechos humanos de la FNCA, dijo que es una “vergüenza” que en el siglo XXI se permita que un Gobierno deje morir a un ser humano en esas condiciones sin que haya consecuencias por ese proceder.
Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), declaró que el deceso de Zapata Tamayo, que formaba parte del grupo de 75 disidentes condenados en la primavera de 2003 con penas de hasta 28 años de cárcel, “aparte de una tragedia para la familia, es una muy mala noticia para todo el movimiento cubano de derechos humanos y también para el Gobierno, porque esa muerte era evitable”.
“Graves consecuencias”. Consideró que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)”.
El disidente había sido trasladado de la cárcel de Camagüey, situada 533 kilómetros al este de la capital, a un hospital de reclusos de La Habana el 16 de febrero pasado debido a la gravedad de su estado de salud.
Reina Tamayo Danger, madre del preso político, dijo tras conocer la noticia que “ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él. La muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado”.
“Los dos dictadores, responsables”. Organizaciones del exilio cubano en Miami lamentaron el fallecimiento del prisionero político y culparon al régimen comunista de haberlo dejado morir.
“Los dos dictadores cubanos, Fidel y Raúl Castro, son directamente responsables de la muerte de este hombre porque en prisión le fue extendida su sentencia hasta 36 años, sin que cometiera ningún acto que lo justificara”, dijo Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
“Es un golpe muy grande para la oposición cívica cubana, se ha dejado morir a un hombre que reclamaba que le respetaran sus derechos. Pero [su muerte] es un compromiso para redoblar los esfuerzos hasta que termine el régimen criminal que hay en nuestro país y que ha causado tantas muertes”, manifestó Sánchez.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) calificó la muerte del disidente como un “hecho lamentable” y enfatizó que “la responsabilidad total cae en el Gobierno de Raúl y Fidel Castro porque son ellos los que determinan la vida y la muerte de los presos políticos”.
Omar López Montegro, director de derechos humanos de la FNCA, dijo que es una “vergüenza” que en el siglo XXI se permita que un Gobierno deje morir a un ser humano en esas condiciones sin que haya consecuencias por ese proceder.
La Crónica, 24 de febrero.
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