CIUDAD JUÁREZ, Chih.— A varias cuadras de distancia de la calle Villas del Portal, soldados y policías federales, con los rostros cubiertos y apostados en cada vivienda, se mantuvieron vigilantes. Daba la impresión de que en la colonia Villas de Salvárcar nadie habitaba… que estaba vacía.
Cuadras más adelante, justo en la entrada donde fueron masacradas 15 personas, los uniformados se multiplicaban al igual que las unidades oficiales y civiles que resguardaron la comitiva que acompañó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
De la casa 1315 del estudiante José Adrián Encina Hernández, el mismo que antes de ser asesinado fue reconocido por su excelencia académica, la avanzada que pretendía reunir a los parientes fue echada por la familia minutos antes de que arribaran los funcionarios.
Los empleados del gobierno tuvieron que convencer a los padres de los universitarios José Luis Aguilar Camargo y Horacio Soto Camargo para que les permitieran recibir al titular de Gobernación y a las autoridades locales.
“Vienen a platicar con ustedes, vienen a ofrecerles una disculpa, a nombre del presidente Felipe Calderón (por vincular a las víctimas con pandillas)”, les dijo uno de los hombres del equipo de gobierno.
Ahí, justo en la vivienda del arco de cemento y de color amarillo, entraron solamente tres hombres que bajaron presurosos y sin dar una sola declaración a los medios: Fernando Gómez Mont, el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz. En los minutos siguientes, pasaron los deudos de las víctimas. Algunos sorprendidos, en el rostro denotaban expectativa y esperanza.
Afuera una nube de reporteros, con cámaras de televisión, equipos fotográficos y grabadoras, esperó hora y media, desde que el enviado del gobierno entró a la vivienda, pasadas las 9:35 horas de la mañana. La reunión fue privada, sin acceso para nadie. A la salida algunas madres de familia dijeron que seguirían platicando, que habían demandado justicia y el esclarecimiento de los 15 homicidios.
“No queremos dinero, queremos justicia”, dijo una de las mujeres.
Las familias de los 15 jóvenes ejecutados en Villas de Salvárcar escucharon la disculpa ofrecida por el secretario de Gobernación, pero le pidieron el esclarecimiento de los homicidios, así como una disculpa pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Patricia Dávila, tía de los Piña Dávila —ejecutados sobre la banqueta durante la masacre—, demandó se investigue la participación de los soldados y de los policías en la tragedia.
“¡Que investiguen bien y que detengan a los culpables! Que investiguen porqué no llegaron a tiempo los soldados y los policías”.
Otra vecina de Villas de Salvárcar, pero cuya hija salió ilesa el día de la fiesta estudiantil, dijo que los vecinos sobreviven con temor. “Ya ni siquiera podemos ir a la tienda y hemos pedido que el gobierno nos ayude, y que nos reubique a otro lugar”.
El secretario, enmudecido, salió de la vivienda con rostro regañado. A la avalancha de los reporteros y las preguntas sobre la reunión, ni una sola palabra. “!No voy a dar entrevistas!”, dijo seco el enviado del gobierno federal.
Cuadras más adelante, justo en la entrada donde fueron masacradas 15 personas, los uniformados se multiplicaban al igual que las unidades oficiales y civiles que resguardaron la comitiva que acompañó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
De la casa 1315 del estudiante José Adrián Encina Hernández, el mismo que antes de ser asesinado fue reconocido por su excelencia académica, la avanzada que pretendía reunir a los parientes fue echada por la familia minutos antes de que arribaran los funcionarios.
Los empleados del gobierno tuvieron que convencer a los padres de los universitarios José Luis Aguilar Camargo y Horacio Soto Camargo para que les permitieran recibir al titular de Gobernación y a las autoridades locales.
“Vienen a platicar con ustedes, vienen a ofrecerles una disculpa, a nombre del presidente Felipe Calderón (por vincular a las víctimas con pandillas)”, les dijo uno de los hombres del equipo de gobierno.
Ahí, justo en la vivienda del arco de cemento y de color amarillo, entraron solamente tres hombres que bajaron presurosos y sin dar una sola declaración a los medios: Fernando Gómez Mont, el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz. En los minutos siguientes, pasaron los deudos de las víctimas. Algunos sorprendidos, en el rostro denotaban expectativa y esperanza.
Afuera una nube de reporteros, con cámaras de televisión, equipos fotográficos y grabadoras, esperó hora y media, desde que el enviado del gobierno entró a la vivienda, pasadas las 9:35 horas de la mañana. La reunión fue privada, sin acceso para nadie. A la salida algunas madres de familia dijeron que seguirían platicando, que habían demandado justicia y el esclarecimiento de los 15 homicidios.
“No queremos dinero, queremos justicia”, dijo una de las mujeres.
Las familias de los 15 jóvenes ejecutados en Villas de Salvárcar escucharon la disculpa ofrecida por el secretario de Gobernación, pero le pidieron el esclarecimiento de los homicidios, así como una disculpa pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Patricia Dávila, tía de los Piña Dávila —ejecutados sobre la banqueta durante la masacre—, demandó se investigue la participación de los soldados y de los policías en la tragedia.
“¡Que investiguen bien y que detengan a los culpables! Que investiguen porqué no llegaron a tiempo los soldados y los policías”.
Otra vecina de Villas de Salvárcar, pero cuya hija salió ilesa el día de la fiesta estudiantil, dijo que los vecinos sobreviven con temor. “Ya ni siquiera podemos ir a la tienda y hemos pedido que el gobierno nos ayude, y que nos reubique a otro lugar”.
El secretario, enmudecido, salió de la vivienda con rostro regañado. A la avalancha de los reporteros y las preguntas sobre la reunión, ni una sola palabra. “!No voy a dar entrevistas!”, dijo seco el enviado del gobierno federal.
Mario Héctor SIlva, corresponsal, EL Universal, 9 de febrero.
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